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Antes las víctimas que su verdugo



Mientras el Gobierno continúa con el procedimiento para exhumar los restos de Franco, los familiares de los republicanos enterrados en el Valle de los Caídos sin su consentimiento, empiezan a desesperarse por la lentitud del proceso. La sentencia judicial que ordena exhumar a los hermanos Lapeña es de mayo de 2016. El denunciante, Manuel Lapeña, considera un insulto que su padre y su tío estén “enterrados junto al verdugo”. Y tiene 94 años.

Fuentes del Ministerio de Justicia aseguran que tras realizar tareas de “apuntalamiento” en la cripta donde están enterrados, el siguiente paso es redactar un informe médico forense y, una vez hecho, se tomarán muestras de ADN a los 81 fusilados de Calatayud enterrados en la misma cripta para determinar cuáles son los restos de los hermanos Lapeña. Pero de momento no hay fecha para hacerlo. El informe de los expertos del CSIC que dictaminó que era posible acceder a la zona donde se cree fueron inhumados es del pasado junio.

En las siete capillas y criptas del mausoleo hay enterradas más de 33.800 personas (el equivalente a la ciudad de Teruel), y entre ellas, republicanos fusilados, arrojados a fosas comunes y trasladados al Valle de los Caídos sin el consentimiento de sus familias. Se cree que los hermanos Lapeña están en el nivel tres de la llamada Capilla del Sepulcro.

El PSOE de Calatayud presentó una moción en el Ayuntamiento el pasado septiembre pidiendo que las cajas donde se encuentran los restos de los fusilados de Calatayud fueran enviadas al memorial ubicado en el cementerio de la ciudad, pero la iniciativa fue rechazada con los votos en contra del PP y PAR y la abstención de Ciudadanos.

Con todo, la familia Lapeña tiene una ventaja frente a otras que han pedido también recuperar los restos de sus seres queridos, como admiten fuentes del Ministerio de Justicia, y es la sentencia judicial. “Protesto enérgicamente y exijo el mismo trato por parte de las autoridades para la caja 198 depositada el 23 de marzo de 1959 en la misma Cripta del Sepulcro”, afirma Fausto Canales. En esa caja están los restos de su padre y de otras seis personas, entre ellas una mujer, asesinadas el 20 de agosto de 1936 en una cuneta de Aldeaseca (Ávila). “El pasado febrero solicitamos a Patrimonio Nacional la aplicación de las mismas medidas que había aprobado para los hermanos Lapeña de Calatayud porque se daban las mismas circunstancias de desaparición y asesinato”, añade Canales. En junio, Patrimonio Nacional desestimó su petición. “Es una resolución injusta y discriminatoria”, lamenta. El pasado julio recurrieron la decisión y de momento no han obtenido respuesta.

Patrimonio Nacional también ha encargado un informe sobre el estado estructural del conjunto de las criptas adyacentes a la basílica del Valle de los Caídos y sus columbarios y fuentes del Ministerio de Justicia aseguran que se hará “lo posible” porque los familiares que así lo deseen puedan recuperar los restos.

El forense Francisco Etxeberria, que ha examinado los restos de Miguel de Cervantes, de Lasa y Zabala, el expresidente chileno Salvador Allende o el poeta Pablo Neruda, y que ha exhumado fosas comunes en lugares complicados como pozos, minas y cavernas, ha dicho que sería una tarea muy complicada, un gran reto profesional. Los sucesivos informes forenses sobre el Valle de los Caídos muestran cajas rotas y huesos apilados en algunas de las criptas debido a filtraciones de agua. Que no sea fácil, añade, no quiere decir que no haya que intentarlo.

El Gobierno contestó este jueves a una pregunta de Carles Mulet, de Compromís, sobre los planes para los restos de José Antonio Primo de Rivera, enterrado, como Franco, en la basílica del Valle de los Caídos. El Ejecutivo explica que al tener la “consideración de víctima” de la Guerra Civil, puede “permanecer” en el mausoleo, pero “en las mismas condiciones que las del resto de víctimas”, lo que implicaría su traslado a las criptas. Esa fue la propuesta del comité de expertos que en 2011 elaboró un plan de actuación sobre el Valle de los Caídos.



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Sánchez reducirá a tres el número de contratos de trabajo



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha adelantado este lunes que el Ejecutivo reducirá a tres el número de contratos de trabajo. Esto es: los dejará en uno indefinido, uno temporal y otro de formación o relevo. Esta nueva estructura se está ultimando en el marco del diálogo social con los sindicatos y la patronal, según precisó el propio Sánchez. Además de estas medidas y en el mismo contexto, impulsará la recuperación de las jubilaciones forzosas por edad en los convenios colectivos y establecerá el registro obligatorio de los horarios de trabajo.

Sánchez ha citado estas decisiones como parte de su “agenda de cambio”, unas reforams que, según ha asegurado en su intervención en un acto organizado por el diario Expansión, prevé que se conviertan en realidad en los próximos meses.

Ante un auditorio en el que se encontraban varios ministros y el líder del PP, Pablo Casado, ha enumerado una lista de iniciativas futuras dominadas por el ámbito laboral, con el objetivo de “reducir la precariedad y la dualidad” y “relanzar el crecimiento”.

En su opinión, recuperar las jubilaciones forzosas por edad puede ayudar a generar empleo. Y la creación de un registro obligatorio de los horarios evitará los abusos y facilitará la resolución de discrepancias, ha aclarado.

También ha mencionado su intención de recuperar el valor de la negociación colectiva y reforzar la causalidad de la contratación temporal.

De la misma forma, ha apostado por recortar el número de bonificaciones y deducciones a la contratación, dejando solo aquellas que afectan a los colectivos más vulnerables y necesitados.

Su “agenda del cambio” incluye también para antes de fin de año un plan de choque por el empleo joven, en el que se contratarán unos 3.000 orientadores laborales poniendo el énfasis en la mejora de las competencias digitales y de las competencias en lengua extranjera. “También apoyaremos a las personas en el exterior, donde se incentivará su retorno y el de su talento”, ha dicho.

Además, ha ratificado una próxima ley de Formación Profesional para desarrollar el modelo de FP dual, incorporando a las empresas mediante fórmulas flexibles y creando consorcios en todo el territorio nacional.

En el sector financiero, ha recordado que se reforzará la arquitectura institucional de los organismos de regulación y supervisión mediante la creación de una autoridad que llevará por nombre Autoridad Nacional de Estabilidad Financiera, y una Autoridad Independiente para la Protección del Cliente Financiero.

En cuanto a los Presupuestos Generales del Estado, Sánchez ha afirmado que su gabinete “no tira la toalla” y que confía en lograr un acuerdo con el resto de fuerzas parlamentarias para aprobarlos. “Por eso tendemos la mano al resto de fuerzas parlamentarias”, ha declarado.



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El Santander estudia subir la oferta para recuperar su macrosede en Madrid



Los hermanos Simon y David Reuben, empresarios inmobiliarios asentados en Londres pero de origen indio, han realizado la mayor oferta de compra por la Ciudad Financiera del Santander, en el municipio madrileño de Boadilla del Monte. El propio banco ha realizado la segunda mejor, según fuentes de la operación, que apuntan que estudia subirla si la diferencia no es relevante, ya que tiene derecho de tanteo. Ahora debe ser el juez el que valide las dos ofertas y permita al Santander ejercer ese derecho e igualar la oferta de Reuben. El Santander vendió su sede en Boadilla del Monte al grupo Marme Inmobiliario a principios de 2008 por 1.900 millones de euros. Esta venta se produjo unos meses antes de que estallara la burbuja inmobiliaria en España.

El propietario del inmueble, Marme Inversiones, está en concurso de acreedores, la antigua suspensión de pagos, y el juzgado mercantil número 9 de Madrid es el encargado de liquidar sus activos, por lo que tendrá la última palabra en la subasta.

Reuben Brothers es un grupo de inversión con propiedades en diversos sectores, industrial, inmobiliario, lujo y alimentación. Entre sus propiedades se encuentra Arena Racing Company, la mayor compañía de hipódromos de Reino Unido; la cadena de pubs británicos Wellington Pub Company; el Curtain Hotel, uno de los hoteles más lujosos de Londres; el puerto deportivo italiano Portosole Sanremo; GC Partecipazioni (GCP), con el mayor invernadero de Europa, en la región italiana de Apulia, según Vozpópuli, que adelantó la posición de Reuben.

En la puja también ha participado un fondo kuwaití (AGC) y, según distintas informaciones, también el inversor británico de origen iraní Robert Tchenguiz, todos ellos dispuestos a ofrecer más de 2.000 millones, aunque la cifra podía elevarse a 3.000 millones porque Marme acumula 800 millones en liquidez en su caja.

La recompra de la Ciudad Financiera tendría sentido para el Santander por el mero hecho de que con ella se ahorraría los poco más de 100 millones anuales que paga por ocupar el inmueble y que se van actualizando según el contrato de alquiler firmado por 40 años a contar desde 2008, cuando vendió las instalaciones.

Fuentes financieras apuntan que los fondos de Reuben han adquirido deuda de Marme, en suspensión de pagos, a muy bajo precio por lo que se beneficiarían de que el Santander lo adquiriera. Sin embargo, si han puesto un alto precio y el banco no iguala la oferta, deberían asumirla. La rentabilidad de la Ciudad Financiera está cuestionada por algunos inversores porque sostienen que es un modelo de sede en desuso.



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El norte de Castellón zanja con 24 trenes diarios 30 años en tercera división ferroviaria



Los habitantes del norte de la provincia de Castellón han zanjado este lunes tres décadas de reivindicaciones para lograr una conexión ferroviaria con la capital de La Plana equilibrada. Igualitaria. Veinticuatro trenes —12 de ida y 12 de vuelta— cosen desde primera hora los 80 kilómetros que separan la capital de la comarca del Baix Maestrat con Castellón. El triple del servicio actual —con cuatro trenes diarios en cada dirección— y 2.100 usuarios extra por jornada.

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha inaugurado la ampliación de la línea, en el marco de las Obligaciones de Servicio Público (OSP), para mejorar desde el Estado un sistema que no sería rentable comercialmente. Lo ha hecho acompañado por el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. Juntos han partido desde la estación castellonense en uno de estos convoyes rumbo hacia Vinaròs.

Ábalos ha incidido en que el derecho a la movilidad es una prioridad para el Ministerio de Fomento y los servicios de Cercanías están a la cabeza de esa prioridad, pues “se trata de una obligación y nuestro compromiso con los ciudadanos”.

Hace algo menos de un año, el predecesor de Ábalos al frente de Fomento, Íñigo de la Serna, anunciaba que la conexión ferroviaria de la línea de Cercanías C6 entre Castellón y Vinaròs pasaría de los cuatro trenes diarios vigentes entonces a 12, y que esta ampliación estaría operativa en el mes de junio de este año.

La intensificación de frecuencias buscaba dar respuesta a una demanda histórica por parte de los 750.000 viajeros que absorbe anualmente esta línea y que ha motivado campañas de recogidas de firmas, presentación de mociones y hasta la creación de una plataforma cívica para presionar a la administración: Trens Dignes al Maestrat. Los estudiantes de la Universitat Jaume I de Castellón llegaron a reclamar un “frente común” para “obligar” a Fomento a poner solución a la “escasez de frecuencias” por tren con la comarca del Baix Maestrat. El exrector de la universidad castellonense, Vicent Climent, reconocía que la situación generada por la “deficiente conexión ferroviaria” estaba creando problemas organizativos y ponía en peligro la actividad universitaria, tanto de investigación como de docencia o cualquier otra vinculada a la UJI, “porque los estudiantes, profesores y trabajadores del campus tienen dificultades para acceder a él”.

Casi medio año después de lo previsto, el anuncio de De la Serna se ha visto materializado, aunque en manos de su relevo en el cargo. Desde este lunes, los usuarios de la línea dispondrán de 12 trenes de ida a Castellón —el primero a las 6.25 horas y el último a las 20.30 horas— y de otros 12 de vuelta desde la capital de La Plana a la del Baix Maestrat —entre las 6.48 horas y las 21.07 horas—. La línea tiene parada en Castellón, Benicàssim, Oropesa, Torreblanca, Alcalà de Xivert, Benicarló-Peñíscola y Vinaròs.

Las reacciones no se han hecho esperar. Entre las primeras, las de la plataforma cívica Trens Dignes al Maestrat, que ha manifestado su “alegría contenida” ante el hecho de disponer de más trenes porque “todavía queda mucho por hacer”, como la “mejora de la puntualidad”, la reducción de incidencias en la línea o el incremento de frecuencias con el sur de Tarragona. No obstante, ha señalado que triplicar los trenes es “un paso muy importante para reducir el aislamiento de la comarca”.

Desde el PP han instado al PSOE a que cumpla “con todo el plan de Cercanías que los populares dejaron listo para Castellón” y reclaman que se desbloquee “la inversión de 31 millones para nuevos convoyes”. El diputado del PP Óscar Clavell ha recordado que el partido socialista “votó en contra de que se triplicaran los trenes entre Vinaròs y Castellón en el presupuesto y ahora dejan a medias las mejoras de Cercanías”.

Por su parte, una delegación de Compromís de municipios del Maestrat y la Plana ha hecho uso también esta mañana del servicio de tren que cubre el recorrido entre Vinaròs y Castellón y que supone “una notable mejora de las comunicaciones entre estas comarcas”. “Ahora tenemos que celebrar los nuevos trenes, fruto de la reivindicación social, pero no debemos aflojar en la reclamación de mejoras en los horarios, garantizar la puntualidad y calidad del servicio, las comunicaciones con las comarcas más próximas de Cataluña y Aragón, lo que beneficiará la competitividad de nuestras empresas, la movilidad de trabajadores, estudiantes, enfermos en tratamiento en los hospitales y, especialmente, de la seguridad en la siniestra red de carreteras que tenemos en el norte” de la provincia, han concluido.

La AP-1 de Burgos, el modelo para liberalizar la AP-7

Ábalos ha aprovechado su estancia en Castellón para ratificar su compromiso de liberalizar la autopista AP-7 a su paso por la provincia cuando revierta al Estado el 31 de diciembre de 2019. Ha adelantado que el próximo 30 de noviembre “vamos a dejar bien claro el futuro de la AP-1 en Burgos, y ese va a ser el modelo a seguir”. Burgos demostrará, ha dicho, “si es verdad o no el compromiso que adquirí, con independencia de que en el futuro nos tendremos que plantear cómo sostenemos esto, pero como todo lo demás”.

Antes de llegar a la fecha que pone fin a la concesión de la AP-7, el ministro ha anunciado que se realizará un estudio que determine las actuaciones que debe llevar a cabo la concesionaria para que el estado de conservación previo a su reversión sea el adecuado. También se desarrollarán unos análisis de la demanda de tráfico y estudios de conectividad para valorar, junto al resto de administraciones y agentes implicados, qué actuaciones son las óptimas para alcanzar dichos objetivos.



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