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Bill Gates supera a Jeff Bezos como la persona más rica del mundo


(CNN Business) — Bill Gates vuelve a estar en la cima.

El viernes, Gates superó al presidente ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, para reclamar la distinción de la persona más rica del mundo, con un patrimonio neto de 110 mil millones de dólares, según el índice de multimillonarios de Bloomberg.

Es la primera vez que el cofundador de Microsoft ocupa el primer puesto en más de dos años. Superó brevemente a Bezos el mes pasado después de que Amazon informara que sus ganancias del trimestre finalizado en septiembre cayeron casi un 28% respecto al año anterior. Pero el tiempo de Gates en la cima duró poco.

Y recuperó el liderazgo porque las acciones de Microsoft han subido casi un 48% este año, lo que ayudó a aumentar el valor de su participación en la compañía. En octubre, Microsoft venció a Amazon por un contrato de computación en la nube de 10 mil millones de dólares con el Pentágono, agregando un drama extra a la carrera de riqueza entre Gates y Bezos.

Bezos, quien este año pagó una significativa porción de su participación en Amazon en el divorcio de la que fue su esposa por 25 años, MacKenzie Bezos, ahora ocupa el segundo lugar con un patrimonio neto de 108,7 mil millones.

Gates comentó recientemente sobre su riqueza en respuesta a un impuesto sobre la riqueza propuesto por algunos candidatos políticos demócratas, incluida la senadora Elizabeth Warren.

Dijo que ya ha pagado más de 10 mil millones de dólares en impuestos y que para él estaría bien aumentar eso a 20 mil millones de dólares. Sin embargo, tener que pagar 100 mil millones de dólares lo llevaría a comenzar a “hacer un poco de matemáticas sobre lo que me queda”.



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El empleado ecuatoriano de UPS que murió tras ser tomado como rehén en Florida estaba reemplazando a otro conductor, revela su hermano


(CNN) – El empleado de UPS Frank Ordóñez fue asesinado este jueves después de que sospechosos de un robo a mano armada secuestraran el camión que él conducía y provocaran una masiva persecución de la policía que terminó en un tiroteo mortal en el condado de Broward, Florida, señaló su hermano.

Ordóñez, de 27 años y padre de dos pequeñas niñas, era “extrovertido y feliz”, le indicó a CNN su hermano, Roy Ordóñez. “Nunca sabías si él estaba triste”, agregó.

A Frank Ordóñez le gustaba pescar y jugar baloncesto y videojuegos, relató su hermano. Pero “sobre todo”, dijo, “lo que a Frank más le gustaba hacer era pasar tiempo con sus hijas”, de 3 y 6 años.

Cuando se produjo el secuestro, Ordóñez estaba cubriendo la ruta de otro conductor que había llamado, explicó Roy Ordóñez.

Ordóñez “simplemente iba a trabajar para mantener a sus dos hijas”, escribió su hermano en una página de GoFundMe en la que también criticó la respuesta de la policía. La iniciativa se creó para ayudar a educar a las hijas de Ordóñez, cubrir los gastos del funeral y pagar un abogado, dijo Roy Ordóñez. En solo unas pocas horas había recaudado más de 20.000 dólares.

El joven era ecuatoriano, por lo que la Cancillería del país envió un breve comentario en el que señala: “Lamentamos la muerte del joven ecuatoriano Frank Ordóñez acaecida ayer en medio de un asalto en Florida, Estados Unidos.  Las autoridades consulares ecuatorianas están prestas a brindar el apoyo necesario cuando la familia de la víctima así lo requiera”.

Según UPS, Ordóñez había trabajado para la compañía desde 2016.

“Este acto de violencia sin sentido ha impactado a muchos a nivel personal. Nuestras más profundas condolencias van a la familia de Frank, amigos y otras víctimas inocentes de este desgarrador incidente”, dijo la empresa en un comunicado.

El empleado de UPS Frank Ordóñez fue asesinado durante el tiroteo del jueves en Florida, dijo su hermano.

Cuatro personas murieron durante el incidente de este jueves, incluido Frank Ordóñez, los dos sospechosos de robo y un transeúnte al final de la persecución, dijo el agente especial del FBI a cargo George Piro.

La persecución comenzó luego de que dos sospechosos intentaran robar una tienda Regent Jewelers en Coral Gables, informó el jefe de policía de la ciudad, Edward Hudak Jr. Una mujer resultó herida en el hurto.

Los sospechosos robaron el camión UPS que Ordóñez conducía, lo tomaron como rehén y se alejaron rápidamente, agregó la policía de Coral Gables. Decenas de policías y vehículos aparecieron para perseguir el camión, mientras el vehículo evadía el tráfico, según se observaba en imágenes aéreas de WSVN, afiliada de CNN.

La persecución llegó a un final trágico cuando el camión de UPS se encontró con tráfico en una intersección. Los policías salieron de sus vehículos y se acercaron al camión con sus armas desenfundadas, utilizando los vehículos de los transeúntes como protección.

La persona que conducía el camión en ese momento dejó el volante. Segundos después, a las 5:35 p.m., se escucharon disparos. No está claro si los primeros tiros vinieron del interior del camión o de la policía. Además, aún es parte de la investigación si el conductor de UPS o el transeúnte asesinado fueron alcanzados por los disparos de la policía, indicó Piro del FBI.

Melissa Gray y Nicole Chavez de CNN contribuyeron a este informe.



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En defensa de la fuerza pública , la institucionalidad y la economía


Nota del editor: Roberto Rave es politólogo con especialización y posgrado en negocios internacionales y comercio exterior de la Universidad Externado de Colombia y la Universidad Columbia de Nueva York. Con estudios en Management de la Universidad IESE de España y candidato a MBA de la Universidad de Miami. Es columnista del diario económico colombiano La República. Las opiniones expresadas en esta columna pertenecen al autor.

(CNN Español) – Con ocasión de la trágica y lamentable muerte, al parecer accidental, del joven manifestante de 18 años Dilan Cruz, los promotores de las protestas contra el gobierno colombiano exigen disolver el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). Acusan a los integrantes de este organismo policial de incurrir en uso excesivo de la fuerza en reiteradas oportunidades y de no respetar los protocolos establecidos por la ley al actuar contra los manifestantes. Lo correcto y lo responsable no es acabar con el ESMAD, el cual existe para defender la vida, la propiedad, la tranquilidad y las libertades de los colombianos, incluyendo la de protestar y la de movilizarse, sino fortalecer mucho más a esa institución, apoyándola, respetándola, depurándola y dotándola de mejores capacidades y recursos humanos, tecnológicos y materiales para cumplir adecuadamente con su necesaria labor.

Si el ESMAD o un organismo equivalente no existiera, habría que crearlo. Las sociedades humanas no son siempre tranquilas y pacíficas, mucho menos lo son las protestas antigubernamentales. En consecuencia, proponer su disolución implica dejarles las calles libres a los vándalos, a los delincuentes que aprovechan las protestas para saquear, violar y robar en medio del caos y la confusión que generan.

La fuerza pública colombiana no es la de una dictadura, como la cubana o la venezolana. Es la de una democracia republicana respetable que, con sus defectos, problemas y limitaciones, está sometida al gobierno legítimo, constitucional y civil, elegido mayoritaria y libremente por el pueblo. No es una fuerza tiránica para defender un orden despótico, sino una estructura sujeta a numerosos controles y protocolos que busca preservar la libertad y la dignidad humana de sus habitantes. Cuando hay algún exceso, éste se conoce, se denuncia, se investiga, se juzga y se castiga, de acuerdo con el debido proceso, lo cual brilla por su ausencia en las dictaduras. Por lo tanto, considerar que el ESMAD es una fuerza feroz, abusiva o criminal, es una exageración insostenible.

Aquellos que madrugan todos los días para presentarse en su estación o batallón; aquellos que han visto morir a sus amigos, más que ninguno de nosotros; aquellos que ponen su vida en riesgo solo por portar su uniforme de trabajo; aquellos a quienes los maleantes les pusieron precio a su cabeza por el solo hecho de defenderse; aquellos que dejan su familia por largas jornadas, a veces por semanas y meses, sin un pago equivalente a su esfuerzo; aquellos que defienden el noble ideal intangible de una patria para todos; aquellos que, a pesar de sus errores, ayudan a construir un país más seguro, más tranquilo y mejor; son aquellos que reciben ataques injustos y hasta insultos y agresiones físicas de muchos ciudadanos.

Esto está sucediendo, con particular intensidad, en el marco de las recientes protestas. No son siempre protestas pacíficas. La protesta es un derecho que debe ser respetado y protegido por el Estado. Pero cuando la marcha se transforma en bloqueo de vías, en daños al patrimonio público, en violencia contra la fuerza pública, las autoridades, a través de la fuerza policial, tienen el deber de proteger los bienes y las libertades de quienes no marchan. Esa defensa debe ser enérgica y sin violar ni traspasar los límites marcados por los derechos humanos y la Constitución.

Ahora bien, pongámonos en la posición real de un policía del ESMAD o de un militar que se despide de su familia para salir a la calle a defendernos a todos. Sale de su casa y, por el solo hecho de portar el uniforme, ya está corriendo riesgo en un país en el que por matar a un policía pagaban dos millones de pesos en la aciaga época de Pablo Escobar. Le piden proteger la marcha y, junto con ella, el orden público y los derechos de los ciudadanos. En las calle escucha insultos, recibe piedras y esquiva papas bomba o cócteles molotov, lanzados con odio y con rabia primitiva por numerosos manifestantes encapuchados. Pasa largas horas de trabajo, en muchas ocasiones en circunstancias difíciles por las condiciones meteorológicas o con la alimentación, mientras aguanta la humillación de aquellos que son su razón de ser.

Esto no absuelve de ninguna culpa a aquellos policías y militares que han incurrido en graves errores y hasta en delitos, pero nos invita a hacer una pausa y reflexionar, poniéndonos en el lugar y las difíciles circunstancias generales en las que vive la fuerza pública en Colombia. Por ejemplo, en la actual ola de protestas que vive el país van más de 300 policías heridos.

Ese no es el camino para protestar. No se reclaman derechos estropeando los derechos de los demás. No se reclaman beneficios estatales acabando con el patrimonio público, construido con los impuestos de los colombianos. No se reclaman garantías atacando a la fuerza pública y a la institucionalidad. Es contradictorio, además, reclamar derechos atacando la libertad y criticando a quienes no quieren marchar o no comparten los reclamos de los promotores de las protestas.

En Colombia, como en muchos otros países, existe una multitud de carencias e injusticias de todo tipo. Se necesita aumentar el acceso a la educación básica, secundaria y superior, disminuir la informalidad y crear empleos de calidad, entre muchos otras cosas. Sin embargo, hay que reconocer el esfuerzo de un gobierno que, en tan sólo 15 meses de gestión, ha roto con la tradición burocrática y el clientelismo. Es un gobierno que ha dado signos de buenas intenciones que ha entendido que la polarización no es la vía para la construcción de un mejor país. Ahora bien, siempre existirá una razón por la cual marchar, en Colombia, en Singapur, en Suiza o en Corea del Sur.

En términos económicos, los efectos de lo ocurrido con las marchas no son para nada positivos. Sólo en Bogotá se estiman, en actos de vandalismo, más de US$ 11.600 millones.

Por su parte, la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), afirmó que se pierden más de US$ 43 millones diarios. Es decir que, por los nueve días que van de marchas, ya habría un costo que supera los US$ 394 millones. Además, las calificadoras internacionales de riesgo han advertido sobre un cambio negativo de perspectiva para la economía colombiana. Por otro lado, muchos inversionistas extranjeros han detenido sus proyectos, ante el miedo de lo que pueda ocurrir en el país. En términos prácticos, todo esto se traduce en un aumento del desempleo y una disminución en las perspectivas de crecimiento económico.

No obstante, las encuestas de opinión en febrero mostraban la gran favorabilidad que ostentaba nuestra fuerza pública. Debemos luchar por defenderlas, sin que esto implique dejar de exigir respeto por la ciudadanía y el uso mesurado de la fuerza. Su labor es necesaria y sobresaliente. La fuerza pública democrática de Colombia no sólo merece respeto y apoyo, sino una inmensa gratitud por su heroica defensa de los valores y los principios que permiten la convivencia civilizada y en libertad.

Post Escriptum: La marcha es un derecho que cuando se transforma en vandalismo atenta contra los mismos derechos que exige.



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¿Vuelven los militares en América Latina?


Nota del autor: Pedro Brieger es un periodista y sociólogo argentino, autor de más de siete libros y colaborador en publicaciones sobre temas internacionales. Actualmente se desempeña como director de NODAL, un portal dedicado exclusivamente a las noticias de América Latina y el Caribe. Colaboró con diferentes medios nacionales como Clarín, El Cronista, La Nación, Página/12, Perfil y para revistas como Noticias, Somos, Le Monde Diplomatique y Panorama. A lo largo de su trayectoria Brieger ganó importantes premios por su labor informativa en la radio y televisión argentina.

(CNN Español) — Un día después del golpe de Estado en Bolivia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en un comunicado que “aplaudía al pueblo de ese país por exigir libertad y a los militares bolivianos por cumplir con su juramento de proteger la Constitución de Bolivia y no solo a una persona”. Trump mencionó a los militares, los mismos que fueron clave para el golpe cuando le “sugirieron” a Evo Morales que renunciara.

En el último tiempo han reaparecido militares latinoamericanos en diferentes escenarios regionales y desde Estados Unidos crecen las voces para una mayor intervención en la región. A fines de noviembre, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Craig Faller, en la base de Soto Cano en Honduras, dijo que estaban allí para contrarrestar “amenazas” y brindar “seguridad” en toda la región. Pocos días después, el secretario de Estado, Mike Pompeo, que también supo estar al frente de la CIA, dijo que iban a apoyar a aquellos países afectados por la intervención de Cuba y Venezuela en las protestas aunque no especificó cómo iba a ser dicho apoyo. Claro que, conociendo la histórica relación entre Estados Unidos y América Latina, el explícito retorno de la “doctrina Monroe” y el hostigamiento hacia Cuba y Venezuela, no es muy difícil imaginar que uno de sus objetivos será evitar el resurgimiento de gobiernos progresistas que puedan cuestionar la política de la Casa Blanca.

Dejando de lado los casos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, donde las Fuerzas Armadas siempre fueron un pilar de dichos procesos políticos, en el siglo veintiuno los militares parecían estar en un segundo plano, a la sombra de los poderes civiles. Sin embargo, si se mira la actualidad suramericana se verá que en los últimos meses la presencia militar se hizo notar con fuerza como hace tiempo no sucedía.

Varios militares brasileños amenazaron con intervenir en 2018 si el expresidente Lula da Silva no iba a la cárcel, y Jair Bolsonaro hoy cuenta con varios miembros de las Fuerzas Armadas en su gabinete. Frente a las protestas en Ecuador y Chile, los presidentes Lenín Moreno y Sebastián Piñera aparecieron flanqueados por militares para fortalecer su imagen.

También el presidente de Perú, Martín Vizcarra, cuando decidió disolver el Congreso y convocar a elecciones, se mostró con los altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía. En las recientes elecciones en el Uruguay un general nacionalista de derecha obtuvo el 11 por ciento de los votos y antes de la segunda vuelta se dio a conocer el video de un exmilitar que amenaza a varios miembros del gobierno del Frente Amplio, evocando el golpe de Estado de 1973.

En este contexto, cabe preguntarse si es una excepción lo sucedido en Bolivia o si los militares vuelven a escena como en los viejos tiempos.



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