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CRONOLOGIA : Nicaragua, un año de crisis


Nicaragua vive una grave crisis política, la peor de las últimas cuatro décadas, sin que se avizore una pronta solución al conflicto.

La represión oficial a las protestas sociales que estallaron el 18 de abril de 2018 dejó más de 325 muertos, 2.000 heridos, cientos de detenidos y unos 60.000 exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Su secretario ejecutivo, el brasileño Paulo Abrao, advirti ó hace meses sobre la implantación de un “Estado policial”.

Estos han sido los principales sucesos ocurridos durante el último año:

18 abril: Unas 60 personas que protestan contra una polémica reforma al Seguro Social son atacadas por activistas del gobierno en Managua. Incidentes similares ocurren en León (occidente) y Matagalpa (norte). Al día siguiente, la Policía disuelve a balazos varias protestas universitarias, con un saldo de tres jóvenes muertos y 37 heridos.

22 y 24 abril: Millares de opositores marchan pacíficamente en Managua para exigir la salida de Ortega. Los obispos de la Conferencia Episcopal se ofrecen como “mediadores y testigos” en un diálogo nacional.

16 mayo: Se instala el diálogo entre el gobierno y la Alianza Cívica, cuyos delegados instan a Ortega a “cesar la represión” y a dejar el poder. El Gobierno denuncia un “intento de golpe de Estado” financiado desde el exterior, mientras Amnistía Internacional (AI) lo acusa de “ejercer una política represiva letal”.

30 mayo: Policías y paramilitares disparan contra una marcha de cientos de miles de personas en Managua. Ataques similares ocurren en otras ciudades, con saldo de 16 muertos y decenas de heridos. Ortega anuncia que no dejará el poder.

4-5 junio: Manifestantes levantan barricadas y “tranques” en ciudades y carreteras  del interior. En Masaya, un ataque gubernamental deja 10 manifestantes muertos y decenas de heridos, mientras en la turística Granada se registran saqueos, incendios y ataques a opositores.

12 junio: La Alianza Cívica convoca al primero de cuatro paros nacionales (huelgas). Días después, Ortega autoriza el ingreso de misiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y de la Unión Europea.

5 julio: Estados Unidos sanciona a tres funcionarios leales a Ortega por corrupción y violación de derechos humanos: Francisco López, director de la petrolera estatal, Fidel Moreno, secretario de la Alcaldía, y Francisco Díaz,  subdirector de la Policía a quien Ortega premia luego con el máximo cargo en la institución.

13 julio: Paramilitares y policías disparan contra universitarios refugiados en una iglesia de Managua, con saldo de dos muertos y 16 heridos. El gobierno también recupera el control de Masaya, principal bastión de resistencia cívica.

2 de agosto: El Consejo Permanente de la OEA forma un “grupo de trabajo” para ayudar a una salida pacífica y el gobierno anuncia que no permitirá su ingreso al país. El 31 de agosto, la Cancillería expulsa  a la misión de la OACNUDH, a la que Ortega llama “instrumento de muerte, terror y mentira”.

28 septiembre: La Policía de Nicaragua prohíbe todas las protestas opositoras, aunque la Constitución consigna la libertad de reunión, manifestación y movilización pacífica.

4 octubre: Nace la coalición Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), formada por la Alianza Cívica y otras 42 entidades sociales y políticas. El 14 de octubre, la Policía impide una marcha de la UNAB en Managua y arresta a 38 opositores.

18 octubre: La CIDH contabiliza 325 muertos y más de 2.000 heridos  por la “represión estatal” durante seis meses de conflicto, así como 52.000 nicaragüenses exiliados en Costa Rica. El gobierno reporta 198 víctimas.

12 noviembre: El Gobierno anuncia una ley de “reconciliación y paz” para “promover desde la escuela, la familia y la comunidad, valores y prácticas de respeto, solidaridad, diálogo, encuentro y convivencia armoniosa”.

11 diciembre: El Congreso de Estados Unidos aprueba la ley Magnitsky Nica Act, que establece sanciones para funcionarios y familiares de Ortega implicados en corrupción y violación de derechos humanos, y obliga a la Casa Blanca a vetar préstamos multilaterales a Managua.

19 diciembre: El gobierno expulsa a la misión de seguimiento de la CIDH en Nicaragua y al Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI). La secretaría general de la OEA protesta enérgicamente.

21 diciembre: La Policía arresta a los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda y ocupa su canal 100% Noticias. También confisca tres medios dirigidos por el periodista Carlos Fernando Chamorro, posteriormente obligado al exilio. El gobierno declara ilegales a nueve ONGs y las acusa de “servir a los planes terroristas”.

29 enero: La Internacional Socialista expulsa de sus filas al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). “El socialismo es incompatible con la tiranía”, anuncia el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

27 febrero: Se instala un segundo diálogo entre el gobierno y la Alianza Cívica para negociar  cuatro puntos: libertad definitiva de los “presos políticos”; fortalecimiento (restitución) de libertades individuales; reforma electoral y un plan de justicia para las víctimas de la represión. El gobierno excarcela a 100 presos de conciencia y los pone bajo arresto domiciliario. Otros 100 saldrán con igual restricción antes del 3 de abril.

1 marzo: Entra en vigor una reforma tributaria aprobada en el Parlamento de mayoría oficialista, tras una impopular reforma al Seguro Social aprobada en febrero. La empresa privada advierte que ambas medidas harán colapsar la economía, que acumula pérdidas de más de 1.600 millones de dólares y ha caído en -3,8 por ciento.

3 abril: Concluye la negociación gobierno-oposición sin llegar a acuerdos en los temas electoral y de justicia. Solamente se pacta la liberación de presos (770 según la Alianza Cívica) supervisada por el Comité Internacional de la Cruz Roja y a un plazo máximo de 90 días. Aunque se había acordado restablecer el derecho a las manifestaciones políticas opositoras, la Policía mantiene vigente la prohibición.



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“España podría ser parte del liderazgo de la UE”


Cuatro de los candidatos a las elecciones del 28 de abril de 2019 se han enfrentado en dos debates televisivos a pocos días de los comicios españoles. Los asuntos internos, los cruces de acusaciones e incluso los insultos protagonizaron ambos encuentros. A la posición de España en el mundo no se le dedicó ni un segundo. ¿Es que a los españoles no les interesa? Para Marina Pérez de Arcos, profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad de Oxford, la situación refleja las luchas internas de los partidos y las pugnas por el liderazgo. Pérez de Arcos considera que la experiencia internacional de los actuales líderes españoles es “limitada”, aunque, “en el pasado sí ha habido presidentes de Gobierno con clara vocación internacional, visión sobre el papel de España en el mundo y capacidad para implementarla”.

Por su parte, Pau Palop, politólogo e investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos GIGA, con sede en Hamburgo, recuerda que Venezuela fue “tema recurrente en la campañade 2016 y en la precampaña 2019”, aunque luego ha habido un “cambio de estrategia”. Sin embargo, Palop reconoce también que cuando en la política española se ponen sobre la mesa temas internacionales es para  “ganar votos”. Lo cierto es que, como los sondeos del Centro de Investigaciones Sociológicas nos recuerdan una y otra vez, la política internacional no está entre las principales preocupaciones de los españoles.

Puente entre la UE y América Latina

Marina Pérez de Arcos, spanische Professorin | International Relations | Oxford University ( University of Oxford/S. Taylor
)

Marina Pérez de Arcos.

En el tratado de ingreso de España en la UE se establece que el país debe actuar como puente con América Latina. Si tomamos como ejemplo Venezuela, uno de los puntos calientes de aquella región ¿cumple España ese papel? Pérez de Arcos considera que la misión de la UE es ayudar. “España debiera tener un papel más activo, pero para eso necesita una visión clara de su planteamiento respecto a Venezuela”, advierte. “Si lo tiene, no se ha hecho público. Y ahí está el vínculo entre política internacional y política doméstica. El papel que España pueda jugar dentro de la UE hacia Venezuela se tiene que decidir en gran medida en España. No puede jugar un rol importante si no tiene previamente claro cuál es su posición a nivel nacional”. Es más, cabe preguntarse cuál sería la futura política hacia Venezuela de un hipotético Gobierno de coalición PSOE-Podemos, apunta la experta. Los socialistas reconocieron de inmediato a Juan Guaidó, mientras que la posición de Podemos al respecto es muy distinta.

Pau Palop, spanischer Politikwissentsschaftler (Privat)

Pau Palop.

“Es uno de los temas en los que podrían chocar, pero me pregunto si a Podemos le interesa que esa tema siga siendo el principal asunto de fricción con el PSOE”, opina, por su parte, el investigador del GIGA Pau Palop. “Tal vez pueda optar por dejar a Venezuela en un segundo plano, negociar medidas sociales y medioambientales, y en el tema de Venezuela adoptar la postura del Gobierno, que es la de la UE. En muchos aspectos, PSOE y Podemos tienen opiniones muy diferentes. Pero hay que entender que, en los pactos y las coaliciones, hay que acercar posiciones para gobernar juntos”.

Compromiso con la Unión Europea

¿Podría poner en peligro el compromiso de España con la UE un hipotético Gobierno del PSOE apoyado o coaligado con Podemos? La formación liderada por Pablo Iglesias no tiene una trayectoria ni un programa electoral europeísta. Hubert Peres, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Montpellier, recuerda que, durante el período de gobierno de Sánchez, “no hubo sino discrepancias menores sobre la estrategia europea”. “No hay nada en el programa de Podemos respecto a la UE que pudiera seriamente obstaculizar su apoyo a un nuevo Gobierno liderado por el PSOE”, asegura.

Por otro lado, no hay que olvidar el ascenso del partido de extrema derecha VOX, liderado por Santiago Abascal, al que las encuestas pronostican varios diputados en la próxima legislatura. “El peor escenario electoral con respecto a la UE sería un éxito tremendo de Vox, ya que se alinea claramente con las posiciones populistas del “grupo de Visegrado”, opina Hubert Peres. “Claro que un Congreso fragmentado, incapaz de sostener un gobierno estable, supondría también una mala noticia para las fuerzas de la UE que quieren fortalecer la integración europea. Y Francia y Alemania ven a España como un aliado importante en la lucha contra el “euroescepticismo” populista”. Pau Palop considera, sin embargo, que “un Parlamento fragmentado no tiene por qué significar una legislatura inestable”, aunque admite que el pulso nacionalista catalán puede poner en riesgo la estabilidad de un futuro Gobierno si para su investidura necesita los votos de los partidos nacionalistas catalanes.

Por su parte, Marina Pérez de Arcos apunta que España “debería poder formar parte del liderazgo de la UE en lugar de seguir a unos y a otros”, pero, “para liderar, se necesitan dos cosas: visión y capacidad para convencer a otros del propio proyecto”. Y eso requiere “una reflexión a nivel de Gobierno y de partidos políticos”, concluye la experta.

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Nuevo choque entre Rusia y Ucrania por ley de idioma


La Rada Suprema de Ucrania aprobó este jueves (25.04.2019) una ley que refuerza el uso del ucraniano en desmedro del ruso, al imponer como obligatorio el uso de la primera lengua en los órganos de poder y en todos los ámbitos de la vida pública. Si bien el ucraniano ha ido ganando espacio desde la caída de la Unión Soviética, en Ucrania sigue habiendo muchos rusoparlantes, especialmente en el este y el sur.

La ley puede suponer un dolor de cabeza para el recién elegido presidente Volodimir Zelenski, cuyo idioma principal es el ruso, y quien adelantó que verificará que la ley no viola los derechos de las minorías. “El ucraniano es la única lengua de Estado en Ucrania y eso no cambiará, pero el Estado debe contribuir a su desarrollo animando más que mediante prohibiciones y castigos”, ponderó en político.

De forma bastante más radical reaccionó Rusia, que por medio de la portavoz de su Ministerio de Exteriores, Maria Zajarova, dijo que la ley era “escandalosa”. “Es una ley escandalosa, no se la puede calificar de otra manera”, declaró ante la prensa. “Estamos ante una decisión que solo agrava la división de la sociedad ucraniana y aleja la perspectiva de una solución de la crisis”, añadió, en referencia a las disputas que mantienen Moscú y Kiev.

Ucraniano o multa

Para Zajarova, la ley es contraria a los Acuerdos de Minsk de febrero de 2015 para el arreglo pacífico del conflicto armado en las autoproclamadas repúblicas de Lugansk y Donetsk, en el Donbás, controladas por los separatistas prorrusos, ya que estos pactos consagran el derecho a elegir el idioma. Recordemos que Kiev acusa a Moscú de apoyar militarmente a los rebeldes. Además, Rusia anexó el territorio ucraniano de Crimea en 2014.

La ley en cuestión incrementa el porcentaje de programas de radio y televisión en lengua ucraniana. Funcionarios públicos de todos los niveles, al igual que doctores, maestros, abogados y otros profesionales tendrán que hablar ucraniano o serán multados. La ley no se aplica a las comunicaciones privadas o a los ritos religiosos, indicó la prensa, que aclaró que el cambio entrará en vigor en tres años, mientras se instalan centros en todo el país para apoyar el aprendizaje de la lengua y la cultura ucranianas.

DZC (EFE, AFP)

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Macron lanza paquete de medidas para frenar descontento social


El presidente de Francia, Emmanuel Macron, presentó este jueves (25.04.2019) su esperada batería de reformas, con las que espera calmar el malestar ciudadano que se ha expresado en cinco meses de protestas de los llamados “chalecos amarillos”. Entre los cambios que el mandatario puso sobre la mesa se encuentra un importante recorte de impuestos y la promesa de aumentar las pensiones más bajas.

La rebaja de impuestos sobre la renta, que tendrá un valor en torno a los 5.000 millones de euros, será compensada en parte con el fin de algunas exenciones fiscales a las empresas, aunque el mandatario también expresó la necesidad de “trabajar más”. Asimismo, adelantó que su intención es que las pensiones contributivas más bajas queden por encima de los 1.000 euros.

También enumeró otros objetivos para el resto del mandato, como una reforma constitucional que permita una descentralización “diferenciada”, la reducción del número de parlamentarios y la introducción de un porcentaje de proporcionalidad en la Cámara Baja, así como la extensión del período de cotización de los trabajadores y la supresión de la Escuela Nacional de Administración, que es considerada el vivero de las elites del país, una de las medidas más polémicas de su comparecencia.

“He escuchado, he entendido”

“No quiero incrementos de impuestos y quiero una bajada para quienes trabajan reduciendo significativamente el impuesto sobre los ingresos”, declaró el mandatario, reaccionando a una de las principales exigencias de los “chalecos amarillos”, cuyas protestas comenzaron precisamente por un alza de los impuestos sobre los combustibles. Sin embargo, la supresión del Impuesto Sobre la Fortuna (ISF) no será tocada, pues a juicio de Macron no se trata de “un regalo para los ricos”, sino de un incentivo a la inversión.

Macron pasó casi 100 horas en los últimos meses encerrado en reuniones con alcaldes de pueblos de todo el país, respondiendo a las inquietudes de los franceses. “He escuchado, he entendido, he sentido en carne propia lo que viven”, dijo, pero “las transformaciones que están en curso y las transformaciones que son esenciales para nuestro país no deben ser detenidas (…) porque responden profundamente a la aspiración de nuestros ciudadanos”, apuntó.

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DZC (AFP, EFE)



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