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EL PAÍS

Doce dirigentes del ‘procés’ secesionista, ante el Supremo



Llegó el día. El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y otros 11 líderes independentistas catalanes se sientan este martes en el banquillo del Tribunal Supremo acusados de promover y ejecutar el pulso al Estado que culminó en la consulta secesionista ilegal del 1 de octubre de 2017 y la posterior declaración unilateral de independencia. La vista marcará la agenda política de los próximos tiempos. Desde la primera sesión: el día que arranca el juicio, el Congreso inicia el debate de los presupuestos, donde el voto de los partidos independentistas determinará el futuro de la legislatura. Las consencuencias políticas van más allá de España. Con la UE a la espera de una sentencia clave para la estabilidad territorial de uno de sus países más relevantes, la vista será íntegramente retransmitida por televisión, en un esfuerzo inédito del Supremo por exhibir las garantías de un proceso que el independentismo cuestiona desde el primer día.

Han pasado casi 15 meses y medio desde que, el 31 de octubre de 2017, la Fiscalía General del Estado se querelló por rebelión contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los 13 consejeros de su último Govern, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y cinco miembros de la Mesa de la Cámara. En este tiempo, en la causa judicial y la política española han ocurrido cosas que nadie sospechaba: la muerte de José Manuel Maza, el fiscal general del Estado que promovió la querella, apenas 20 días después de registrarla; el fracaso de las órdenes europeas e internacionales de detención dictadas contra siete líderes independentistas, entre ellos el expresident Puigdemont, que huyeron del país y pusieron contra las cuerdas a la justicia española, y, sobre todo, una moción de censura que fulminó al Gobierno de Mariano Rajoy y llevó a la presidencia a Pedro Sánchez.

Pese a estos episodios, el guion judicial ha seguido su curso para llegar hasta este miércoles casi idéntico a como lo escribió el fiscal general: los líderes independentistas serán juzgados por rebelión, un delito que castiga a quienes se levanten “violenta y públicamente” para, entre otros objetivos, “derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución” o “declarar la independencia de una parte del territorio nacional”. El juicio se celebrará en Madrid, bajo la batuta del más alto órgano jurisdiccional del Estado. Y, como defendió la Fiscalía desde el inicio de la causa, los nueve procesados por este delito están en prisión preventiva y los que ocupaban cargo político han sido suspendidos de sus funciones.

Ese relato que la Fiscalía ya esbozó en su querella y que en la instrucción de la causa se ha ido apuntalando sitúa a los 12 acusados a la cabeza del procés. Y el procés, a juicio del ministerio público, es un plan, “una estrategia perfectamente planificada, concertada y organizada” con un único objetivo: fracturar el orden constitucional para conseguir la independencia de Cataluña. Esa estrategia, siempre según el ministerio público, se basaba en la actuación sincronizada de la las instituciones catalanas —Govern y Parlament—, los partidos independentistas y las entidades sociales soberanistas (Assemblea Nacional de Catalunya y Òmnium Cultural, fundamentalmente).

La respuesta política al desafío independentista fue la activación del artículo 155 de la Constitucion, por el que el Gobierno central tomó el control de la Generalitat. La respuesta judicial fue aquella querella de la Fiscalía que llega ahora a juicio. Todos los acusados lo están por “dirigir, promover y/o participar activamente” en la ejecución de este proyecto, aunque los autores intelectuales son Junqueras, Forcadell y los presidentes de ANC y Òmnium (Jordi Sànchez y Jordi Cuixart). También Puigdemont, pero el expresident se libró del juicio tras fugarse a Bélgica unas horas antes de que el ministerio público presentara la querella.

Los cuatro acusados para los que se piden las penas más altas (25 años de cárcel para Junqueras; 17 para Forcadell, Sànchez y Cuixart) controlaban, según la Fiscalía, los tres motores de la rebelión: ejecutivo, parlamentario y social. En el siguiente escalón de responsabilidad sitúa a los otros cinco exconsejeros encarcelados (Joaquim Forn, Jordi Turull y Josep Rull, del PDeCAT, y Raül Romeva y Dolors Bassa, de ERC). Para ellos la petición es inferior: 16 años de cárcel. La Fiscalía rebaja la acusación de los tres únicos procesados en libertad provisional (los exconsejeros Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila). No les atribuye rebelión sino desobediencia (un delito que no acarrea penas de cárcel), pero pide para ellos siete años de prisión por malversación.

A la acusación de la Fiscalía se suman las de la Abogacía del Estado y de Vox, única acusación popular. El relato de ambos sobre el pulso al Estado coincide en lo esencial con el del ministerio público, pero cada uno les otorga una calificación jurídica distinta, un dato que anticipa un debate jurídico muy abierto.

Lo que para la Fiscalía es rebelión, para la Abogacía del Estado —dependiente del Gobierno— es sedición, delito que persigue a los que se alcen “pública y tumultuariamente” para impedir la aplicación de las leyes o el ejercicio de funciones de cualquier autoridad. Cuando esa calificación se presentó , en noviembre pasado, se interpretó como un gesto de Pedro Sánchez a los partidos independentistas que apoyaron su moción de censura. Ese cambio se traduce en una rebaja en la petición de penas: 12 años de cárcel para Junqueras, y entre 11 y siete para el resto.

El papel del Vox

Vox, que en sus intervenciones se refiere a los líderes independentistas como “golpistas”, no ve solo un delito de rebelión, sino dos. E introduce otro que ni las otras acusaciones ni el Supremo citan: organización criminal. Como resultado, la petición de penas se dispara: 74 años de cárcel para Junqueras y los otros cinco exconsejeros encarcelados; 62 para Forcadell, Sànchez y Cuixart y 24 para Borràs, Mundó y Vila.

El tribunal ha considerado que existen indicios para juzgar a los dirigentes independentistas por rebelión. Pero, a partir de este miércoles, son las acusaciones las que tienen que probar que se dieron los requisitos que exige ese delito, especialmente la violencia. Ahí jugarán un papel esencial los peritos, las pruebas y las comparecencias de los más de 500 testigos citados por el Supremo, entre ellos el expresidente Rajoy, el lehendakari Iñigo Urkullu y la alcaldesa Ada Colau.

La larga lista de testimonios y pruebas juega en contra de la agenda con la que trabaja el tribunal, que pretende acabar el juicio antes de la campaña de las elecciones del 26 de mayo. De momento, la intención es celebrar sesiones los martes, miércoles y jueves, por la mañana y por la tarde. Si se acerca mayo y el calendario resulta imposible de cumplir, la sala está decidida a ocupar también los lunes, los viernes e incluso la mañana de los sábados. Parar el juicio durante la campaña no es una opción, según fuentes del tribunal, porque hay presos preventivos. Pero la idea de ver carteles electorales con candidatos que están siendo juzgados en una vista retransmitida por televisión provoca el mismo rechazo entre la mayoría de magistrados.

La vista empezará abordando las cuestiones previas planteadas por las defensas. Una fase que el tribunal aspira a solventar en una o dos sesiones, para dar paso a la siguiente: los interrogatorios a los acusados. Será la primera vez que comparezcan ante los siete magistrados que les van a juzgar, presididos por Manuel Marchena. Quedan por ver detalles menores pero con una formidable carga política: dónde se sentarán los acusados y si testifican en catalán. Pero el alcance de la vista, en su primer día, va más allá de lo judicial: la presencia del president Quim Torra, las protestas en los alrededores del tribunal y el debate de los presupuestos en el Congreso. La legislatura está en juego a kilómetro y medio del Supremo.



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EL PAÍS

Las vacaciones más polémicas de Enrique de Inglaterra y Meghan Markle



Los duques de Sussex y su hijo Archie han cambiado Ibiza por el sur de Francia, concretamente Niza, para continuar sus vacaciones de verano. Según publica el diario británico The Sun, la familia embarcó el pasado miércoles a bordo de un jet privado desde Reino Unido, a donde habían regresado de Ibiza el 12 de agosto, rumbo a la rivera francesa del Mediterráneo.

Su escapada a Niza llega en plena polémica por el uso que los duques hacen de aviones privados y la contaminación que estos vuelos provocan. Este viaje se ha producido solo dos días después de que la pareja, que a menudo habla de su apoyo a las causas ambientales, regresara en avión privado al Reino Unido desde Ibiza después de una escapada de seis días para conmemorar el 38 cumpleaños de Meghan. A Ibiza volaron el 6 de agosto en un avión privado, lo que lo ha convertido en tres vuelos perjudiciales para el medio ambiente en poco más de una semana.

Según informa la prensa británica, los duques de Sussex y su hijo han volado en un avión de 12 plazas de la compañía Cessna, cuyo alquiler ronda los 20.000 euros y genera hasta siete veces más emisiones en comparación con un vuelo comercial. Una vez aterrizaron en Francia, les recibieron miembros de su equipo de seguridad que los trasladaron en coche hasta la villa en la que se han alojado. En las imágenes se puede ver a Markle, que luce un gran sombrero y una camisa blanca, con el pequeño Archie en brazos; por su parte, el príncipe Enrique también llevaba una gorra y unas gafas de sol y escogió un polo verde para el vuelo.

La pareja está recibiendo fuertes críticas debido a que ellos siempre han presumido de ser respetuosos con el medioambiente y de combatir el cambio climático. Precisamente el pasado mes de julio, los duques lanzaron un importante mensaje de alarma y concienciación sobre la situación del planeta a través de su cuenta de Instagram. “El daño ambiental ha sido tratado como un subproducto necesario del crecimiento económico. Este pensamiento está tan profundamente arraigado que se ha considerado parte del orden natural que el desarrollo de la humanidad se produce a expensas de nuestro planeta. Solamente ahora estamos comenzando a notar y comprender el daño que hemos estado causando”, dijo el duque de Sussex. “Con casi 7,7 billones de personas habitando en esta Tierra, cada elección, cada huella, cada acción marca una diferencia”, añadió en su cita.

Markle, que el pasado mayo dio a luz a su primer hijo Archie, retomará su agenda junto al príncipe Enrique el próximo otoño para comenzar lo que será su primera gira oficial como padres. Los duques de Sussex viajarán a África, donde continuarán con el legado de trabajo humanitario de la princesa Diana. Su itinerario incluye visitas a Malawi, Sudáfrica y Angola, y tratarán los continuos problemas provocados por las minas antipersonas.



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EL PAÍS

Lasquetty, que en 2014 dimitió tras intentar privatizar la gestión sanitaria, vuelve al Gobierno regional



El exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid Javier Fernández Lasquetty (Madrid, 1966) regresa al Gobierno regional y será el nuevo titular de la cartera de Hacienda de la Comunidad de Madrid. Lasquetty, un cargo relevante en ‘Génova’ al haber desempeñado el puesto de jefe de gabinete del líder del PP, Pablo Casado, durante los últimos ocho meses, fue consejero de Sanidad hasta 2014, cuando dimitió tras las protestas generadas en la llamada marea blanca por su intento de privatizar la gestión sanitaria.

La nueva presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que tomará este lunes posesión de su cargo, ha optado por este perfil para uno de los departamentos más relevantes del Ejecutivo y que realizará la anunciada rebaja fiscal que detalló durante su discurso de investidura, una reducción de impuestos valorada en 300 millones que ha provocado críticas en el PSOE, Más Madrid y Podemos por el aumento de la deuda. El nombramiento fue adelantado por el diario ‘El Mundo’ y han confirmado a Europa Press fuentes populares. Se cumple así todas las quinielas que situaban al exconsejero dentro del Ejecutivo y su designación revela la cercanía actual entre Génova y la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid, que tomará posesión este mediodía.

El nuevo titular de Hacienda dimitió en 2014 de consejero de Sanidad cuando la Justicia paralizó cautelarmente el proyecto para externalizar seis hospitales de la Comunidad de Madrid, una medida que trató de impulsar el Ejecutivo presidido entonces por Ignacio González.

Lasquetty fichó por el equipo de casado después de una etapa profesional en el sector privado, fuera de España. Durante cuatro años fue Vicerrector de la Universidad Francisco Marroquín (UFM), en la que también dirigió las carreras de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales.

Presentó su dimisión como Consejero de Sanidad en enero de 2014, cuando se supo que un tribunal había ordenado la suspensión cautelar del proceso de externalización de la gestión de seis hospitales públicos. Desde el PP recalcan que año y medio más tarde, cuando ya se encontraba fuera de la política y trabajaba fuera de España, el Tribunal Constitucional sentenció que la medida que se había pretendido “era perfectamente acorde con la Constitución”. También ha sido consejero de Inmigración (2007-2010).

Con anterioridad había sido Secretario General de la Fundación FAES, con la que aún sigue vinculado como miembro de su patronato. Ha ocupado otras responsabilidades, como la de subdirector del gabinete del Presidente del Gobierno con José María Aznar, en el Ministerio de Educación y Cultura y en el Ayuntamiento de Madrid. También fue diputado en el Congreso. Con anterioridad había trabajado en distintas empresas del sector de investigación de mercado.

En las elecciones del pasado abril, Lasquetty se quedó fuera del Congreso. El hasta ahora director de gabinete de Pablo Casado iba de número diez del PP por Madrid, comunidad en la que los populares consiguieron siete escaños.

Garrido, López, Reyero… los nuevos consejeros

J.J.M.

Isabel Díaz Ayuso tomará posesión del cargo de presidenta de la Comunidad de Madrid el lunes. El martes, probablemente, lo hagan sus consejeros. Siete habrán sido elegidos por ella. Seis, por Aguado. Una mezcla de resultados impredecibles.

De los que corresponden al PP, Enrique López, magistrado de la Audiencia Nacional apartado de los casos Gürtel y Bárcenas, será el nuevo consejero de Justicia, Interior y Víctimas del Terrorismo. También contará con el exconsejero Enrique Ossorio. La formación conservadora, además, espera a conocer el futuro de políticos de la confianza de la nueva presidenta, como David Pérez, exalcalde de Alcorcón, Enrique Núñez, diputado y viceconsejero de Justicia; Miguel Ángel García, viceconsejero de Hacienda y Empleo, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero; la consejera de Justicia, Yolanda Ibarrola; las diputadas Maria Eugenia Carballedo, Ana Camins y Regina Otaola; o el coportavoz Enrique Serrano.

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EL PAÍS

¿Es la obesidad una enfermedad?



En 2016, tres de cada diez habitantes del planeta, lo que equivale a más de 2.200 millones de personas, tenían sobrepeso, y más de 796 millones sufrían obesidad, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Semejante alcance convierte el exceso de grasa acumulada en algo mucho más grave que un problema local -ya no digamos estético-, y el propio organismo dedicado a las políticas de salud pública de la ONU la califica como “epidemia global del siglo XXI”. La obesidad es la carta para que se desencadenen numerosos y peligrosos problemas de salud, como la diabetes tipo 2, el síndrome metabólico, las enfermedades cardíacas, los accidentes cerebrovasculares, diversos tipos de cáncer y trastornos respiratorios. No hay dudas de su impacto como factor de riesgo, pero ¿debería tratarse como un enfermedad? ¿Impulsaría eso una solución médica al problema?

Son preguntas que tienen a la comunidad médica enzarzada en un intenso debate. Nadie duda de que detrás de la discusión, que se ha aireado recientemente en un artículo publicado en la revista British Medical Journal, hay un poderoso caballero, el gasto sanitario. Pero no es el único factor del debate.

Una inversión controvertida

Para Clotilde Vázquez, jefa del Departamento Endocrinología y Nutrición de la Fundación Jiménez Díaz e investigadora del CIBER de Obesidad en el Instituto de Salud Carlos III, la controversia de considerar la obesidad como enfermedadse debe a factores de economía sanitaria. “Como en la diabetes, que la persona ponga de su parte es tan importante como considerar la obesidad como enfermedad y la necesidad de tratarla. La obesidad constituye una forma anómala de interacción con el ambiente, y eso depende de la compleja imbricación de diversos mecanismos. Si se trata como enfermedad, estamos obligados a dar atención y a subvencionar fármacos y técnicas para su tratamiento”, explica.

Según un estudio publicado en Revista Española de Cardiología, a cargo de investigadores del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas y el Hospital del Mar, en Barcelona, la atención a personas con sobrepeso, obesidad y obesidad mórbida genera un sobrecoste para el Sistema Nacional de Salud que ronda los 2.000 millones de euros. “Aunque en España se considera como enfermedad, y como factor de riesgo de otras muchas enfermedades, la respuesta del sistema sanitario es pobre, y a pesar de haberse hecho buenos estudios epidemiológicos sobre la prevalencia de la obesidad, faltan de manera clamorosa medidas de prevención a escala comunitaria y estatal”, recalca la endocrinóloga.

En lo que respecta al objetivo del gasto sanitario, un punto clave es comercializar fármacos que benefician al peso corporal, indica Camilo Silva Froján, miembro del Centro de Investigación Biomédica en Red Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición y especialista en Endocrinología y Nutrición de la Clínica Universidad de Navarra. Para Silva, considerar la obesidad como enfermedad implicaría mejorar el acceso de los pacientes a tratamientos: “La llegada de nuevos fármacos más seguros y efectivos podría generar mucha frustración si el paciente no accede a ellos. La expectativa es muy positiva en los resultados de estudios preliminares con fármacos en desarrollo, pero la crisis económica obliga a controlar el gasto sanitario. En España debe mejorar mucho el acceso de los pacientes a los tratamientos dietéticos -una educación nutricional de calidad-, quirúrgico y farmacológico. Hay tratamientos que mejoran significativamente el peso y la salud de los pacientes con obesidad, pero no son financiados”.

El dietista-nutricionista del Centro de Atención Primaria de Vallcarca-Sant Gervasi de Barcelona Àlex Pérez recuerda que una persona tiene obesidad cuando su índice de masa corporal (su peso en kilogramos dividido por el cuadrado de su altura). “Hace años también se tenía en cuenta en su diagnóstico el perímetro de la cintura (si es superior a 88 centímetros en mujeres y a 102 en hombres). Pero no se atiende a la composición corporal (grasa, musculo, huesos, vísceras…), ya que en la práctica clínica habitual no se dispone de aparatos precisos y fiables, ni muchas veces de tiempo”, lamenta Pérez, para quien es un error que al patologizar la obesidad pesen los intereses políticos o económicos sobre los sanitarios y sociales.

Menos estigmas sociales, pero también responsabilidad

Un efecto positivo de considerar la obesidad como enfermedad, según sus partidarios, sería atenuar los prejuicios y estigmas que pesan sobre la persona obesa. “Como toda enfermedad, tiene causas, complicaciones, epidemiología y tratamiento. Puede tratarse mediante cambios en los hábitos de vida, procedimientos endoscópicos, fármacos o cirugía. Puede tener un impacto leve, moderado o severo en la salud, y puede variar a lo largo de la vida, incluso a veces de forma impredecible. Escuchar que la pérdida de peso depende solo de la fuerza de voluntad resulta lamentable. Normalizar un estatus de enfermedad para la obesidad mejoraría las cosas, siempre que el paciente no deje de considerarse el administrador de su salud”, opina Silva.

Para las voces críticas del debate, la obesidad representa la expresión corporal de una alimentación excesiva y, en general, de un estilo de vida poco activo. “No se debe a un fallo orgánico, ni a un accidente, ni es producto de una infección bacteriana, fúngica o vírica, sino a vivir en un ambiente hiperalimentado donde un instinto primario se ve continuamente conducido a ser satisfecho”, indica el nutricionista Àlex Pérez. Y advierte de los efectos contraproducentes de considerar la obesidad como una enfermedad: “Medicalizar en exceso un problema de salud que precisa medidas correctoras en el estilo de vida hace que se tienda a pensar que las enfermedades son entidades que actúan de forma externa, lo que nos conduce a no responsabilizarnos más allá de tomar una pastilla”, añade.

Aunque el exceso de grasa acumulada sí puede ser el signo de algunas enfermedades como el Síndrome de Cushing, el médicoJuan Gervás, autor del blog Sano y salvo (y libre de intervenciones médicas innecesarias), opina que en la mayor parte de los casos la obesidad no es una enfermedad. “Tampoco lo es la hambruna. Que se considere enfermedad depende de un consenso social. La ampliación del campo de enfermedades es un abuso médico, y conviene la moderación al definir enfermedad, factor de riesgo y salud. El debate responde a intereses espurios de médicos, clínicas de obesidad, académicos, investigadores y divulgadores científicos de la nutrición, que sobreabundan y dogmatizan sin parar. Muchas personas sufrirán al ser convertidas en enfermas y no se compensará con ningún beneficio tal exclusión, y legitimaría tratamientos agresivos que muchas veces carecen de fundamento científico. Esta es una historia repetida en la obesidad, con decenas de medicamentos retirados por problemas graves de efectos adversos”, advierte el médico.

Hay otra forma de verlo. Reivindicar la obesidad como enfermedad se enmarca, según el psicoterapeuta Xavier Sanmartín, en visibilizar problemas que hasta ahora no han sido expuestos y que generan una gran movilización para concienciar socialmente, como la diversidad funcional, el carnismo o el uso de los plásticos. “Visibilizar un problema tiene como objetivo responsabilizarnos para tomar acciones en la línea del cambio. Las personas obesas han sufrido una estigmatización social y son muy sensibles a las críticas de aquellos que se sienten legitimados a decirles lo que les conviene. El peligro que pueden intuir es que si se considera la obesidad una enfermedad otras personas se puedan sentir legitimadas a invadir su intimidad al decirles cómo deben vivir y lo que tienen que hacer. Aquí una reacción identitaria rechazaría la ayuda en un intento de restaurar la autodeterminación de la propia elección. El debate debería girar en torno a la responsabilidad el paciente frente a sus enfermedades. Existen movimientos sociales que buscan empoderar al paciente hacia una mayor conciencia de su enfermedad y hacia una mayor implicación en el tratamiento”, dice Sanmartín.

Una consecuencia de la desigualdad

El debate de si la obesidad debería obtener el estatus de enfermedad es complejo, y está plagado de matices. Por ejemplo, los que afloran por el hecho de que pueden distinguirse distintos tipos de obesidad; para Sanmartín, colocar todas las obesidades al mismo nivel, tanto por grado como por etiología, constituiría un error. “No es lo mismo una obesidad por causa biológica (por hipotiroidismo, por ejemplo), por factores sociales (una consecuencia de la pobreza, la educación…) o por la conducta (la cruz sobre la espalda del comedor emocional). La intervención tiene que considerar factores biológicos, culturales, psicológicos… es por lo tanto un problema multifactorial que requiere un abordaje multidisciplinar. La actuación social para afrontar factores de riesgo para la obesidad como la pobreza también son competencia médica, como prevención”, sostiene el psicoterapeuta.

Y es que la obesidad no es un problema exclusivamente sanitario ni que deba resolverse sólo con intervenciones médicas, como reconoce el endocrinólogo Camilo Silva. El entorno juega un papel determinante, y su influencia es muy difícil de desactivar (cuando es posible hacerlo). “La obesidad es un problema médico que está aumentando la morbimortalidad en nuestra sociedad. Al ser un problema tan generalizado, tiene una fuerte dimensión social, la cual tiene sus características peculiares. Una de ellas es la asociación de la obesidad con una menor capacidad adquisitiva debida, entre otras cosas, a la abundancia de alimentos baratos pero muy calóricos”.

Las personas que viven en estratos socioeconómicos medio-bajos cuidan menos de su salud en general que, en los estratos medio-altos, sobre todo en las grandes concentraciones de población, señala el nutricionista Pérez. “Se ha hablado de los ‘desiertos alimentarios’, zonas urbanas o periurbanas en las que conseguir alimentos frescos y saludables sin necesidad de desplazarse y hacer muchos kilómetros en coche es casi imposible. En estos casos, el uso mayoritario de alimentos ultraprocesados es casi la única opción. Es necesario que los agentes económicos y productivos, los sanitarios y los urbanistas hagan recapacitar a los políticos para que sus decisiones trasciendan más allá de sus intereses partidistas”, subraya.

En los países desarrollados lo más importante es ver la obesidadcomo un problema político y no médico, destaca el médico Gérvas. “El atlas de la obesidad es el atlas de la pobreza. La pobreza, y la inequidad que la provoca, se asocia a la obesidad y a la diabetes tipo 2. Las intervenciones clínicas están destinadas al fracaso. Al cabo de los años los pacientes, en general, recuperan el peso perdido. Lo práctico es ir a los determinantes sociales, a la salud pública, a las condiciones en que viven las personas. La OMS debería decir que la obesidad es el síntoma de la desigualdad, y elaborar políticas contra la inequidad y la desigualdad. Además, debería promover el abordaje desde la salud pública. Además, en el sector sanitario hay un claro estigma ‘antiobesidad’ con graves repercusiones en la salud de las mujeres. La obesidad, más que un problema que ponga en riesgo la salud, es un problema que pone en riesgo la dignidad y los derechos humanos”, concluye Gérvas.

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