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EL PAÍS

Educación nombra nuevo tribunal y repetirá el examen del conservatorio



El tribunal de las oposiciones a catedrático de instrumentista de cuerda del Conservatorio Superior de Música de Madrid se renovará al completo. La Consejería de Educación soltó la bomba ayer, por lo que apartará también a los dos miembros que no habían renunciado: el presidente, José Antonio Campos, y la secretaria, Celia M. Campa, violinista y violenchelista de la región madrileña, respectivamente. La otra noticia que cayó como un jarro de agua fría afecta a los opositores, que tendrán que repetir la parte práctica del examen, es decir, el concierto de dos horas con la nota ya evaluada y custodiada.

El surrealismo musical existe y parece una novela negra. Una de las oposiciones más duras a las que los aspirantes a catedráticos se tienen que enfrentar tendrá que repetirse. Ya es un hecho. Se trataba de alcanzar el nivel más alto para los instrumentistas de violín, viola, violonchelo y contrabajo. Cinco plazas que no salían desde hace 30 años para 14 aspirantes. Pero la carrera por el podio tendrá que empezar casi desde la primera curva. La causa: un tribunal dividido que se acusa mutuamente de actuar ilegítimamente.

“Esto que están haciendo es muy grave. Quieren sembrar la sombra de la duda sobre Cecilia y sobre mí, que eramos los que estábamos velando para que no ocurriera nada ilegal”, cuenta José Antonio Campos, presidente del tribunal, violinista de 57 años y 20 de carrera musical. “Aquí nos hemos puesto muy serios desde el principio, porque nos hemos negado a seguir criterios interesados. No entramos en el juego, porque nada más empezar daba la sensación de que ya había plazas que estaban adjudicadas. Una oposición no está dada por decreto, hay que venir y defenderla”, explica Campos, enfadado.

Las desavenencias en el tribunal empezaron casi desde el principio. La Consejería anunció las oposiciones a finales de abril y convocó los exámenes para el 29 de junio. Los cinco miembros, José Antonio Campos, Celia M. Campa, Alano Melchor Kovacs, Joaquín Torre y Jorge A. Muñoz Martín, comenzaron a evaluar con criterios dispares desde el inicio. Para unos, un examen con 30 faltas de ortografía era una falta grave, razón suficiente para no calificarlo con buena nota. Para otros, nada serio para una cátedra de música. Eso ocurrió en la primera parte de las pruebas, la teórica, donde los aspirantes tenían que desarrollar un tema por escrito durante dos horas. Aunque las mayores divergencias llegaron con la práctica, es decir, cuando los candidatos se presentaron ante el tribunal a exponer al menos seis piezas musicales.

“Es muy duro prepararte mentalmente para eso. Tienes que ser constante, ensayar desde por la mañana hasta por la noche, es como prepararte para una olimpiada”, explicó el jueves un candidato, que prefirió mantenerse en el anonimato. “Yo sé que tenía buena calificación en esa parte. Solo espero que no tengamos que repetirlo”, remató. La Consejería anunció ayer, sin embargo, que sí que tendrán que hacerlo, ya que solo se respetarán las notas de los exámenes teóricos.

“Eso es una vergüenza. ¿Qué pasa, que los que lo han hecho mal ahora tienen otra oportunidad y los que lo hicieron bien se la tienen que volver a jugar? Eso es otra oposición”, protesta Campos.

Los candidatos que se presentaron tenían aptitudes de todos los colores. Normales, buenos y brillantes. Dos de ellos, especialmente brillantes: Fernando Arias, violonchelista, y Ana Valero, violista, destacaron especialmente sobre los demás. Dos mentes brillantes con aptitudes difíciles de superar.

Pero lo cierto es que todos tuvieron una valoración subjetiva. “Era imposible calificar mal a esta gente. Pero se utilizaban otras técnicas para equilibrar las notas”, explica Campos, y eso a pesar de que existen al menos 15 parámetros técnicos y musicales para seguir a rajatabla, como la afinación o las pausas durante la interpretación de una obra que no están contempladas. “Yo sé que siempre califiqué con criterios objetivos. Los puedo justificar todos. De hecho, no tenía ningún problema en que hubieran puesto a un inspector, al revés, visto el percal lo hubiera preferido”, dice el presidente.

Sin inspector, los miembros, divididos, firmaron las actas, y de los 14 aspirantes pasaron siete a la fase final. Según la normativa, en caso de discordancia dentro de un tribunal se puede emitir un voto particular donde se refleje la opinión en el acta. Esto no sucedió. Las actas, firmadas, están guardadas bajo llave, a pesar de que el pasado lunes, día 15, cuando se estaban realizando las últimas pruebas, dos miembros del tribunal renunciaran por estar en desacuerdo con la forma de calificar.

“Recibí un escrito de los dos vocales con su renuncia y argumentaban que era por los criterios de evaluación establecidos”, explica Miguel Zurita, director general de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, que añade que se vio obligado a aceptarla “sin entrar en quién tenía razón o no”. “Ví que el resultado estaba comprometido, y no se puede dejar que el resultado sea cualquiera con el riesgo de perder la objetividad”, añade. “No queremos causar prejuicios a nadie, y menos a los opositores, pero hay una evidencia de que no se estaba actuando con objetividad y decidimos actuar rápido”, dice Zurita.

El presidente del tribunal, sin embargo, discrepa en el proceder. “Lo normal hubiera sido ponerse en contacto conmigo. De hecho, yo le remití un escrito en el que le decía que estaba a su disposición para contar nuestra opinión de lo que estaba pasando en el tribunal. Pero no interesó”, se queja. “No me puse en contacto porque la decisión estaba clara. Vemos que el resultado no tiene garantías y actuamos así, rápido. Sin entrar si tienen razón unos u otros”, replica Zurita, que ha reconocido que el nuevo tribunal estará compuesto al completo por nuevos catedráticos de cuerda de otras comunidades autónomas y que además habrá un inspector, es decir, “un árbitro perfecto de la situación”.

Esta circunstancia, sin embargo, se podría haber evitado si la administración hubiera aceptado la petición de CC OO de poner cámaras en las pruebas prácticas, según cuenta Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza del sindicato. “Llevamos mucho tiempo detrás de esto. Es algo que se hace en países serios, como EE UU, y se han reído de nosotros en nuestra cara cuando lo hemos nombrado”, razona. Zurita admite que es algo que “no se ha considerado hasta el momento”. “Ya haremos una valoración en el futuro, pero es algo que puede ofrecer garantías o no, porque igual hay opositores que prefieren no ser grabados, y eso también habría que respetarlo”, aduce.

Fuentes de la Comunidad de Madrid anunciaron ayer que el nombramiento de los nuevos miembros del tribunal será publicado en el BOCM el próximo lunes, 22 de julio, y que los exámenes se reanudarán “a partir del día 2 de septiembre”.

“Es inaudito. El lunes pasado, cuando empezó la última fase, los miembros nos comunicaron por la mañana que habían decidido renunciar e hicieron una especie de huelga de brazos caídos. Nosotros seguíamos corrigiendo la última parte, que era el de la Guía docente que tenían que entregar, y se negaron a mirarlo. Mientras, los siete candidatos que habían pasado habían empezado su presentación, que era la última prueba. Lo habían hecho ya cuatro y quedaban por hacerlo los otros tres, que iban por la tarde. Solo quedaba eso”, cuenta el presidente del tribunal.

Los 14 aspirantes deberán entonces volver atrás y comenzar sus pruebas prácticas en septiembre, con nuevo tribunal. Para algunos será una nueva oportunidad. Para otros, la posibilidad de una ocasión perdida.

“Hay que tener en cuenta que la disolución de un tribunal sin motivación nos retrotrae a tiempos pre constitucionales. ¿Dónde queda el derecho a la defensa, el derecho a la presunción de inocencia, aportar pruebas, hacer alegaciones?”, preguntan desde CC OO, que defendían un nuevo tribunal con los dos miembros que no habían renunciado. “La administración ha señalando el proceso en su conjunto al poner en duda la transparencia y el buen funcionamiento de su propio proceso. Ha puesto en duda y en cuestión la actuación de personas concretas y lo que ha conseguidoes poner en cuestión el proceso en su conjunto. De hecho, hemos recibido en las últimas horas un aluvión de reclamaciones en otras especialidades”, añade Galvín.

La tristeza por la decisión de la administración se extiende a los principales afectados, los opositores. “Estamos creando personas con criterios y no se puede utilizar el arte en beneficio propio y por egolatría. Hay que hacerlo con decencia. Yo no tendría ningún problema en suspender a algún amigo mío si no lo merece. ¿Otros pueden decir lo mismo? Han intentado tomarnos el pelo. Mi único interés es que consigan la plaza los que realmente la merecen. Por respeto a la música y a la decencia”, finaliza el ya expresidente, que estudiará acciones legales.

Con Fernando Arias y Ana Valero se rompió el tribunal

Un violonchelista y una violista, un hombre y una mujer, Fernando Arias y Ana Valero, ambos jóvenes, resaltaron por encima del resto en el examen práctico, un concierto que duraba una hora. A partir de sus actuaciones comenzaron las discrepancias entre los miembros del tribunal examinador que han dado lugar a las sospechas de que el concurso pudiera estar dirigido y a la interrupción accidentada de la oposición. Especialmente destacó Arias en su especialidad, el violonchelo.

Ninguno de los dos han querido hacer declaraciones a este periódico sobre lo sucedido.

Fernando Arias (1987), madrileño pero afincado en Zaragoza donde es profesor de violonchelo en el Conservatorio Superior de Aragón, tiene ya un curriculum interesante. Estudió con Arantza López en la Academia CEDAM y en el Conservatorio de Ferraz, de la Comunidad de Madrid. Continuó su formación con Ángel Luis Quintana en el Conservatorio Superior de Música de Aragón, y con Natalia Shakhovskaya y Michal Dmochowski en la Escuela Superior de Música Reina Sofía, donde recibió de manos de la Reina el título de “Alumno Más Sobresaliente” de la cátedra de violonchelo. Actualmente realiza estudios de postgrado con Jens Peter Maintz en la Universidad de las Artes de Berlín.

Las referencias que hay de su carrera lo sitúan como uno de los jóvenes valores más laureados de su generación. Tiene una intensa actividad concertística como solista y grabó en 2011, junto al pianista Luis del Valle, y para el sello Columna Música, la Integral de las sonatas de Brahms para violonchelo y piano.

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EL PAÍS

Que ahora no quiero (ni puedo) tener hijos



Iba a escribir que todo empezó el 2 de marzo, disfrazadas mis hermanas y yo de los personajes de Super Mario Bros, en medio de la plaza de mi pueblo y rodeadas de medusas, Jon Snows, Chupa Chups, Donalds Trumps y demás fauna, reguetón a todo trapo de fondo y vaso en mano. Resultó que el de dos de ellas era solo tónica; resultó que estaban embarazadas, a la vez. Lloré un poco, de la emoción y de las cuatro copas que yo sí me había bebido. Pero no, la cosa no comenzó en ese momento, ahí solo se disparó la tormenta mental que había empezado tres años antes, cuando llegaron los 30, los 30 y los hijos, los 30 y el curro, los 30 y lo que tiene que venir, lo que se supone que tiene que venir, lo que quieres que venga, sobre el cuerpo, el trabajo, las relaciones y, obvio, la maternidad.

Con ocho años me sentaba con mi mejor amiga, Ángela La Guacha, a adivinar sobre una servilleta cuántos novios íbamos a tener antes de casarnos. A los 14 me preocupaba salir y beber, el futuro de mi útero más bien poco: estaba establecido, en algún momento sería madre. Entrados los 22, Madrid ya me ofrecía desde hacía cinco años cosas mejores que tener descendencia y casarme ya no entraba en el plan. En los 25 lo vi claro: ni lo uno ni lo otro. A los 30 lo volví a ver claro: no tenía claro nada.

Había pasado ya la época de bodas, esa en la que tu infancia pasa de estar en una foto llena de criaturas y las casas colgadas de Cuenca de fondo, a estar en otra con corbatas, vestidos largos y, puros. Por suerte, piensas, en tu vida social, en Madrid, hay un montón de gente como tú: sin ganas de perpetuar el patrón del siglo XX.

Pero terminada, o casi, esa era de soltar dinero en sobres cuatro veces al año, empieza la de las barrigas. Y esa no tiene tanto que ver con el círculo de la infancia sino con las prisas o el límite de apurar la biología —que también nos va a la contra— de mujeres que habían pensado que los bebés mejor sobrinos que hijos. De repente, con un montón de ecografías en tu WhatsApp, un día empiezas a ponderar variables, porque de repente un día ya no sabes si no quieres o no puedes.

Calculas ahorros, sueldo y horario laboral, alquiler en el centro, kilómetros a los que está tu madre y previsión de cosas que por fin puedes hacer con 33 y que te gustaría seguir haciendo cuando has conseguido que la situación laboral te dé algo de margen para vivir más que para sobrevivir. Y los cálculos no salen. Guarderías a 600 euros, cuidadoras a 1.000, mudarse porque un bebé no cabe donde solo cabes tú… No, no salen. No en Madrid, no viviendo en la almendra central, no con tu madre a 300 kilómetros, no con un trabajo que amas pero que absorbe mañanas, tardes y algunas noches, no sin un colchón de euros.

Después de muchos números, decides que si no te mudas al pueblo, ser madre cuando decidas ser madre tendrá que esperar tanto más cuanto la vida nos haya hecho esperar a nosotras.

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¿Políticas contra la obesidad?


La prosperidad es el objetivo lógico de cualquier sociedad, pero también trae sus propios riesgos. Uno de ellos es la obesidad. La población con sobrepeso se ha incrementado prácticamente al mismo tiempo que disminuía la desnutrición. Por eso, porque la obesidad es prima hermana de la abundancia, América Latina en pleno -pero, sobre todo, sus países más ricos- es hoy más obesa que nunca.

¿Políticas contra la obesidad?



Las tasas de obesidad de las grandes naciones latinoamericanas todavía no han alcanzado los peligrosos índices de sus vecinos del norte. Pero hacia allá se encaminan. La bella paradoja es que por una vez el retraso en la prosperidad ofrece una ventaja para los que llegan tarde: la oportunidad de aprender de los errores de los que cayeron primero en el problema de los ricos.

¿Políticas contra la obesidad?



Lo primero que hay que tener en cuenta es que no toda abundancia tiene el mismo efecto. Ciertos alimentos contribuyen más al que es el principal mecanismo para producir obesidad: los productos ultra-procesados (aquellos que son profundamente transformados desde su forma original, con sustanciales añadidos de otros ingredientes, normalmente grasa, azúcar y sal) han sido identificados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) como determinantes en la extensión de la obesidad en el continente.

¿Políticas contra la obesidad?



Bebidas azucaradas, galletas, panes industriales… existe evidencia sólida de que todos ellos fomentan el consumo excesivo de calorías. Igualmente, cada vez tenemos más datos de que la cantidad de ejercicio que necesitaríamos hacer para compensar dicho consumo sin reducirlo es más bien inalcanzable. Por todo ello, a la hora de buscar políticas para frenar el crecimiento de la obesidad parece una buena idea empezar por preguntarnos cómo podemos embridar a los ultraprocesados.

¿Basta con más información?

Quizás lo que necesita la ciudadanía es más información. Y, si la obtiene, tal vez comience a tomar decisiones más acordes con su bienestar a largo plazo. Más específicamente, si obligamos a las empresas a informar de manera clara, comprensible y accesible del contenido de sus alimentos

Esta es la lógica que ha llevado a todo un movimiento (o, más bien, a una serie de iniciativas) para demandar un etiquetado más claro y visible en los supermercados. Según la mayoría de estas propuestas, la información a mostrar quedaría en el frente del envase para que se pudiera observar de un vistazo. Incluiría precisamente la cantidad de calorías; azúcares añadidos; sodio y grasas, particularmente las saturadas. Y lo que es más importante: no se trata de representar estas cantidades de manera exacta tanto como de que cualquier persona entienda si está adquiriendo un producto que entraña algún riesgo para su salud. Aquí existen varias alternativas: desde la conocida como técnica del semáforo (verde para niveles razonables de calorías, grasa, azúcares o sodio; amarillo y rojo para los progresivamente elevados) hasta, sencillamente, indicar “alto” o “bajo” en cada uno de los componentes. Tal ha sido, por ejemplo, la propuesta defendida en Colombia (derrotada en el Legislativo).

No quedarse sencillamente en las cantidades es una buena idea: cabe esperar que la mayoría de personas no tenga una noción clara de qué es una cantidad saludable de cualquiera de esos elementos en una persona promedio. Los datos de una encuesta pública realizada en México confirman la impresión con creces.

¿Políticas contra la obesidad?



Ahora bien, esa misma encuesta arroja unos datos que invitan a pensar que añadir información en el mercado es condición necesaria, pero no suficiente, para reducir significativamente la obesidad. Resulta que una abrumadora mayoría de los mexicanos decía conocer la etiqueta, pero una porción casi igual de importante afirmaba no leerla ni tomar decisiones de compra por ella. Y aunque varios citaban la falta de claridad o visibilidad como una de las causas para esta falta de efecto, la verdad es que eran menos de un 10% quienes solo se referían a este tipo de problemas, frente a un tercio que admitían falta de interés o tiempo sin referirse a las cuestiones operativas.

¿Políticas contra la obesidad?



Estos datos no descartan, ni mucho menos, la conveniencia de un mejor etiquetado. La información siempre será una herramienta poderosa para aquellos consumidores que disponen del tiempo y los códigos para interpretarla, así como los recursos para actuar en consecuencia. El sistema semáforo por ejemplo, demostró en varios estudios que ayudaba a identificar adecuadamente los productos más saludables. Pero una cosa es hacernos saber lo que debemos hacer y otra distinta es que lo hagamos. Recomendaciones ampliamente difundidas como la campaña del Servicio Nacional de Salud británico que recomendaba el consumo mínimo de cinco piezas de fruta o verdura al día fueron conocidas incluso fuera de las fronteras del Reino Unido. Sin embargo, la evidencia de su capacidad para poner más vegetales en las cestas de la compra es desigual y poco concluyente. Se acotan así las esperanzas, señalando que no puede ser la única política en el menú contra la obesidad.

Poner difícil lo malo

Hablábamos de tiempo, códigos y recursos para hacer uso de la información. Pero habría que añadir otra dimensión más: la voluntad. Que las personas seamos agentes más o menos racionales no quiere decir que no estemos sometidos a tentaciones, sesgos, convenientes olvidos. Trampas, incluso. A veces autoimpuestas y en otras ocasiones, provenientes del contexto.

Ese contexto muchas veces toma la forma de una especie de pantano alimenticio (en inglés los llaman food swamps): grandes áreas en las que la comida accesible por defecto para sus residentes es en su mayoría ultraprocesada. Al menos para los EE UU, estas densidades de lo nocivo predicen [tasas de obesidad más altas]. Normalmente, además, se presentan en entornos de menor poder adquisitivo. Ahora bien: lo fácil es identificarlos. Lo complicado, hacerlos desaparecer.

Drenar completamente estos pantanos de comida nociva se antoja descomunal, difícilmente canalizable para Estados completos. Aquí es conveniente pensar más bien en escala urbana. Por ejemplo: la ciudad de Nueva York decidió hacer más accesible la comida sana, con políticas que hacían hincapié en los vecindarios con menor nivel medio de ingresos. Los efectos existen, pero son más bien modestos: una década apenas añadió un punto porcentual más de personas que consumían alguna fruta o verdura. Ahora bien, hay que tener en cuenta que en un 1% de Nueva York caben decenas de miles de personas. En cualquier caso, más profundos y duraderos parecen los programas centrados en convertir la comida sana en una opción por defecto dentro lugares donde la intervención pública de gran escala sí es posible: principalmente, en los colegios.

“Si quieres que alguien empiece a hacer algo, pónselo más fácil” es una paráfrasis del psicólogo Daniel Kahneman que resume bastante bien el espíritu de este tipo de intervenciones. Pero de esa aserción a la otra, necesaria cara de la moneda media un segundo de reflexión: si quieres que alguien deje de hacer algo, pónselo difícil. O menos fácil.

Excluyendo la prohibición completa, es aquí donde entra en juego la que quizás sea la medida con mayor potencial, y también más cargada de polémica. Los impuestos sobre alimentos nocivos, en particular bebidas con azúcar añadida, están en la mira de muchos países latinoamericanos. Y en el cuerpo legislativo de más de uno. Chile, México y Perú cuentan con el suyo. También las islas caribeñas de Dominica y Barbados. En Colombia la propuesta ha sido tumbada varias veces. Pero el asunto es que funciona.

Funciona si el objetivo es reducir el consumo de bebidas azucaradas, en cualquier caso. En México las estimaciones apuntan a una caída relevante en la compra de estos productos. Pero es demasiado pronto para saber si está teniendo algún efecto duradero en el problema último: la obesidad. No sabemos si las calorías que se dejan de consumir por esta vía se están reemplazando con otras, por ejemplo. Ni tenemos apenas experiencia con sistemas impositivos más completos, que tasen directamente el elemento (grasa, azúcar). El intento más completo lo llevó a cabo Dinamarca hace casi una década. Un impuesto sobre la carne, los productos lácteos y las grasas para cocinar (aceites incluidos) cuyos efectos muchos (pero no todos) consideran hoy un fracaso. Entre otras cosas, y sirva de esto como lección de la imprevisibilidad del comportamiento humano, porque una cantidad significativa de daneses (país pequeño, profundamente integrado con sus vecinos con los que mantiene fronteras casi invisibles en el marco de la Unión Europea) se iba a comprar esos mismos alimentos a, por ejemplo, Alemania.

Las herramientas políticas a nuestra disposición para luchar contra la obesidad, en suma, existen y funcionan, pero también que tienen efectos limitados, a veces inciertos, y que no salen gratis: con cada una de ellas estamos restringiendo un poco la capacidad de decisión inmediata de las personas. Pero si asumimos todos esos riesgos, si decidimos atarnos las manos hoy para mejorar nuestra situación mañana como ya lo hicimos con el tabaco, la cuestión no será cuántos años de vida estamos dispuestos a pagar por cada grado adicional de libertad. Así lo plantean algunos a la derecha del espectro ideológico, ignorando que la propia decisión de poner coto a nuestras decisiones y a las acciones de quienes se benefician de ellas también es un ejercicio pleno de esta misma libertad. La autonomía no empieza ni termina en un supermercado.



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El estratega Kárpov (XIX)




Partida modélica sobre la lucha contra un peón aislado, uno de los temas posicionales más estudiados



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