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EL PAÍS

El Congreso de Perú garantiza que Alberto Fujimori no vaya a la cárcel



La mayoría fujimorista de Fuerza Popular en el Congreso peruano, de oposición al Gobierno de Martín Vizcarra, ha aprobado este jueves una ley de “ejecución humanitaria de la pena” para que los presos mayores de 78 años que hayan cumplido un tercio de su condena puedan continuarla “a través de vigilancia electrónica” desde su domicilio. La norma ha sido preparada explícitamente para favorecer al autócrata Alberto Fujimori, que vio anulado su indulto la semana pasada. Y podría favorecer también a Vladimiro Montesinos, ex asesor de Fujimori de 73 años y jefe de facto de las fuerzas armadas en el régimen, que en un lustro podría beneficiarse de esa misma libertad vigilada.

Fujimori, presidente de Perú entre 1990 y 2000, fue sentenciado hace nueve años a un cuarto de siglo de prisión como autor mediato de varios delitos de homicidio, lesiones graves y secuestro agravado -considerados crímenes de lesa humanidad- cometidos principios de la década de los noventa. Los hechos fueron perpetrados por el Grupo Colina, un destacamento del Ejército creado durante su régimen y al que el propio Fujimori felicitó y amnistió.

En la nochebuena del año pasado, el entonces jefe de Estado y de Gobierno peruano, Pedro Pablo Kuczynski, le concedió un indulto humanitario que evitaba su reingreso en prisión para cumplir la parte restante de la condena a cambio de un último y desesperado balón de oxígeno político. Pero la semana pasada, el caso volvió a dar un giro de 180 grados con la anulación judicial de la medida de gracia atendiendo a una petición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Desde entonces, los suyos han tratado de buscar el ángulo legal para evitar el cumplimiento de la orden del magistrado supremo Hugo Núñez Sulca. El martes, la congresista fujimorista Yeni Vilcatoma -expulsada de Fuerza Popular en 2016, pero que vota en el mismo sentido que el resto de la bancada opositora-, presentó un proyecto de ley de “ejecución humanitaria de la pena” para presos de la tercera edad. Y este jueves la junta de portavoces decidió someter el proyecto de ley a la votación del pleno, exonerándolo de la discusión en las comisiones parlamentarias.

Al inicio del debate parlamentario de la ley, el diputado de Acción Popular Yohny Lescano (centroderecha) advirtió de que, de aprobarse, el texto llevaría al Estado peruano a incumplir sus obligaciones internacionales y pidió que la iniciativa legislativa fuera remitida a la comisión correspondiente para su debate preliminar. Pero el fujimorismo, arrasando como suele hacer con su holgada mayoría, rechazó la moción y aprobó en menos de media hora la norma con 55 votos a favor, 30 en contra y dos abstenciones.

La norma indica que el ámbito en que el condenado puede desplazarse queda circunscrito “a la provincia donde se encuentra el domicilio del penado”. Si quisiera salir de ella, deberá comunicarlo 48 horas antes al Instituto Nacional Penitenciario y acreditar a una persona que garantice su retorno, asumiendo responsabilidad penal en caso de no cumplir este precepto.

Horas después de que el juez Núñez Sulca ordenase el regreso de Fujimori a la cárcel, el autócrata fue ingresado en una clínica de la comunidad peruano-japonesa en la que permanece desde entonces. Con esta maniobra política, la enésima del fujimorismo, evitará -al menos de momento, siempre al albur de cualquier cambio futuro en la composición del Legislativo- regresar a prisión.



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EL PAÍS

Vídeo | Pedro Sánchez anuncia una subida del 2,25% del sueldo de los funcionarios



Señal en directo de la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado.



Si no puedes ver la señal de vídeo en directo, pincha aquí.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en el Senado este martes que el Gobierno aprobará el viernes, en el Consejo de Ministros que se celebrará en Barcelona, la subida del salario de los funcionarios del 2,25% para el año que viene. A ello se podrá añadir un 0,25% variable ligada a la evolución del PIB y otro 0,25 de fondos adicionales, según ha revelado en su comparecencia en una sesión plenaria del Senado con un único punto en el orden del día sobre los aspectos generales de la política del Gobierno. En total, en un escenario un escenario  óptimo, la subida salarial podría alcanzar el 2,75%, siempre que el PIB creciera un 2,5% frente a la previsión del 2,3%. La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ya aseguró este lunes que se subirían los salarios de los empleados públicos a partir del 1 de enero.

El Ejecutivo ya se comprometió a mediados de noviembre a garantizar un incremento salarial mínimo del 2,25% para los empleados públicos el próximo año con independencia de la aprobación de los Presupuestos. Los sindicatos CC OO, UGT y CSIF obtuvieron la garantía del Gobierno de que se cumpliría el acuerdo salarial a tres años acordado el pasado marzo con el Gobierno de Mariano Rajoy. Entonces se alcanzó un principio de acuerdo para mejorar las condiciones laborales de los funcionarios durante el periodo 2018-2020. La fórmula empleada por el Ejecutivo socialista sería vía decreto.

La comparecencia de Sánchez, solicitada en agosto por el PP, se produce en un momento crucial de la política española y de la crisis catalana, en la que confluyen la derrota del PSOE en Andalucía, el inicio del juicio al procés y la celebración del próximo Consejo de Ministros en Barcelona, donde se podría producir un encuentro entre el presidente del Gobierno y el de la Generalitat, Quim Torra.

El presidente ha reivindicado el Estado de las autonomías como uno de los “mayores éxitos” de la democracia y ha afirmado que “dentro de la Constitución, todo; y fuera, nada”. En ese sentido, ha señalado que su Gobierno ha apostado siempre por el diálogo y por la Constitución. Sánchez ha alertado de que “algunos” ven en la crisis territorial suscitada por el pulso al Estado del independentismo catalán la “oportunidad para derruir la España autonómica y volver al centralismo predemocrático”. Frente a esa tentación, el presidente ha asegurado que es un “firme defensor” de la España autonómica. “La España autonómica ha sido sinónimo de progreso y bienestar social; impulsora de cohesión social y territorial, pilares fundamentales para la convivencia y la concordia”, ha enfatizado.

El presidente ha aludido a cinco grandes transformaciones en la próxima década para “recuperar el tiempo perdido” tras la Gran Recesión de 2008. En primer lugar, Sánchez ha incidido en la derogación de los “aspectos más lesivos” de la LOMCE y en revertir tendencias como el abandono escolar y de la FP y la consiguiente pérdida de talento. Para el fortalecimiento del Estado del Bienestar ha incidido en la necesidad de una “reflexión profunda” sobre el sistema fiscal para la sostenibilidad de la sanidad y otros servicios públicos.

Sánchez también ha reivindicado la subida del salario mínimo del 22% que el Consejo de Ministros aprobará este viernes. “Un país rico como España no puede tener trabajadores pobres”, ha sentenciado. La apuesta por que España esté a la “vanguardia” de la lucha contra la degradación del medio ambiente es otro de los compromisos del Gobierno, que pretende aprobar una Ley de Cambio Climático antes de final de año. Por último, el presidente ha vinculado su Gobierno con la regeneración institucional: la medida estrella seria la limitación de los aforamientos, que no cuenta con el respaldo de resto departidos por considerarla precipitada o poco ambiciosa.

El presidente ha defendido, asimismo, su proyecto presupuestario ante la votación que se producirá el jueves en el Congreso de los Diputados sobre la senda de déficit del Gobierno. Sánchez ha hecho un llamamiento al Senado a apoyarla, apleando a ssu condición de “foro de encuentro de la España de las autonomías”. “Apelo al Senado para que no bloquee más recursos para la educación, la sanidad y los servicios sociales. Está en mano de esta Cámara ser parte de la solución o contribuir al bloqueo”, ha afirmado.



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Las noticias de La Primera de EL PAÍS


Estas son las noticias de la primera página de la edición de papel de EL PAÍS de este martes 18 de diciembre de 2018:

Ciudadanos frena el pacto con el PP por el encaje de Vox. Ciudadanos ha decidido frenar el acuerdo con el PP sobre el Gobierno de Andalucía por las discrepancias en torno al papel de Vox en la nueva etapa política. El partido de Albert Rivera considera que los populares están incumpliendo su condición de no negociar con la fuerza de extrema derecha, a pesar de que sus votos tienen la llave del Parlamento.

Concluye tras un año y 152 sesiones el macrojuicio del caso ERE. El juicio de la pieza política del caso ERE contra la cúpula de la Junta de Andalucía quedó ayer visto para sentencia tras un año, 152 sesiones y la declaración de 120 testigos.

Hallado oculto entre arbustos el cadáver de la joven de Huelva. Cuatro días de búsqueda angustiosa terminaron en el peor de los escenarios. El cuerpo sin vida de Laura Luelmo, la profesora zamorana de 26 años desaparecida en El Campillo (Huelva), fue hallado ayer a cinco kilómetros tras su domicilio, “oculto entre jaras y semidesnudo”, según fuentes de la investigación.

El Senado de EE UU acusa a las tecnológicas de ocultar la injerencia rusa. Dos informes encargados por el Senado de EE UU concluyen que el sector tecnológico ocultó la gravedad de la injerencia de Rusia en las elecciones de 2016.

Italia recorta su presupuesto para evitar el castigo de Bruselas. El “presupuesto del pueblo”, una de las banderas del Gobierno populista de Italia, empieza a diluirse. El Ejecutivo formalizó una nueva propuesta que recorta el déficit del 2,4% al 2,04% del PIB.

Corbyn presenta una moción para reprobar a May en el Parlamento. El líder de los laboristas británicos, Jeremy Corbyn, presentó ayer en el Parlamento una moción “personal” contra la primera ministra, Theresa May, por retrasar a enero la votación del acuerdo del Brexit.

El 90% del arte precolombino a la venta en España es falso.

Los bancos costearán la autoridad que protegerá al hipotecado.

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