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EL PAÍS

El PSOE exige a Carmena que prohíba los circos con animales en Madrid



El PSOE ha pedido esta mañana al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid que tome medidas urgentes para prohibir la instalación de circos que exhiban animales salvajes en espectáculos. Los socialistas recuerdan que aprobaron junto con Ahora Madrid una iniciativa para desarrollar esta prohibición y hasta la fecha el equipo de Manuela Carmena no la ha desarrollado.

El concejal socialista Ignacio de Benito ha preguntado al responsable de Seguridad del Ayuntamiento, Javier Barbero, por el motivo de la demora de más de un año en la puesta en marcha de la nueva ordenanza. Le ha acusado de “inacción” porque el texto legal podría haber estado ya aprobado hace meses de forma que las juntas municipales de distrito podrían haberlo aplicado. “Le recordamos que estamos hablando de la seguridad del público, ya que hace poco se han escapado dos hipopótamos y una tigresa de varios circos en España, por lo que no está garantizada la seguridad de las personas ni de los animales”, se ha quejado De Benito.

“Falta voluntad política y no estamos de acuerdo con tanta excusa. Hay que tomar medidas urgentes porque ningún animal ha nacido para vivir enjaulado y menos para hacer reír a las personas”, ha concluido el edil socialista.

El responsable de Seguridad le ha contestado que en el Ayuntamiento se está a la espera de que la Comunidad de Madrid apruebe su reglamento sobre la tenencia de animales. El pasado 10 de febrero se acabó el plazo que se dio el propio Gobierno regional para redactarlo y hasta la fecha no lo ha hecho, ha explicado Barbero. Este ha apuntado tres razones para esperar al texto legislativo del Ejecutivo regional, como es la coordinación en la normativa para no repetir los mismos preceptos en ambos textos (ordenanza municipal y reglamento), tipificar de forma idéntica las mismas faltas y sanciones y ver cuál es el alcance de las prohibiciones.

“Tenemos que dar tiempo para que la gente se adapte porque hay familias circenses que viven de ello y tienen que acogerse a otro tipo de trabajo y de situación económica”, ha recalcado Barbero.



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EL PAÍS

El prudencial arraigo de la Constitución



Si Carles Puigdemont y Quim Torra siguen empeñados en lograr la aplicación del 155, conseguirán demostrar de nuevo la vigencia operativa de la Constitución. Una constitución refunda el pacto de confianza entre pasado, presente y futuro de un país. Entre otras cosas porque se fundamenta en un contrato moral, de valores inclusivos, que explicita los límites al poder. Hace unos días, The Washington Postpublicó un extracto de un libro póstumo del columnista Charles Krauthammer. Recuerda como en 1981, al ser asesinado Anwar Sadat, un programa de televisión informó de que, según los expertos consultados, en la constitución egipcia constaba que en aquellas circunstancias el sucesor era el presidente del parlamento. Con escepticismo, un analista de la tumultuosa vida del Oriente Medio sostuvo que en Egipto nadie se había leído la Constitución en treinta años. En realidad, la constitución no parecía existir, ni a nadie le importaba. Preguntó: “¿Quién es el líder de los militares? ¿Hosni Mubarak? Pues ese será el próximo presidente”. 1978 sirvió para todo lo contrario.

Cuando hay quien se queja tanto de la Constitución de 1978 como si fuera un parque jurásico, sería saludable preguntarse qué ha pasado. ¿Ha sido un deterioro de la voluntad colectiva que conformó aquel delta histórico o ha cundido una amnesia, de una parte inconsciente y por otra deliberada, que hace irreconocible el sólido encanto de la Constitución cuarenta años después? Hay quien busca arrimarse a alguna forma de constitución bolivariana; otros desacatan la ley para fundar una república catalana independiente. Para hacerse una idea de lo que significa 1978 basta con preguntarse si ahora sería posible redactar una carta magna tan convincente y amplia. Al contrario del mantra pro-reforma de la Constitución para adaptarla a los nuevos tiempos, parece evidente que ahora no sería factible un consenso de magnitudes equiparables a las de entonces, una constatación que por sentido común debiera reconfortarnos por tener un cauce constitucional en el que los pleitos de España habían desembocado en una sabia arquitectura constituyente. Sin embargo, se sigue diciendo que urge la adaptación constitucional. Pero uno no cambia una constitución porque la sociedad haya pasado de la minifalda al pantalón vaquero rasgado, ni por la existencia de la familia monoparental o porque reaparezcan los mitos de la Cataluña mirífica.

“Las zonas sociales de desapego constitucional se encogerán, de modo que la razonabilidad de la ley siga por encima de altibajos de ruptura y sedición”

Si en política las soluciones son impuras, una buena Constitución contribuye a filtrar impurezas. Así España entró de lleno en la integración europea, en la Alianza Atlántica y en la globalización. Dio forma al estado autonómico, superó la intentona de Tejero, pasó por la experiencia política de la alternancia en el poder y ha vencido a ETA. ¿Son precedentes que legitimen la falta de confianza en un futuro que discurre por la senda constitucional? Si acaso, los síntomas de malestar público se deben a una extraña pérdida de autoestima generada por las políticas de lo imposible. Algún efecto corresponde a un cese de la transmisión de valores y experiencias que constituye el eje de un sistema educativo y que da consistencia a los trasvases entre escuela y familia. ¿Cómo se explica la Constitución en las aulas y de qué manera se cuenta la historia de una transición sin buenos ni malos?

Krauthammer alude a la sabiduría de los padres de la Constitución americana y a la reverencia que le guardan la mayoría de los ciudadanos estadounidenses, a pesar de todo, a pesar de cambios sociales profundos. La transición democrática en España se hizo con un bajísimo coste, como comprendieron los ciudadanos de Cataluña al votarla masivamente. Con el maremágnum secesionista, el resultado no hubiese sido el mismo pero también es cierto que, en el momento de la desafección de parte de Cataluña, un partido como C’s ha sido el más votado. La mayoría secesionista indestructible no existía. Ante el espectáculo de la descomposición intensa de las alianzas independentistas, el desconcierto de sus votantes y los graves riesgos de inestabilidad y de incertidumbre jurídica no benefician a los imitadores de la intentona secesionista de octubre de 1934. Como formas de arraigo, la Constitución y la monarquía parlamentaria están imponiéndose al unilateralismo. Aunque sea una recomposición lenta, al menos a medio plazo el fervor de secesión se retrae. Escampa la niebla y se constatan los costes del desatino. Las zonas sociales de desapego constitucional irán encogiéndose, de modo que la razonabilidad de la ley siga por encima de altibajos de ruptura y sedición.



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Las imágenes del día, 10/12/2018




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EL PAÍS

El Gobierno advierte por carta a la Generalitat que ponga fin a la “dejación de funciones” de los Mossos



El Gobierno ha decidido trasladar a la Generalitat, de forma dura, su inquietud por la “dejación de funciones” de los Mossos el pasado fin de semana. El Ejecutivo ha enviado varias cartas, una de la vicepresidenta, otra del ministro de Interior y otra del de Fomento, para exigir a la Generalitat que explique qué pasó.

El Ejecutivo avisa al Gobierno catalán, a través de una misiva del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de que si la Generalitat no garantiza la seguridad, lo hará el Gobierno. El ministro recuerda que la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en su artículo 38.2, prevé los supuestos de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando lo estimen oportuno las autoridades estatales”. El Gobierno exige que los Mossos ejerzan “las funciones que legalmente le incumben”. “En caso contrario”, señala el Ejecutivo “se ordenará la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando proceda y en términos de proporcionalidad y necesidad”. Esto es, el Ejecutivo lo dice muy claro: si los Mossos no garantizan la seguridad, enviará a las fuerzas del Estado.

Según el Gobierno, no se trata de una fase previa para aplicar el artículo 155, pero sí de un aviso formal y muy claro para ver qué respuesta obtiene del Ejecutivo catalán. Si no es satisfactoria, el Ejecutivo estudia tomar otras medidas más fuertes para garantizar la seguridad en Cataluña y sobre todo lograr que el Consejo de Ministros del día 21 en Barcelona no se convierta en una encerrona. “Me dirijo a ti para trasladarte nuestra inquietud”, le explica la vicepresidenta a Pere Aragonés, su homólogo en la Generalitat. “Aparentemente ha existido una dejación de las funciones que tiene atribuidas ese Gobierno, con consecuencias para la seguridad pública”, explica la vicepresidenta.

“Es nuestra obligación evaluar los posibles incumplimientos del ordenamiento jurídico que se hayan producido”, remata Calvo en un tono claramente amenazante. “Te solicitamos que nos aclares lo sucedido, en especial respecto a actuación de los mossos en los altercados ocurridos en algunos puestos de peaje”, insiste.

Calvo se refiere a los incidentes vividos este fin de semana en varias autopistas de Cataluña cuando los denominados Comités de Defensa de la República (CDR) cortaron varias carreteras y levantaron algunos peajes en plena operación retorno del puente de la Constitución. La vicepresidenta ha pedido esta mañana al presidente catalán, Quim Torra, que no se inhiba “cuando ocurren situaciones que provocan intranquilidad en la ciudadanía” porque “su principal obligación en Cataluña, como autoridad del Estado (…) es el mantenimiento de la seguridad y la convivencia” y ha tachado de “irresponsable e inaceptable” la actuación del president por sus declaraciones sobre la vía eslovena como camino posible hacia la independencia de Cataluña, una vía que finalizó en un conflicto armado con Yugoslavia.

La tensión llega en un momento clave, a dos días de un debate monográfico en el Congreso sobre Cataluña en el que Sánchez se verá obligado a endurecer su posición, y a 10 días de que el Consejo de Ministros se traslade a Barcelona el día 21, una cita que se está complicando cada día más. La posibilidad de que una ruptura definitiva con los independentistas lleve a un adelanto electoral aumenta la gravedad de esta nueva escalada. Dentro del propio independentismo hay mucha división sobre la estrategia a seguir y ERC ha dejado muy claro que no comparte la idea de la vía eslovena y apuesta por la llamada vía escocesa, esto es, la de un referéndum pacífico. El Gobierno tiene un contacto mucho más fluido con ERC, pero es Torra quien preside la Generalitat y Carles Puigdemont, su mentor, el que puede influir directamente sobre los ocho diputados del PDeCAT que tienen que tomar la decisión antes de enero de presentar o no una enmienda a la totalidad de los Presupuestos que acabaría con las cuentas en menos de tres semanas y abriría la puerta a que legislatura finalizase. Si no se reconduce la tensión entre el Gobierno y la Generalitat, esta salida parece cada vez menos inevitable.



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