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El Salvador: exoneran a mujer violada que sufrió aborto


CIUDAD DELGADO, El Salvador – “¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo!”.

Los gritos de mujeres y activistas estallaron el lunes a las afueras de un juzgado cerca de la capital salvadoreña cuando un juez exoneró a Evelyn Beatriz Hernández, una joven de 21 años señalada por homicidio agravado tras sufrir un aborto extrahospitalario en 2016.

El caso atrajo la atención internacional debido a que El Salvador es uno de los pocos países de América Latina que penaliza cualquier forma de aborto.

Evelyn ya había cumplido 33 meses de una primera condena de 30 años cuando, por faltas de pruebas, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo revocó el fallo en su contra en febrero y ordenó un nuevo juicio con otro juez. Nunca antes se había repetido un juicio por un caso de aborto en el país, que persigue de forma agresiva en los tribunales a las mujeres que han sufrido abortos espontáneos y urgencias obstétricas, acusándolas de asesinato.

Artista quiere causar enojo por imágenes de niños con chalecos antibalas

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Al salir de los juzgados, Evelyn se dirigió a las decenas mujeres que la esperaban y dijo: “Gracias, Dios, se hizo justicia. También doy gracias a ustedes que han estado aquí presentes”.

Visiblemente emocionada, además reconoció el apoyo a los representantes de misiones diplomáticas extranjeras que le dieron seguimiento al juicio. “También le doy gracias a los países internacionales que nos han estado apoyando”.

Por su parte, la abogada defensora Bertha María Deleón dijo que “consideramos que el juez ha sido bastante justo en su resolución, ha dicho que no había forma de probar el delito y por eso la absolvió”.

Evelyn sostuvo que ignoraba haber estado embarazada producto de una violación. Sólo recordaba que un día de 2016 salió a un retrete exterior en su pobre comunidad rural con fuertes dolores abdominales. Al agacharse, dijo, el bebé debió caer al fondo del tanque séptico. Su madre argumentó que había encontrado a su hija desvanecida y que paró una camioneta descubierta para llevarla a un hospital cercano.

En video: vuelan gigantescas torres de refrigeración

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Las dos mujeres insistieron en que no sabían que había un bebé en el tanque séptico, pero la fiscalía nunca les creyó. El feto tenía 32 semanas, cerca del término del embarazo, y los forenses no pudieron determinar si había fallecido en el útero o en el pozo. La causa de la muerte sigue sin estar clara.

Josefina, su madre, estaba el lunes acompañada de familiares y amigos y observaba cómo felicitaban a su hija después de que el juez la exonerara. Con palabras entrecortadas dijo: “se estaba cometiendo una injusticia, ella es inocente, mi hija no cometió ningún delito”.

A pocos metros estaba Domingo Ascencio, un hombre de 60 años que compareció como testigo y que compartió con AP el testimonio de cómo auxilió a Evelyn.

“Me llamó la mamá. Yo estaba como a un kilómetro y llegué corriendo. La encontré tirada, desmayada, bien pálida, eran chorros de sangre. La tomé en mis brazos y subí hasta la carretera donde encontramos el transporte. Ella no hizo nada malo, han sido tres años de sufrimiento para esta pobre gente”, manifestó.

Captado en video: cometa impacta contra el Sol

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Pese a que en su resolución el máximo tribunal en materia penal afirmó que no existían pruebas de que Evelyn hubiera actuado intencionalmente para acabar con la vida del recién nacido, el Ministerio Público no cedió en sus intenciones de mandarla a la cárcel y pidió al juez una condena 40 años de prisión alegando comisión por omisión, es decir, que el bebé habría fallecido porque ella omitió realizar una acción de protección.

The Associated Press sólo identifica por nombre a víctimas de supuestos abusos sexuales si éstas hacen públicas su identidad y acusaciones.

“La justicia para Evelyn fue postergada y negada por demasiado tiempo, pero hoy los tribunales han determinado lo que sabíamos que era verdad: Evelyn es inocente”, afirmó a través de un comunicado Paula Ávila Guillé, directora de Iniciativas para América Latina del Women’s Equality Center.

“Esta es una victoria rotunda para los derechos de las mujeres en El Salvador. Reafirma que ninguna mujer debe ser acusada injustamente de homicidio por el simple hecho de sufrir una emergencia obstétrica ”, dijo a su vez Erika Guevara-Rosas, directora de América de Amnistía Internacional.

Guevara-Rosas pidió a El Salvador que deje de “criminalizar a las mujeres de una vez por todas al revocar de inmediato las draconianas leyes antiaborto del país”.

El abogado Arnau Baulenas, otro de los defensores, afirmó tras la sentencia que “hoy tenemos una evidencia de que no había delito alguno, no había delito que perseguir porque simplemente fue un resultado no deseado y ojalá este caso nos sirva a futuro para no criminalizar a las mujeres que sufren partos extra hospitalarios”.

Deleón resaltó que en su resolución el juez confirmó que “fue un parto complicado” como el de muchas mujeres que están presas, mujeres que desde hace más de 10 años están en prisión por un hecho que no es delito y vamos a seguir luchando, estamos esperanzadas y con toda las fuerzas”.

Por su parte Morena Herrera que dirige el Colectivo Feminista que ayudó a Evelyn, dijo que “este es un fallo muy importante porque abre la esperanza de la recuperación de todas las mujeres que están condenadas en este momento y están privadas de libertad”.

La legislación salvadoreña penaliza todas las formas de aborto, incluso el terapéutico, y de realizarlo, tanto las mujeres como los médicos serían juzgados en los tribunales de justicia. De ser culpables podrían ser enviados a la cárcel de dos a ocho años. No obstante, en casos como en el de Evelyn, si el delito se cambia a homicidio agravado, aquel provocado en razón de parentesco de la víctima y victimario, estas mujeres pueden ser condenadas entre 30 y 40 años de cárcel.

Activistas han señalado que en El Salvador las mujeres procesadas son amas de casa, empleadas domésticas, estudiantes, obreras o vendedoras ambulantes.



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Conectan a exguarda nazi con más de 5,000 muertes



La justicia alemana abrió el jueves el proceso contra el exguarda de un campo de concentración nazi, de 93 años y acusado de complicidad en 5,230 muertes, exponente de los juicios tardíos abiertos en los últimos años por crímenes del Tercer Reich.

Bruno D., el procesado, sirvió entre los 17 y los 18 años como guarda de las SS hitlerianas en el campo nazi de Stutthof, cercano a Gdansk, en la Polonia ocupada, donde se estima fueron asesinados unos 100,000 confinados, en su mayoría judíos.

La fiscalía le imputa complicidad por haber sido partícipe, desde su posición de vigilante en ese campo, de la maquinaria de exterminio masivo del nazismo.

El procesado ha admitido en los interrogatorios previos que, cuando sirvió en ese lugar, sabía del propósito del Tercer Reich de exterminar a los judíos. Ha aludido, sin embargo, que tenía 17 años cuando fue destinado ahí, en 1943.

Tras la derrota del nazismo pasó un corto periodo en un campo de prisioneros, tras lo cual llevó una existencia normal, como panadero, camionero y otros oficios, se casó, tuvo hijos y se instaló en Hamburgo.

Durante décadas, la justicia alemana no abrió diligencias contra él, puesto que no se le consideraba implicado directamente en crímenes de guerra.

El pasado abril, la Fiscalía de Hamburgo presentó acusación formal, avalada por los testimonios de familiares de las víctimas, algunos de los cuales asisten ahora al juicio.

Se considera que su proceso podría ser uno de los últimos casos abiertos por crímenes del nazismo, después de que en los últimos años se hayan llevado a cabo varios juicios similares.

Otros casos quedaron sobreseídos por la incapacidad de los acusados de responder ante un tribunal dada su avanzada edad o por problemas de salud.

Los procesos se han apuntalado en el precedente que supuso el juicio contra el exguarda ucraniano John Demjanjuk, quien fue condenado en 2011 a cinco años de cárcel por complicidad en las muertes del campo de Sobibor, en territorio de la Polonia ocupada.

Demjanjuk, quien tras la II Guerra Mundial vivió durante décadas en Estados Unidos hasta que fue extraditado a Alemania, asistió a su proceso en una camilla, no llegó a pronunciarse nunca sobre les casos que se le imputaban y murió unos meses después de escuchar sentencia en un asilo de ancianos.

Pero su procesamiento y condena abrieron la puerta a otros juicios por complicidad en el genocidio, generalmente contra nonagenarios y marcados por frecuentes interrupciones por razones de salud del acusado.

En marzo del año pasado murió, sin haber llegado a ingresar en prisión, el llamado “contable de Auschwitz”, Oskar Gröning, quien en 2015 fue condenado a cuatro años de cárcel por complicidad en el asesinato de unos 300,000 judíos muertos mientras sirvió en el que fue el mayor campo de exterminio nazi.

Pese a las dificultades que acompañan cada uno de esos procesos, incluido para encontrar a supervivientes que puedan testificar, la Justicia alemana se ciñe al principio de que el asesinato no prescribe para llevarlos adelante, independientemente de si los procesados estarán en disposición de cumplir condena.



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Muere el legislador demócrata Elijah Cummings



El legislador demócrata Elijah E. Cummings, el hijo de un agricultor pobre que llegó a presidir una poderosa comisión legislativa que investigó al presidente Donald Trump, murió el jueves por la madrugada de complicaciones de antiguos trastornos de salud, informó su oficina. Tenía 68 años.

Cummings era un elocuente orador que abogaba por los pobres en su distrito en el estado de Maryland, que abarca una gran parte de la ciudad de Baltimore, así como suburbios de alto nivel económico.

Como presidente de la Comisión de Supervisión y Reforma de la cámara baja, Cummings encabezó numerosas investigaciones del presidente y relacionadas con sus familiares que cumplen tareas en la Casa Blanca.

Trump respondió con críticas al distrito del legislador, que calificó de “muladar infestado de roedores” donde “ningún ser humano querría vivir”. Semanas antes el presidente había dicho que varias legisladoras demócratas de color debían abandonar el país “ahora mismo” y regresar a sus “países quebrados e infestados de criminales”.

Cummings replicó que los funcionarios de gobierno debían desistir de “odiosas declaraciones incendiarias” que solo sirven para dividir a la nación y distraerla de sus problemas reales, como las matanzas y la supremacía blanca.

“Los que ocupan los niveles más altos del gobierno deben dejar de invocar el miedo, emplear lenguaje racista y alentar las conductas censurables”, dijo Cummings en un discurso en el Club Nacional de la Prensa.

En su larga carrera política, Cummings fue legislador estatal en Maryland hasta que obtuvo su banca en el Congreso federal en una elección especial para suceder al representante Kweisi Mfume, quien renunció a su banca para presidir la organización promotora de los derechos civiles de los afroestadounidenses NAACP.

Cummings fue uno de los primeros en apoyar la campaña presidencial de Barack Obama en 2008.

En 2016 era el demócrata de mayor jerarquía en el Comité Bengasi de la cámara, que según él solo era “una campaña con fondos de los contribuyentes para perjudicar la campaña (presidencial) de Hillary Clinton.

Durante toda su carrera, Cummings utilizó su fogosa oratoria para destacar los problemas y necesidades de los barrios pobres. Promovió planes polémicos para ayudar a los pobres y los adictos, como los programas de intercambio de agujas hipodérmicas para reducir la transmisión del sida.

Figura clave en la investigación que podría conducir a un juicio político a Trump, Cummings esperaba regresar a la actividad luego de un tratamiento médico que, dijo, lo mantendría alejado durante una semana. No dio detalles del tratamiento. Anteriormente había sufrido problemas cardíacos y en las rodillas.

Cummings nació el 18 de enero de 1951. Abogado y político, fue uno de los oradores más elocuentes y el primer presidente negro de la cámara de Maryland.

En la Cámara de Representantes nacional, presidió el Bloque de Legisladores Negros en 2003 y 2004.



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La atropellan en silla de ruedas



Una mujer en una silla de ruedas fue atropellada esta mañana de jueves en Miami, confirmaron autoridades locales.

El conductor responsable huyó del lugar del incidente, donde abandonó a la anciana que quedó sangrando sobre el pavimento, hasta que fue auxiliada por un buen samaritano y los rescatistas del cuerpo de bomberos de Miami.

Testigos dijeron haber visto huyendo un vehículo de color oscuro y varias calles fueron cerradas en ambas direcciones cerca de la intersección de la segunda avenida del noreste y la calle 54 donde ocurrió el incidente.



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