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EL PAÍS

El sospechoso de los atentados de Christchurch comparece ante un tribunal neozelandés



El principal detenido por el atentado contra dos mezquitas de Christchurch, el ciudadano australiano Brenton Tarrant, ha comparecido este sábado ante un juzgado de la ciudad neozelandesa, acusado de asesinato. Tarrant ha sonreído a la prensa con una mueca de suficiencia cuando dos oficiales de la policía le han acompañado hasta el banquillo de los acusados. El juez ha ordenado a los medios de comunicación que no publiquen fotografías de su cara para garantizar su derecho a un juicio justo. Tarrant seguirá en prisión preventiva sin fianza hasta el 5 de abril.

La policía ha revelado que, según las grabaciones de que disponen, fue un solo hombre quien perpetró los ataques de ayer. Las dos mezquitas de Christchurch están a pocos minutos de distancia y el atacante se desplazó de una a otra en un episodio de terror que duró 36 minutos. La policía lo detuvo justo cuando entraba en un coche donde tenía dos bombas con las que planeaba continuar la masacre. Las cifras oficiales hablan de 49 víctimas mortales y de 39 heridos que siguen hoy hospitalizados, 11 de ellos en la unidad de cuidados intensivos.

Los agentes han hecho un registro exhaustivo de la vivienda de Tarrant en Dunedin, en la isla sur de Nueva Zelanda, donde vivía desde finales de 2017. El detenido, que había trabajado de entrenador personal, era miembro de un club de tiro donde acudía a menudo. Según sus vecinos, era un hombre tranquilo y discreto a quien le gustaba hablar de sus viajes.

Quién era Tarrant y por qué escogió Nueva Zelanda para su atentado son solo algunas de las miles de preguntas que intenta resolver este país, que por primera vez en su historia ha elevado el nivel de alerta terrorista al máximo. La policía ha enviado 125 agentes adicionales a Christchurch y ha comunicado que aunque no está buscando activamente a ningún otro sospechoso, aún no puede descartar que haya riesgo de más violencia.

Ardern promete que cambiará la legislación de armas de fuego

Las muestras de apoyo hacia la comunidad musulmana, que representa un 1% de la población, se han extendido por todas las ciudades. En Christchurch los habitantes han dejado ramos de flores, velas y mensajes de solidaridad cerca de las dos mezquitas atacadas ayer. La primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, ha viajado este sábado a la zona y ha comparecido en el Centro de Refugiados de Canterbury, donde ha extendido su más sentido pésame a las víctimas. El Gobierno ha aprobado una ayuda económica para las familias afectadas por la masacre. Las mezquitas del país siguen de momento cerradas al público por motivos de seguridad.

Para Ardern, el primer deber del Gobierno es reformar la legislación de posesión de armas del país. La líder laborista ha revelado que el australiano Tarrant adquirió una licencia de armas en noviembre de 2017. Cinco armas fueron utilizadas en el atentado de ayer, dos de ellas eran rifles semiautomáticos. Ardern ha prometido a los ciudadanos que “ha llegado la hora de cambiar la ley”.

Lo mismo ha dicho el fiscal jefe de Nueva Zelanda, David Parker, delante de las de más de 3.000 personas que se han reunido en una vigilia en el centro de Auckland, la principal ciudad del país. La multitud ha aplaudido cuando ha anunciado que el Gobierno va a prohibir los rifles semiautomáticos. En Nueva Zelanda, se calcula que hay alrededor de un millón de armas de fuego, pero se registran cifras mínimas de víctimas por disparos.

Las redes sociales, en el punto de mira

La otra gran pregunta que se plantea el Gobierno es si el atentado se podría haber prevenido. La primera ministra Ardern ha admitido que la policía está investigando si en días previos a los atentados hubo alguna publicación en Facebook u otra red social que no se investigó. De momento, ningún miembro de las agencias de espionaje ha presentado su dimisión pese a la presión pública. 

Se trata de una investigación muy compleja, según la dirigente neozelandesa. Ardern responde así a los que acusan al Gobierno de concentrarse solo en la amenaza de terrorismo islamista e ignorar el crecimiento de simpatizantes de la extrema derecha. Christchurch se considera un caldo de cultivo de los supremacistas, que en los últimos años también han bebido del discurso antiinmigración en otras partes del mundo. Ni Tarrant ni los otros dos detenidos por los atentados del viernes estaban en ninguna lista de sospechosos de los servicios de inteligencia en Australia o Nueva Zelanda.

Uno de los focos de investigación de la policía de Nueva Zelanda son las redes sociales. El australiano Tarrant filmó el ataque y lo divulgó en directo por Internet, al mismo tiempo que publicaba su manifiesto de más de 70 páginas, en el que detalla las razones para perpetrar semejante matanza.

Aunque el Gobierno ha recordado que la incitación al odio es un delito penado por la ley, la realidad es que las redes sociales están hoy inundadas de mensajes de rechazo a cualquier forma de violencia: “Esta no es nuestra Nueva Zelanda”, “Nos mantendremos unidos” o “Ellos (las víctimas) somos nosotros. Nosotros somos ellos”, son algunos de ellos.

Estos mensajes reflejan la principal pregunta que resuena en las calles de toda Nueva Zelanda: cómo pudo pasar algo tan atroz en un país tan pacífico. Hasta ahora este pequeño país de menos de cinco millones de habitantes había mantenido la reputación de ser uno de los lugares más seguros y tranquilos del mundo. La primera ministra ha reiterado delante de la comunidad musulmana que “Nueva Zelanda es un país que queremos por su diversidad y su voluntad de integración. Mi misión primordial será defender este ideal durante todo mi tiempo restante en el cargo”. Un desafío que se ha hecho mucho mayor desde el viernes, el día que Aotearoa (el país de la nube blanca, según los nativos maoríes) perdió la inocencia.



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Pride Barcelona prohíbe la participación de Ciudadanos en la manifestación del orgullo



Pride BCN, la entidad compuesta por las asociaciones que organizan la manifestación del orgullo LGTBI, ha decidido vetar la participación de Ciudadanos en la marcha del próximo sábado. Las asociaciones organizadoras se han reunido este miércoles y han decido prohibir la participación del partido naranja por “pactar con partidos que vulneran los derechos del colectivo LGTBI”, en referencia a Vox.

El pasado jueves 13 de junio Pride Barcelona reunió en asamblea a sus entidades sociales para debatir la participación de los partidos políticos en la manifestación. Varios partidos, entre los cuáles se encontraba Ciutadans, firmaron el compromiso de no pactar con ningún partido “que vulnerarán los derechos del colectivo LGTBI”, requisito indispensable si querían participar en dicha manifestación. Según la organización, las asociaciones han votado “por una mayoría” la exclusión de Ciudadanos de la marcha.

Por su parte, el partido de Albert Rivera ha lamentado que los organizadores “hayan cedido a las presiones políticas” y ha criticado la “discriminación que este veto supone”. En un comunicado han explicado que confían que los organizadores “recapaciten y rectifiquen”.

A falta de nuevas incorporaciones, los partidos que han confirmado su participación en la marcha del sábado son: ERC, PDeCAT, Iniciativa per Catalunya Verds y PSC,



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EE UU reprocha a España falta de liderazgo en las crisis de Venezuela y Cuba



“Somos aliados, socios y amigos”, ha declarado en castellano el jefe de la diplomacia estadounidense en España, Richard Duke Buchan. “Mi presidente es controvertido y no todo lo que dice es popular pero si miramos los hechos debemos estar de acuerdo en que se necesitan cambios dramáticos en Venezuela”, ha recalcado. A su juicio, Estados Unidos necesita en esta crisis a sus aliados “y a España por encima de todo porque la Unión Europea mira a España para fijar posiciones y forjar el consenso” en política exterior y facilitar una transición política.

El embajador ha participado en la jornada organizada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, AmChamSpain, y la organización Concordia en Madrid que ha reunido a destacados líderes políticos y empresariales para abordar los retos que afrontan EE UU y Europa y la especial posición de España en las relaciones con Latinoamérica y el norte de África.

De ahí que Buchan haya insistido en la necesidad de que España anime a las autoridades europeas a secundar las sanciones y congelación de activos contra los gerifaltes del régimen de Nicolás Maduro. El embajador ha acusado al líder venezolano de haber saqueado el país con el robo de más de 3.000 millones de dólares de los fondos públicos y ha denunciado que, con una población sumida en una dramática crisis humanitaria, el régimen ha firmado un acuerdo con Rusia de 200 millones de dólares para la renovación de su sector aéreo. “A quienes dicen que temen una invasión estadounidense y el derramamiento de sangre les recuerdo que ya hay sangre en las calles de Venezuela y que la invasión ya se ha producido a manos de funcionarios rusos y cubanos”, ha apuntado. Asimismo, el diplomático ha pedido a la “Unión Europea y a España que hagan de los derechos humanos una prioridad en sus relaciones con Cuba”.

El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, también se ha sumado a los reproches al asegurar que a España se le “nota que le hace falta determinación frente al riesgo que supone Venezuela. España y UE deben unirse a otros países para pedir que las Fuerzas Armadas remuevan a Maduro y aúpen a Juan Guaidó [como presidente] para celebrar elecciones libres”.

La lista de agravios de la actual Administración de Donald Trump va más allá y alcanza al comercio, el pulso tecnológico con China y el gasto en Defensa. El representante estadounidense ante la UE, Gordon Sondland, ha hablado sin tapujos de “decepción”. “Si mi mejor amigo viene y me pide que le haga un favor, no le voy a tratar como a un extraño. Pues así es como nos hemos sentido con la UE. Estamos decepcionados”, ha confesado en un encuentro posterior con periodistas. “Estados Unidos no puede decirles a los europeos con qué empresas trabajar para el 5G, pero si trabajan con Huawei, no podremos trabajar igual de estrechamente, no podremos compartir el mismo nivel de información y de inteligencia”, ha advertido. Porque el objetivo real, ha admitido Sondland, es China “contener a China” y que sean EE UU y la UE quienes fijen los estándares y las reglas y no al revés.

El embajador ha confiado en que ahora que la UE se enfrenta a la renovación de sus altos cargos “el nuevo liderazgo y la nueva forma de pensar se acomoden” más a los intereses de EE UU. Entre ellos, que el “América primero” que defiende Trump no se traduzca en un “Europa primero” cuando se trata de la industria de la Defensa. A pesar de reclamar un aumento del gasto, al que se han comprometido los integrantes de la OTAN para que el 2024 alcance el 2% del PIB, quiere que ese gasto se destine en buena medida a la potente industria estadounidense y no sirva para crear una verdadera industria de Defensa europea, como pretenden los líderes de la UE. “La relación que queremos es una relación equilibrada y justa. No queremos una relación en la que los mercados estadounidenses estén abiertos a las empresas europeas y los mercados europeos estén cerrados. Si esto sigue así, nosotros haremos lo mismo en el Pentágono”, zanjó.

 



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El Constitucional ratifica el fin de la causa por la muerte de José Couso



“[Este dictamen] constituye el último portazo que recibimos por parte de la justicia en esta larga lucha que comenzó hace ya 16 años. Con esta sentencia, el Constitucional pretende no solo impedir la investigación y el enjuiciamiento de criminales de guerra, sino que además imposibilita que las víctimas ejerzamos nuestro derecho a que la justicia persiga a los culpables”, ha denunciado la familia de Couso en un comunicado, tras conocer la resolución del alto tribunal. “En esta sentencia no hay nada nuevo. Poco podíamos esperar de quienes llevan años mirando hacia otro lado. En esta sentencia se refleja el contenido político de quienes —lejos de contemplar la necesaria defensa de los derechos humanos— amparan, excusan y esgrimen argumentos que protegen a los fuertes y a los socios a quienes rinden pleitesía”, añade el texto.

Según esta nueva resolución de los magistrados de la Sala Segunda, el Constitucional respalda la decisión del Tribunal Supremo de mantener el archivo de la investigación abierta por el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, que llegó a ordenar la búsqueda, captura y detención de tres militares estadounidenses (un teniente coronel, un capitán y un sargento) que supuestamente ordenaron, autorizaron y ejecutaron el disparo del proyectil contra el hotel Palestina, donde se alojaba la prensa internacional durante la guerra de Irak.

La Audiencia Nacional se vio obligada en 2015 a archivar el caso Couso después de que el PP recortara la justicia universal. “El flexo no podrá mantenerse encendido”, afirmó entonces el magistrado instructor Santiago Pedraz, que denunció que el cambio normativo “impide la persecución de cualquier crimen de guerra cometido contra un español, salvo en el difícil supuesto de que los presuntos responsables se hayan refugiado en España”. Ya que, como recuerda ahora el Constitucional, los populares establecieron como requisito para investigar estos delitos que el “procedimiento se dirija contra un español o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España, o contra un extranjero que se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas”.

Tras un recurso del PSOE, esta reforma legislativa de la formación conservadora fue avalada el pasado diciembre por el pleno del Constitucional, que consideró que este recorte no vulneraba la Ley Fundamental. Eso sí, el alto tribunal considera que este cambio normativo supone una “merma considerable” de las posibilidades de los tribunales españoles para perseguir crímenes de guerra. Aún así, su aplicación, también ha supuesto ya dar carpetazo a la investigación abierta por la Audiencia Nacional por el ataque del ejército iraquí al campo de refugiados iraníes de Ashraf en 2009, que dejó 11 muertos, además de secuestros y torturas; y el final de la causa abierta a varios dirigentes chinos por delitos de genocidio y torturas durante la ocupación del Tíbet.

“La impunidad que el Constitucional consiente, avala y sentencia supone un claro posicionamiento contra la persecución de crímenes contra la humanidad y sitúa a nuestro país en una posición de encubrimiento de estos crímenes”, ha afirmado este miércoles la familia de José Couso, que ha añadido: “Exigimos que se modifique la normativa que impide hoy que los criminales de guerra sean perseguidos en España”. Le toca ahora a las Cámaras recoger el guante.



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