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EL PAÍS

El sospechoso de los atentados de Christchurch comparece ante un tribunal neozelandés



El principal detenido por el atentado contra dos mezquitas de Christchurch, el ciudadano australiano Brenton Tarrant, ha comparecido este sábado ante un juzgado de la ciudad neozelandesa, acusado de asesinato. Tarrant ha sonreído a la prensa con una mueca de suficiencia cuando dos oficiales de la policía le han acompañado hasta el banquillo de los acusados. El juez ha ordenado a los medios de comunicación que no publiquen fotografías de su cara para garantizar su derecho a un juicio justo. Tarrant seguirá en prisión preventiva sin fianza hasta el 5 de abril.

La policía ha revelado que, según las grabaciones de que disponen, fue un solo hombre quien perpetró los ataques de ayer. Las dos mezquitas de Christchurch están a pocos minutos de distancia y el atacante se desplazó de una a otra en un episodio de terror que duró 36 minutos. La policía lo detuvo justo cuando entraba en un coche donde tenía dos bombas con las que planeaba continuar la masacre. Las cifras oficiales hablan de 49 víctimas mortales y de 39 heridos que siguen hoy hospitalizados, 11 de ellos en la unidad de cuidados intensivos.

Los agentes han hecho un registro exhaustivo de la vivienda de Tarrant en Dunedin, en la isla sur de Nueva Zelanda, donde vivía desde finales de 2017. El detenido, que había trabajado de entrenador personal, era miembro de un club de tiro donde acudía a menudo. Según sus vecinos, era un hombre tranquilo y discreto a quien le gustaba hablar de sus viajes.

Quién era Tarrant y por qué escogió Nueva Zelanda para su atentado son solo algunas de las miles de preguntas que intenta resolver este país, que por primera vez en su historia ha elevado el nivel de alerta terrorista al máximo. La policía ha enviado 125 agentes adicionales a Christchurch y ha comunicado que aunque no está buscando activamente a ningún otro sospechoso, aún no puede descartar que haya riesgo de más violencia.

Ardern promete que cambiará la legislación de armas de fuego

Las muestras de apoyo hacia la comunidad musulmana, que representa un 1% de la población, se han extendido por todas las ciudades. En Christchurch los habitantes han dejado ramos de flores, velas y mensajes de solidaridad cerca de las dos mezquitas atacadas ayer. La primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, ha viajado este sábado a la zona y ha comparecido en el Centro de Refugiados de Canterbury, donde ha extendido su más sentido pésame a las víctimas. El Gobierno ha aprobado una ayuda económica para las familias afectadas por la masacre. Las mezquitas del país siguen de momento cerradas al público por motivos de seguridad.

Para Ardern, el primer deber del Gobierno es reformar la legislación de posesión de armas del país. La líder laborista ha revelado que el australiano Tarrant adquirió una licencia de armas en noviembre de 2017. Cinco armas fueron utilizadas en el atentado de ayer, dos de ellas eran rifles semiautomáticos. Ardern ha prometido a los ciudadanos que “ha llegado la hora de cambiar la ley”.

Lo mismo ha dicho el fiscal jefe de Nueva Zelanda, David Parker, delante de las de más de 3.000 personas que se han reunido en una vigilia en el centro de Auckland, la principal ciudad del país. La multitud ha aplaudido cuando ha anunciado que el Gobierno va a prohibir los rifles semiautomáticos. En Nueva Zelanda, se calcula que hay alrededor de un millón de armas de fuego, pero se registran cifras mínimas de víctimas por disparos.

Las redes sociales, en el punto de mira

La otra gran pregunta que se plantea el Gobierno es si el atentado se podría haber prevenido. La primera ministra Ardern ha admitido que la policía está investigando si en días previos a los atentados hubo alguna publicación en Facebook u otra red social que no se investigó. De momento, ningún miembro de las agencias de espionaje ha presentado su dimisión pese a la presión pública. 

Se trata de una investigación muy compleja, según la dirigente neozelandesa. Ardern responde así a los que acusan al Gobierno de concentrarse solo en la amenaza de terrorismo islamista e ignorar el crecimiento de simpatizantes de la extrema derecha. Christchurch se considera un caldo de cultivo de los supremacistas, que en los últimos años también han bebido del discurso antiinmigración en otras partes del mundo. Ni Tarrant ni los otros dos detenidos por los atentados del viernes estaban en ninguna lista de sospechosos de los servicios de inteligencia en Australia o Nueva Zelanda.

Uno de los focos de investigación de la policía de Nueva Zelanda son las redes sociales. El australiano Tarrant filmó el ataque y lo divulgó en directo por Internet, al mismo tiempo que publicaba su manifiesto de más de 70 páginas, en el que detalla las razones para perpetrar semejante matanza.

Aunque el Gobierno ha recordado que la incitación al odio es un delito penado por la ley, la realidad es que las redes sociales están hoy inundadas de mensajes de rechazo a cualquier forma de violencia: “Esta no es nuestra Nueva Zelanda”, “Nos mantendremos unidos” o “Ellos (las víctimas) somos nosotros. Nosotros somos ellos”, son algunos de ellos.

Estos mensajes reflejan la principal pregunta que resuena en las calles de toda Nueva Zelanda: cómo pudo pasar algo tan atroz en un país tan pacífico. Hasta ahora este pequeño país de menos de cinco millones de habitantes había mantenido la reputación de ser uno de los lugares más seguros y tranquilos del mundo. La primera ministra ha reiterado delante de la comunidad musulmana que “Nueva Zelanda es un país que queremos por su diversidad y su voluntad de integración. Mi misión primordial será defender este ideal durante todo mi tiempo restante en el cargo”. Un desafío que se ha hecho mucho mayor desde el viernes, el día que Aotearoa (el país de la nube blanca, según los nativos maoríes) perdió la inocencia.



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Juan Manuel Santos: “Hasta mi familia me presionaba para que rompiera las negociaciones de paz”



El expresidente de Colombia Juan Manuel Santos (2010-2018) y su homólogo español Felipe González han coincidido este martes en Madrid en subrayar que la búsqueda de la justicia y la reparación de las víctimas es la clave de bóveda de todo proceso de transición política. “El proceso de paz colombiano fue un paso decisivo para construir una democracia incluyente, focalizada en las víctimas. Logró sustituir las botas por los votos”, afirmó el líder socialista español como resumen de unos acuerdos extraordinariamente complejos que pusieron fin a una etapa de violencia pública en el país suramericano que se prolongó durante más de medio siglo y causó cientos de miles de víctimas y millones de desplazados. Y no solo eso: como dijo González, dejó claro para siempre que “el camino de las botas ya no tenía salida”.

En un acto celebrado en Casa de América con motivo de la presentación del libro de memorias de Santos, titulado La batalla por la paz (Península) , en el que también participó el exministro israelí de Asuntos Exteriores, Shlomo Ben Ami, el premio Nobel de la Paz colombiano hizo hincapié en que reconocer a las víctimas fue el primer paso y que éstas frente a sus temores fueron las “más generosas”. No fue un camino fácil. “En los procesos de paz hay insatisfechos en los dos lados. ¿Dónde se traza la línea entre la justicia y la paz? Yo les dije a los negociadores: busquen un máximo de justicia para lograr la paz”. Y remató como aviso para navegantes: “Cuando las emociones se imponen a los argumentos es peligroso”.

Aquel proceso con la guerrilla de las FARC no llegó a ser coronado con una victoria del sí en el referéndum celebrado en 2016 porque quizá como escribe su propio protagonista “hacer la paz es más difícil que hacer la guerra. Construir la paz es más difícil que silenciar los fusiles”. Aquel fracaso dejó traiciones y cicatrices, pero no rencor. Colombia celebró el pasado año las elecciones presidenciales más seguras y tranquilas de su historia y esa esperanza se puso de manifiesto ayer en el centro de Madrid con un apasionante debate sobre justicia y transición democrática a partir del caso colombiano.

Ben Ami, por su parte, destacó tres importantes características del proceso de paz colombiano. Primero, “la revolución diplomática con Venezuela que hizo que el eje bolivariano le restase oxígeno a la guerrilla; en segundo lugar, la eficaz acción del Ejército y por último, que no hubiese ningún elemento ideólogico en las negociaciones”. Felipe González coincidió y añadió dos elementos más: que se negociara sin un alto el fuego previo y el secreto con que se llevaron las conversaciones. Santos explicó que renunció al cese el fuego porque implicaba un rearme de la guerrilla y que todo el proceso fue muy duro, ya que siguió habiendo atentados: “Hasta mi familia me presionaba para que rompiera las negociaciones”.

La batalla por la paz es en cierta forma una continuación de un libro anterior de Santos, Jaque al terrorismo, y el interés de las memorias, como señaló González, “es que es un útil referente para otros conflictos”. En Colombia, afirmó, “se fijó el perímetro en el que se desenvolvió la negociación y cómo se acuerdan y se pactan los puntos a negociar. Nada de diálogo por el diálogo como se dice ahora. Y de ahí su éxito”.

El proceso de paz colombiano parece “irreversible” como asegura Santos. Las temidas FARC, convertidas hoy en partido político, solo obtuvieron un escasísimo porcentaje de votos en las elecciones de 2018. Al vencedor, el actual presidente Iván Duque, que ahora cuestiona algunos aspectos de los acuerdos, le toca gestionar la herencia.



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EL PAÍS

Así lucharán los principales partidos contra la desigualdad



Isabel Calvo es auxiliar de asistencia a domicilio en el sistema de atención a la dependencia. Gana 733 euros al mes por trabajar 30 horas semanales en una subcontrata. “Mi trabajo es invisible y precario. No llegamos a fin de mes con los sueldos que tenemos”, afirma frente a los representantes políticos de los principales políticos que debatirán justo después en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, sobre cómo reducir la desigualdad. Ella es una de los 9,9 millones de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza en España, de los que 2,3 millones son niños, según Eurostat. “Es imprescindible garantizar que todos tengamos suficientes ingresos para vivir, y que si no conseguimos un trabajo, sea el Estado el que lo haga”, se dirige la mujer a los responsables de economía de PSOE, PP, Podemos y Ciudadanos.

¿Qué proponen los representantes políticos para responder a las demandas de Calvo? Esta es la pregunta a la que han respondido en una charla, también con expertos en la materia, organizada por Oxfam Intermón este martes. Para Chema Vera, director de la ONG, es fundamental que los partidos incluyan en sus programas electorales una hoja de ruta contra la desigualdad para los próximos 10 años, que es lo que en su opinión puede llevar alcanzar el número 10 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. Lo que según la propuesta de la organización se conseguiría cuando el 40% de la población más pobre tuviera la misma riqueza que el 10% más rico. España parte de una situación crítica pues la crisis económica afectó desproporcionadamente a las rentas más bajas, lo que aún hoy, mantiene al país en el cuarto puesto de países más desiguales de la Unión Europea, tras Bulgaria, Lituania y Letonia.

Han coincidido los participantes en la necesidad de atajar este problema. Para ello han centrado sus discursos en el papel de la creación de empleo y asegurar unos ingresos mínimos para revertir la pobreza, así como los permisos de paternidad y la educación de cero a tres años para reducir la brecha de género. En el cómo, cuándo y cuánto es donde surgen las diferencias.  

Creación de empleo

La base para acabar con la desigualdad es la creación de empleo, que está en el centro del programa del PP. Creación de empleo y reducción de desigualdad son sinónimos

Alberto Nadal, Partido Popular

Manuel Escudero, PSOE: “La ecuación de que la creación de empleo reduce la desigualdad es falsa, porque si los salarios son de miseria y quedan por debajo de los mínimos, no se resuelve el problema. Que es lo que ha estado pasando en este país”

Manuel Escudero, del PSOE, ha defendido la reciente subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros mensuales como una de las herramientas para reducir la desigualdad. “La ecuación de que la creación de empleo la reduce es falsa, porque si los salarios son de miseria y quedan por debajo de los mínimos, no se resuelve el problema. Que es lo que ha estado pasando en este país”, ha anotado. Justo esa fórmula es la que ha propuesto el candidato del PP, Alberto Nadal. “La base para acabar con la desigualdad es la creación de empleo, que está en el centro del programa del Partido Popular. Creación de empleo y reducción de inequidad son sinónimos”, ha afirmado. Y ha advertido de los riesgos de “dar saltos demasiado grandes” en la subida del salario mínimo pues, en su opinión, puede significar la destrucción de puestos de trabajo.

En su turno de palabra, Ignacio Álvarez, de Podemos, ha rebatido las afirmaciones de Nadal. “El 15% de trabajadores son pobres, viven por debajo del umbral de la pobreza. No hay que tener de partida un mercado que genere tantas desigualdades, pero como el que tenemos es el que es, hay que tomar medidas de protección social que es escasa, limitada y distribuida de forma desigual entre comunidades autónomas”, ha dicho. “La pobreza laboral es muy grave”, ha analizado el diagnóstico Antonio Roldán, de Ciudadanos. “Hay diferentes respuestas y hay que debatirlas todas. El Gobierno de Sánchez ha optado por subir el salario mínimo interprofesional. Esto sirve para las personas que tienen empleo, y puede suponer que otros lo pierdan”, ha asegurado. Su propuesta: “El complemento salarial e impuestos negativos, que por debajo de cierto umbral de 15.000 o 17.000 euros, en vez de pagar impuestos, los recibes a través de un ingreso del Estado”.

Reducción de la temporalidad

Podemos propone subir las indemnizaciones de los contratos temporales a 33 días por año y endurecer la causalidad.  Ignacio Álvarez: “No hay ningún motivo que haya un contrato temporal de menos de un mes”

En torno a la cuestión de la precariedad laboral, además de la garantía de un salario digno, como reclamaba Calvo, los participantes también han apuntado la necesidad de reducir e incluso acabar con la temporalidad en el mercado de trabajo. Frente a la propuesta de contrato único, con una indemnización de 20 días por año trabajado en caso de despido que propone Ciudadanos, el representante del PSOE ha defendido una revisión de las causas de la temporalidad y más controles para evitar que se formalicen contratos temporales sin justificación. “Con el contrato único, lo que entra por la puerta sale por la ventana. Se flexibiliza el despido, es decir, se precariza el contrato indefinido”, ha argumentado.

De prosperar la propuesta de Ciudadanos, la indemnización por despido de los nuevos contratados de forma indefinida sería inferior a la actual. Podemos propone, sin embargo, convertir los temporales en indefinidos, subir las indemnizaciones de los contratos temporales que queden a 33 días por año y endurecer la causalidad. “No hay ningún motivo para que exista un contrato temporal de menos de un mes”, ha agregado.

Renta mínima

Garantizar una renta mínima tiene dos problemas básicos: de incentivos, que gente que trabajaría, no lo hace, y otro de financiación

Antonio Roldán, Ciudadanos

Tener un trabajo ya no es garantía de salir de la pobreza. No tenerlo durante mucho supone depender de las ayudas para sobrevivir. ¿Es una renta mínima universal una solución? Para Ciudadanos, no. “Tiene dos problemas básicos: de incentivos, que gente que trabajaría, no lo hace, y otro de financiación”, ha justificado Roldán. Por su parte, Podemos ha calculado que por hogar unipersonal tiene que haber 600 euros de ingresos. Álvarez ha explicado así su propuesta: “Aquellos que carecen de trabajo, reciben este ingreso, y una ayuda que complemente hasta 900 euros cuando se encuentra un trabajo, para que la pérdida de la ayuda no sea inmediata. Esto tiene un coste, un punto del PIB en este momento”.

Desigualdad de género

Para reducir la desigualdad de género en el acceso al mercado de trabajo y en los salarios, todos los partidos han apuntado como herramientas fundamentales los permisos de paternidad y la educación de cero a tres años. PP y Ciudadanos han hablado de igualar progresivamente los permisos de paternidad y maternidad según marche la economía. Podemos le ha puesto número a su promesa: aumentar ambos hasta las 24 semanas. “Para el final de la legislatura”, ha puntualizado Álvarez, quien ha coincidido con el político socialista en sugerir que la educación de cero a tres años debe ser universal y garantizada. El representante de la formación naranja ha hablado de “universalizar” la educación en esta etapa de la vida con cheques bebé, sin dar detalles de la cuantía o la fórmula para hacer llegar el dinero a las familias. El representante del Partido Popular, que ya acordó con Ciudadanos en los Presupuestos Generales de 2018 una ayuda vía devolución fiscal de 1.000 euros por hijo a cargo, ha anunciado que aumentará esta cantidad a 2.000 euros.

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EL PAÍS

Rivera propone a Casado una coalición de Gobierno por “obligación patriótica”



El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha ofrecido este martes al líder del Partido Popular, Pablo Casado, una coalición de Gobierno tras las elecciones que tenga como objetivo atajar una situación que ha calificado como “emergencia nacional”: echar a Pedro Sánchez del Gobierno de España. “Es una obligación patriótica”, ha asegurado en un acto en A Coruña. 

“Los ciudadanos tendrán que decidir si ese gobierno lo encabeza Ciudadanos o el PP”, ha dicho ante unas 300 personas y junto a las cabezas de lista al Congreso por A Coruña y Pontevedra, Marta Rivera y Beatriz Pino. Rivera está convencido de que debe ser Ciudadanos quien encabece ese gobierno y ha llamado a la movilización de su electorado. “Quiero que reventéis las urnas de votos naranjas”, ha expuesto en un discurso en el que asegurado que la elección es o un gobierno de Sánchez “con los separatistas y Podemos” o uno de “Ciudadanos con el PP”.

Rivera ha hecho reiterados llamamientos para que la ciudadanía acuda a votar el 28 de abril y respalde el proyecto de la formación naranja, con el objetivo de llevar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “a la oposición”. “Para frenar a los nacionalistas” y para decir al bipartidismo “basta de conformismo”, ha recalcado.

Fuentes del PP aseguran que Rivera “podía haberlo pensado un día antes de que acabe el plazo de candidaturas”, ya que ahora “ya es tarde hacer una coalición entre partidos antes de las elecciones”. Según los populares, su “oferta de coalición” es “con todos los votantes de centro derecha para que aúnen su voto en torno al PP como único valor seguro para echar a Sanchez”. También recuerdan que Rivera “no ha querido hacer candidaturas únicas entre PP y Ciudadanos ni siquiera en el Pais Vasco, donde se le ha ofrecido hacerlo porque ellos nunca obtienen representación allí”, informa Natalia Junquera.



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