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EL PAÍS

El tribunal permite a los acusados hablar en catalán, pero con traducción consecutiva



Los acusados en el juicio del procés podrán realizar sus declaraciones en catalán, si así lo desean, para lo que el tribunal ha dispuesto la presencia de dos intérpretes jurados de traducción consecutiva. La sala presidida por Manuel Marchena rechaza que los interrogatorios se realicen mediante traducción simultánea. “Supondría una inadmisible restricción del principio de publicidad, por cuanto supondría que todos los que están en esta sala o fuera de esta sala y que no disponen de auriculares no podrían entender las respuestas exoneratorias de los acusados”.

Este es uno de los puntos que se han abordado en la resolución de las cuestiones previas con la que ha arrancado este jueves la tercera jornada del juicio a los dirigentes independentistas en el Tribunal Supremo, poco antes de que el exvicepresidente del Gobierno catalán, Oriol Junqueras, comenzara su declaración.

Sobre la posibilidad de que los letrados realicen las preguntas a sus clientes en catalán, el presidente del tribunal ha replicado: “Esto está en manifiesta contradicción con lo que dispone el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial”, que establece, en aquellas comunidades sin lengua cooficial “en todas las actuaciones judiciales, los jueces, magistrados, fiscales, secretarios y demás funcionarios de juzgados y tribunales usarán el castellano, lengua oficial del Estado”. Marchena, sobre la base del mismo precepto legal, ha advertido de que si los acusados optan por el castellano para dirigirse al tribunal, ello no podrá ser alegado como motivo de indefensión.

El presidente ha adaptado al caso normas administrativas sobre el uso de lenguas cooficiales españolas y la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias, citado por numerosas defensas para su pretensión de que en el juicio haya un servicio de interpretación simultánea. El tribunal ha dicho que esta carta debe ser interpretada en relación con otros textos, como el informe explicativo que hace el propio Consejo de Europa sobre su carácter vinculante. Y ha citado: “La Carta no otorga derechos individuales ni colectivos a los hablantes de una lengua minoritaria solo concede el derecho a reclamar la aplicación de los principios de la Carta, lo que conllevará un saludable efecto en la situación de esas comunidades”.

Sobre estos principios el tribunal ha determinado lo siguiente: “Cualquiera de los procesados o acusados que quiera responder en su propia lengua materna podrá hacerlo”. Y ha añadido Marchena: “la razón por la que la Sala reconoce este derecho está ligada fundamentalmente a la capacidad de optar por razones emocionales” a hablar en su lengua materna al tribunal a través de intérpretes consecutivos. “Esta decisión no está vinculada a una hipotética indefensión”, ha remarcado Marchena.

“Llevamos cuatro meses en la causa exclusivamente en castellano y no se ha hecho la más mínima alusión a la reivindicación de la posibilidad de responder en la lengua catalana”, ha recordado no obstante Marchena. El presidente del tribunal ha puesto de relieve que los acusados, en fase de instrucción, no pidieron declarar en catalán para defenderse mejor cuando estaba en juego la posibilidad de ingresar en prisión provisional.

El presidente del tribunal también ha recordado que las recomendaciones del Consejo de Europa sobre el uso de las lenguas cooficiales en el ámbito de la administración de Justicia se refieren a las comunidades autónomas con estos idiomas propios. Esta limitación territorial está reconocida por la propia Generalitat de Cataluña, ha dicho Marchena. En el ámbito judicial estatal, el Estatuto de Autonomía dispone que los ciudadanos podrán dirigirse a los tribunales en catalán “por escrito” y que esos escritos podrán tener plena eficacia jurídica. “Eso es lo que va a hacer esta sala: dar plena eficacia jurídica a los escritos presentados en catalán y reconocer el derecho de los acusados de responder en la propia lengua materna”.

El juicio a los dirigentes independentistas por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la posterior declaración unilateral de independencia arrancó el martes en el Tribunal Supremo en Madrid. En el banquillo se sientan Oriol Junqueras, los exconsejeros Raül Romeva, Josep Rull, Jodi Turull, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Borràs; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresidente de la ANC y actual diputado de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart. La Fiscalía pide para ellos entre 7 y 25 años de prisión por los delitos de rebelión, malversación y desobediencia. Se calcula que el juicio dure unos tres meses.



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EL PAÍS

Así nos alimentamos mejor en mi ciudad ¿Y en la suya?



En Valencia se han protegido 18.000 metros cuadrados para ponerlo a disposición de los vecinos y que puedan levantar en ellos huertos urbanos. Estudiantes de Nueva York auspiciados por el Ayuntamiento han analizado los desperdicios generados en la Universidad y han hecho campañas de concienciación. En Quito se ha aumentado la biodiversidad de sus alimentos a través de programas de cultivos. En Praia se han repartido kits de agricultura de cerca de 30 euros para que las personas planten verduras en sus casas. En Nairobi han eliminado a intermediarios para reducir costes y han mejorado el almacenamiento y la refrigeración de productos. En la ciudad indonesia de Surabaya se han lanzado programas de formación de pequeñas empresas para mujeres y repartido semillas…

Son experiencias locales de los cinco continentes, mayores o menores, con más o menos éxito, que pasarán a formar parte del corpus de conocimiento y prácticas que se gestionarán desde el nuevo Centro Mundial de Valencia para la Alimentación Urbana Sostenible (CEMAS), una iniciativa liderada por el consistorio local y la Agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que ha sido presentada este martes en la sede de la ONU, en Nueva York, y será inaugurada el próximo 1 de abril en la Marina de Valencia.

“Presentamos algo que hacemos con ilusión y con un consenso amplio. Y es el momento porque va a ser un tema crítico en los próximos años. Solo hay que extrapolar los datos de demanda de alimentos en las ciudades, de agua, de material, de energía; el aumento de la obesidad o ver la distancia en la que se cultiva lo que comemos para saber que necesitaremos cambios profundos desde la dieta hasta el sistema”, señala el alcalde de Valencia, Joan Ribó, justo tras presentar el CEMAS ante la ONU. Ha sucedido durante el encuentro De los problemas globales a las prioridades locales: el papel de las ciudades en la agenda global, incluidas las ciudades para el desarrollo sostenible, la seguridad alimentaria, la nutrición y el cambio climático celebrado en la sede de la organización, donde se expusieron las experiencias de estas seis ciudades ante la presidenta de la Asamblea, María Fernanda Espinosa. “En las ciudades somos capaces de traducir lo normativo a lo práctico y tener impacto directo en la población. Los gobiernos locales inciden en la capacidad de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”, expresó Espinosa en la apertura del evento, en el que también participó ONU-Hábitat.

Las ciudades han asumido que tienen capacidad de acción y de respuesta rápida y reconocen responsabilidades con los ODS

Los datos y evidencias se repiten de forma reiterada en el discurso:

“Sin las ciudades es imposible cumplir los ODS. Hace falta generar una nueva arquitectura internacional”, señala el alcalde de Quito

– cerca del 55% de la población mundial vive en zonas urbanas, y para el 2050 está previsto que aumente hasta el 68%, en particular en África y el Sudeste asiático, donde se concentra el hambre y la pobreza

– alrededor del 80% de todos los alimentos producidos se consumen en zonas urbanas

– las migraciones a las ciudades son imparables y su crecimiento informal genera descontrol, inseguridad e insalubridad en la planificación y el abastecimiento de productos

– los alimentos ultraprocesados, altos en grasas, sales y azúcares, provocan cada vez más obesidad en estos entornos

– el abandono de los cultivos tradicionales reduce la biodiversidad

– las áreas urbanas cubren solo 3% de la superficie del planeta, pero consumen entre 60% y 80% de la energía mundial, emiten alrededor de 75% del total de emisiones de efecto invernadero y usan más de 75% de los recursos naturales…

Educar sobre las dietas saludables y reducir el desperdicio alimentario, que alcanza un tercio en el mundo, se suman a esta narrativa.

Frente a este panorama, las ciudades han asumido que tienen capacidad de acción y de respuesta rápida y reconocen responsabilidades con los ODS, por lo que cada vez se unen más para crear redes de intercambio y colaboración, con eventos como el Pacto de Milán en 2015, para generar sistemas alimentarios sostenibles, inclusivos, resilientes, seguros y diversificados.

Valencia tomó el testigo, fue elegida Capital Mundial de la Alimentación Sostenible en 2017 y celebró la cumbre de alcaldes de las ciudades firmantes del texto italiano. El impulso prosigue ahora con el CEMAS, que se centrará en recopilar y comunicar estas experiencias y contará con el asesoramiento de la FAO en cuestiones técnicas, estadísticas, de contactos… “Hay que informar, conocer los saberes tradicionales, sanos y saludables. Y Valencia ha tomado el liderazgo en este ámbito. Las experiencias se pueden replicar en otras partes y que todos perciban cómo desarrollar distintas ideas”, señaló José Graziano da Silva, director general de la FAO, que muestra especial preocupación por el aumento de la obesidad y sus costes en salud y sanitarios o el cambio climático y su repercusión en la agricultura. “Hay que traer la agricultura a la ciudad, con alimentos frescos, de estación, accesibles, de calidad”, añadió.

El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, reconoció el poder de las ciudades y solicitó a las altas instancias cobertura para acometer las medidas. “Sin las ciudades es imposible cumplir los ODS. Hace falta generar una nueva arquitectura internacional, también con recursos del sector privado y estados con legislaciones claras, sencillas y estables”, expuso Rodas, que requirió también de apoyo técnico para preparar los proyectos e involucrar a los jóvenes y a las comunidades en los ODS.

“Hay que mostrar a las ciudades que se puede marcar la diferencia, que puede existir la democratización alimentaria. Pero las ciudades compran fondos de inversión, hay control de las multinacionales. No se puede localizar todo, pero pensemos en esferas de decisiones cercanas”, indicó por su lado Emilia Sáiz, secretaria general de Ciudades y gobiernos locales unidos. “Sabemos que no será rápido, que es una tarea a largo plazo, pero la situación conduce a un escenario  insostenible e imposible. Es ahora un momento inminente y emocionante”, declaró Ribó.

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EL PAÍS

El Manchester City se levanta y gana con un jugador menos



Schalke: Fahrmann; Caliguri, Bruma, Salif Sané, Nastasic, Oczipka; Serdar, Bentaleb, Mckenni (Skrzybski, m. 77); Uth (Harit, m. 88), Mendyl (Burgstaller, m. 65). No utilizados: Nubel, Kutucu, Matondo, Nubel, Rudy.

M. City: Ederson; Walker, Fernandinho, Otamendi, Laporte; De Bruyne (Zinchenko, m. 87), Gündogan, D. Silva (Kompany, m. 70); B. Silva, Agüero, Sterling. No utilizados: Muric, Danilo, Foden, Mahrez.

Goles: 0-1. M. Agüero. 1-1. M. 38. Bentaleb, de penalti. 2-1. M. 45. Bentaleb, de penalti. 2-2. M. 85. Sané. 2-3. M. 91. Sterling.

Árbitro: Del Cerro Grande. Roja a Otamendi por doble amarilla (m. 68). Amonestó a Uth, Fernandinho y Sané. VAR: H. Hernández.

Veltins Arena, 54.517 espectadores.



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EL PAÍS

La fiscalía se enreda



Dice Josep Rull que lleva un año durmiendo “en la misma celda que Jordi Turull”, lo que ya es más tiempo que Pedro Sánchez en el colchón nuevo de La Moncloa. Rull y Turull parecen haber desarrollado esa mímesis que el presidente del Gobierno, tirando de refranero, atribuye en su libro de memorias a los que duermen juntos. La declaración de Rull parece la misma que la prestada el día anterior por Turull ante el fiscal y la abogada del Estado. En el fondo, en la forma y hasta en la altanería del “mire usted”. Así que la quinta jornada del juicio en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo va transcurriendo de forma muy previsible hasta que Rull protesta de forma aireada porque la fiscal Consuelo Madrigal, durante una pregunta, le atribuye haber dicho una palabra que él jura no haber pronunciado en una entrevista concedida en aquellos días frenéticos del desafío secesionista.

El juez Manuel Marchena detiene el interrogatorio. Madrigal, quien desde enero de 2015 a noviembre de 2016 fue fiscal general del Estado, rescata del sumario la entrevista en cuestión y, efectivamente, el exconsejero catalán de Territorio y Sostenibilidad no había dicho la palabra “espectacular”. Desde el fondo de la sala llega un murmullo, muy parecido a los que el día anterior se produjeron cuando el fiscal Jaime Moreno formulaba una pregunta fallida e idénticos a los que Madrigal escuchará durante toda la mañana. Los lapsus, las imprecisiones, los largos silencios para consultar documentación y directamente los errores —que los acusados atribuyen a maldad y fullería— se convierten en la tónica de la jornada. La fiscal llega a hablar de la Sindicatura de Cuentas cuando en realidad quería referirse a la Sindicatura Electoral [activada tras la aprobación de la ley del referéndum en septiembre 2017] o confunde la XI legislatura del Parlamento catalán con el año 2011. Pero los problemas no terminan ahí. Cuando no se equivoca, Madrigal titubea —“ahora le voy a preguntar…, ah, no, vamos a ir más rápido”— o lanza preguntas muy generales, del tipo “¿cuáles eran las competencias de su departamento?”, que vienen a convertirse en un regalo para Josep Rull. El exconsejero de Puigdemont ve la puerta abierta para, primero, intentar poner en ridículo a los representantes del Estado, y a continuación dar rienda suelta a sus alegatos políticos.

El desvalimiento de Consuelo Mayoral es tan evidente que Manuel Marchena, que fue fiscal antes que juez, tuvo que correr en su auxilio poniéndole coto a los ataques del acusado:

—Señor Rull, no convierta su interrogatorio en el interrogatorio del ministerio fiscal.

La cuestión podría ser baladí en otras circunstancias, pero no en estas. Por la importancia de los hechos que se juzgan para el futuro del país y porque el independentismo intenta cada día convertir el juicio en un proceso a la justicia y a la calidad democrática de España. Y todo ello retransmitido en directo a todo el mundo.

No se entiende por tanto que la fiscalía esté arrojando una imagen tan endeble, según coinciden los abogados presentes e incluso—en privado— altos representantes del Supremo. Salvo Javier Zaragoza, que hizo su alegato el primer día y volvió el miércoles por la noche a protagonizar un férreo interrogatorio a Carles Mundó, los otros fiscales encargados del juicio han dado la impresión de que ni se han estudiado a fondo el sumario, ni se han preparado los interrogatorios, ni eran conscientes hasta ahora de la entidad del adversario. Hay que tener en cuenta que, frente a los fiscales, se sienta una auténtica batería de abogados, muchos de ellos de gran solvencia. Y que en el banquillo están sentados 12 políticos que han tenido todo el tiempo del mundo durante el último año –nueve de ellos siguen encarcelados— para preparar su defensa.

Hay dos preguntas que no se formularán bajo las grandes lámparas del Salón de Plenos, pero que van tomando forma. Si la fiscalía cree de verdad que algunos de los acusados cometieron el delito de rebelión, ¿por qué sus interrogatorios apenas hacen hincapié en ese delito y sí en los de desobediencia y malversación? La otra es aún más grave: ¿es esta toda la artillería legal que tiene España para contrarrestar un supuesto golpe de Estado?

Ante la falta de adversario, los acusados se dedican a la poesía. Josep Rull dijo a media mañana que todas sus actuaciones solo pretendían dar forma política a “miles de horas de esperanza”.



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