Connect with us

EL PAÍS

El tribunal permite a los acusados hablar en catalán, pero con traducción consecutiva



Los acusados en el juicio del procés podrán realizar sus declaraciones en catalán, si así lo desean, para lo que el tribunal ha dispuesto la presencia de dos intérpretes jurados de traducción consecutiva. La sala presidida por Manuel Marchena rechaza que los interrogatorios se realicen mediante traducción simultánea. “Supondría una inadmisible restricción del principio de publicidad, por cuanto supondría que todos los que están en esta sala o fuera de esta sala y que no disponen de auriculares no podrían entender las respuestas exoneratorias de los acusados”.

Este es uno de los puntos que se han abordado en la resolución de las cuestiones previas con la que ha arrancado este jueves la tercera jornada del juicio a los dirigentes independentistas en el Tribunal Supremo, poco antes de que el exvicepresidente del Gobierno catalán, Oriol Junqueras, comenzara su declaración.

Sobre la posibilidad de que los letrados realicen las preguntas a sus clientes en catalán, el presidente del tribunal ha replicado: “Esto está en manifiesta contradicción con lo que dispone el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial”, que establece, en aquellas comunidades sin lengua cooficial “en todas las actuaciones judiciales, los jueces, magistrados, fiscales, secretarios y demás funcionarios de juzgados y tribunales usarán el castellano, lengua oficial del Estado”. Marchena, sobre la base del mismo precepto legal, ha advertido de que si los acusados optan por el castellano para dirigirse al tribunal, ello no podrá ser alegado como motivo de indefensión.

El presidente ha adaptado al caso normas administrativas sobre el uso de lenguas cooficiales españolas y la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias, citado por numerosas defensas para su pretensión de que en el juicio haya un servicio de interpretación simultánea. El tribunal ha dicho que esta carta debe ser interpretada en relación con otros textos, como el informe explicativo que hace el propio Consejo de Europa sobre su carácter vinculante. Y ha citado: “La Carta no otorga derechos individuales ni colectivos a los hablantes de una lengua minoritaria solo concede el derecho a reclamar la aplicación de los principios de la Carta, lo que conllevará un saludable efecto en la situación de esas comunidades”.

Sobre estos principios el tribunal ha determinado lo siguiente: “Cualquiera de los procesados o acusados que quiera responder en su propia lengua materna podrá hacerlo”. Y ha añadido Marchena: “la razón por la que la Sala reconoce este derecho está ligada fundamentalmente a la capacidad de optar por razones emocionales” a hablar en su lengua materna al tribunal a través de intérpretes consecutivos. “Esta decisión no está vinculada a una hipotética indefensión”, ha remarcado Marchena.

“Llevamos cuatro meses en la causa exclusivamente en castellano y no se ha hecho la más mínima alusión a la reivindicación de la posibilidad de responder en la lengua catalana”, ha recordado no obstante Marchena. El presidente del tribunal ha puesto de relieve que los acusados, en fase de instrucción, no pidieron declarar en catalán para defenderse mejor cuando estaba en juego la posibilidad de ingresar en prisión provisional.

El presidente del tribunal también ha recordado que las recomendaciones del Consejo de Europa sobre el uso de las lenguas cooficiales en el ámbito de la administración de Justicia se refieren a las comunidades autónomas con estos idiomas propios. Esta limitación territorial está reconocida por la propia Generalitat de Cataluña, ha dicho Marchena. En el ámbito judicial estatal, el Estatuto de Autonomía dispone que los ciudadanos podrán dirigirse a los tribunales en catalán “por escrito” y que esos escritos podrán tener plena eficacia jurídica. “Eso es lo que va a hacer esta sala: dar plena eficacia jurídica a los escritos presentados en catalán y reconocer el derecho de los acusados de responder en la propia lengua materna”.

El juicio a los dirigentes independentistas por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la posterior declaración unilateral de independencia arrancó el martes en el Tribunal Supremo en Madrid. En el banquillo se sientan Oriol Junqueras, los exconsejeros Raül Romeva, Josep Rull, Jodi Turull, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Borràs; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresidente de la ANC y actual diputado de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart. La Fiscalía pide para ellos entre 7 y 25 años de prisión por los delitos de rebelión, malversación y desobediencia. Se calcula que el juicio dure unos tres meses.



Source link

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

EL PAÍS

La cascada interior más alta del mundo está en un aeropuerto




Los 137.000 metros cuadrados de la nueva terminal del aeropuerto Changi de Singapur acogen un bosque con saltos de agua y espacios comerciales bajo una cúpula de cristal y acero



Source link

Continue Reading

EL PAÍS

La Fiscalía ‘salva’ a las patrullas de Mossos acusadas de pasividad el 1-O



La Fiscalía, que acusa de rebelión a la cúpula de los Mossos d’Esquadra por su pasividad en el dispositivo del 1-O, no ve delito de ningún tipo, en cambio, en la conducta de los agentes que acudieron a los colegios electorales. Una juez de El Vendrell (Tarragona) se ha visto obligada a dar carpetazo a la causa contra más de 30 policías autonómicos, pese a que en su opinión hay indicios claros de desobediencia. La juez reprocha a la Fiscalía que actúe de forma “contradictoria” por “argumentar dos cosas distintas a la vez”, según el auto al que ha accedido EL PAÍS.

Unos 70 agentes y mandos intermedios de los Mossos d’Esquadra afrontan causas penales en toda Cataluña por ponerse de perfil ante el referéndum del 1 de octubre de 2017. La mitad de ellos estaban siendo investigados en El Vendrell a raíz de denuncias ciudadanas. Ahora, han sido exculpados gracias a la Fiscalía.

Aunque inicialmente estaba de acuerdo en impulsar la investigación, el ministerio público ya no aprecia indicios de delito. Los agentes “hacían lo que podían sin medios” y estaban “sujetos al principio de jerarquía”, o sea sometidos a sus jefes. Y recuerda que la actuación de esos “mandos superiores” ya fue objeto de investigación en la Audiencia Nacional, que ha procesado al major de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, por rebelión. Trapero afronta una petición de 11 años de cárcel por poner al cuerpo policial, presuntamente, al servicio del Govern de Carles Puigdemont.

La Fiscalía admite que el dispositivo desplegado el 1-O fue “insuficiente” porque cada binomio -las patrullas de seguridad ciudadana desplegadas en los más de 2.200 centros de votación- disponía de un solo equipo de comunicación. Algunas patrullas ni siquiera disponían de un “vehículo” para guardar el material electoral del que, según el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, debían apoderarse.

Reproches de la juez

La juez Tamara Beltrán reprocha que no se puede defender un despliegue insuficiente y decir, a la vez, que “ha habido una actuación correcta”. La Fiscalía “no puede contradecirse de esa manera tan directa”, señala en una resolución contundente en la que recuerda que, en el juicio del procés ante el Tribunal Supremo, la fiscalía considera que los Mosos “se pusieron del lado de la rebelión y eso es violencia”. La magistrada también critica que el fiscal se adhiera a la petición de archivo para todos los agentes, “sin pormenorizar” caso por caso ni valorar las grabaciones de vídeo en redes sociales o las declaraciones que obran en la causa.

La ausencia de acusación obliga a archivar la causa a la juez, que sí ve indicios de omisión del deber de perseguir delitos y desobediencia. Los patrulleros fueron, en la mayoría de casos, “meros espectadores pasivos” frente a un hecho “ilegal” y no pueden ampararse en la “jerarquía” porquela orden judicial está “por encima”. Beltrán es letal al dibujar los actos de pasividad. Para empezar, los días previos a la votación. Pese a que sabían que los centros edutativos estaban ocupados, los Mossos “no mandaron reforzar con más agentes” la zona. Pese a que el TSJC ordenó el cierre de los colegios, como máximo, a las 6 de la mañana dle día 1, “los breafings en comisarías fueron convocados fuera de toda lógica a las 6.000, lo que significó que ya fueron comisionados tarde”.

Idéntico reproche merece la actuación del 1-O. “No hay explicación” al hecho de que, como se ven en los vídeos, los binomios “se acercan a la masa congregada de ciudadanos” a las puertas del centro educativo (cita el caso de Cunit), “recibiéndo vítores”. “Tras breves momentos deinteractuar con los congregados, sin identificar a nadie”, se “retiran a un segundo plano”. “No fueron capaces ni de rodear el perímetro de las escuelas con intención de buscar algún modo de acceso al interior”.

Algunos agentes declararon que recibieron la llamada de un inspector jefe alertándoles de que la Guardia Civil iba a acudir al colegio de Cunit. Ese inspector dijo a las patrullsa, recoge el auto, que su actuación consistiría en “asistir a los heridos”. La juez ve d enuevo “incomprensible” por qué la orden “no fue la de cooperar con los agentes”, que finalmente no se presentaron. Tampoco se usaron unidades ARRO (de orden público), aunque sí las movilizó pero solo como “elemento disuasorio”. “Falta de credibilidad” del inspector, investigado también, porque se presentó como “un simple mosso”. Es “inverosímil todo lo que declara”.

Ante denuncia el mismo día 1, ella misma les requerió i fueron a un colegio donde requisaron urnas. Poco convicente que los ciudadanos “les dejaron pasar por sus galones”. Tras su ordne, solo uno y otra antes e la hora . No se acercan a las puertas del colegio a ver si habían cerado. Las actas de lsa primeras horas son “vagas y escasas”, “como si hubieran recibido una consigna de lo que debían expresar”, y en especial “la existencia de ancianos, niños, mujeres embarazadas y en general personas sde especial vunerabilidad”.

El archivo llega en plena celebración del juicio del procés, y cuando en el Tribunal Supremo está saliendo a la luz precisamente la labor de los Mossos. Los agentes de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía que intervinieron han dicho que la mayoría de parejas de Mossos (los llamados binomios) se mantuvieron pasivos, sin ayudarles a acceder a los colegios electorales.

USPAC, el sindicato de Mossos que ha llevado la defensa de la mayoría de los agentes y que solicitó el archivo, cree que el proceso “nunca se tendría que haber abierto”. Los patrullas son “el eslabón más débil de la cadena” y fueron “utilizados por los mandos de la jefatura y por todos los gobiernos, de uno y o otro lado, por fines meramente particulares y partidistas”, según fuentes del sindicato.



Source link

Continue Reading

EL PAÍS

El Institut de Estudis Catalans tercia en la polèmica del uso del término “exiliado” en TV3



El Institut de Estudis Catalans (IEC) ha querido terciar en la polémica de la utilización del término “exiliado” en los informativos y otros espacios de TV3. La Junta Electoral Provincial de Barcelona (JEPB) instó el cese del uso de esa expresión, junto con la de “presos políticos”, que se utilizaba en la televisión pública catalana por considerar que con ellos se alteraba el principio de neutralidad informativa durante el período electoral. El pronunciamiento se hizo a raíz de una denuncia de Ciudadanos y la Junta instó a TV3 a que dejara de usarlos. Desde esa resolución, TV3 no los inserta en sus informativos o en otros programas aunque sí los reproduce en un espacio en el que explica el auto de la Junta Electoral.

Ahora, la institución catalana, dirigida por Joandomènec Ros, ha querido intervenir remitiendo una carta al director de TV3, Vicent Sanchis, en la que especifica que el significado de “exiliado” en el Diccionari de la Llengua Catalana del IEC y el del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española son diferentes. Mientras que el catalán describe exiliado “el que vive fuera de su patria voluntariamente o por la fuerza” el diccionario español lo define como “expatriado, generalmente por motivos políticos”.

La institución considera “importante” la diferencia entre las dos definiciones y entiende que para la prohibición del término, la Junta “probablemente se basó en la entrada del diccionario español”. Con ello, el IEC parece sugerir al director de TV3 que con la traducción catalana no habría problema en seguir utilizando la palabra “exiliado”.

 



Source link

Continue Reading

Trending