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EL PAÍS

Facebook prepara un tribunal de apelación interno entre dudas sobre su alcance


Dar el pecho en Facebook era pecado. Hasta hace poco, la imagen de una madre amamantando a su bebé podía ser eliminada sin miramientos por violar las normas internas que prohíben la desnudez. Un grupo de afectadas incluso creó una página de protesta: “Facebook, esperamos más de ti. ¡Deja de clasificar las imágenes como obscenas!”. La retirada de este tipo de publicaciones se ha convertido en ejemplo de los límites del gigante tecnológico para controlar eficazmente el rastro dejado por sus más de 2.000 millones de seguidores.

Estas madres y todos aquellos usuarios que no estén de acuerdo con la eliminación de sus publicaciones ahora tendrán una puerta a la que tocar. Inmerso en una crisis de confianza sin precedentes, Facebook avanza hacia la creación de su Tribunal Supremo particular. Sin togas ni mazos de juez, con una jurisdicción virtual y ciudadanos que se llaman “usuarios”, el Consejo Asesor de Contenido tendrá la última palabra sobre la eliminación de ciertos mensajes y podrá obligar a la empresa a restaurarlos. Aunque está previsto que empiece a emitir juicios a finales de este año, todavía quedan muchos flecos sueltos y los expertos tienen dudas sobre su impacto e independencia.

Para allanar el camino, Facebook ha lanzado una consulta pública por internet y está organizando reuniones con la sociedad civil. La última, organizada en Ciudad de México esta semana y a la que EL PAÍS ha podido asistir, ha reunido a unas sesenta personas de toda Latinoamérica, entre periodistas, abogados y activistas, para debatir el diseño. Sobrevolando, una pregunta: ¿es esto real o un lavado de cara simbólico?

Ante las dudas, el vicepresidente de Facebook para Integridad, Guy Rosen, advierte: “No es un ejercicio de relaciones públicas”. La idea llega tras la batería de escándalos que ha sacudido Facebook en 2018. Desde la fuga masiva de datos de Cambridge Analytica a su inacción ante los mensajes de odio en el conflicto étnico de Myanmar, el annus horribilis de la empresa ha colocado a su fundador Mark Zuckerberg entre la espada y la pared. “Facebook no debería tomar tantas decisiones importantes sobre libertad de expresión y seguridad por sí mismo”, reconoció en noviembre pasado.

Hasta ahora, Facebook ha manejado a placer la varita juzgadora. Y lo ha hecho millones de veces. Solo en la categoría de incitación al odio, la compañía eliminó tres millones de publicaciones de julio a septiembre de 2018, según su último Informe de Transparencia. La compañía quiere que el nuevo Consejo se encargue de decidir sobre los casos más difíciles; los más mediáticos o aquellos cuyos matices necesiten del conocimiento de las eminencias que previsiblemente lo compondrán. Tanto Facebook como los usuarios podrán apelar a él.

El vicepresidente de Facebook Guy Rosen.


El vicepresidente de Facebook Guy Rosen.

Serán apenas cuarenta personas frente a millones de comentarios, un desequilibrio que preocupa a los expertos. “El Consejo decidirá sobre una pequeñísima fracción de casos, por lo que el impacto puede acabar siendo muy pequeño”, dice Eduardo Ferreyra, abogado de la ONG argentina Asociación por los Derechos Civiles, presente en la reciente reunión en Ciudad de México. “Debería de tener algún tipo de influencia en el desarrollo de los estándares o en el diseño del algoritmo”.

Por ahora, el sacrosanto algoritmo está fuera de la mesa y, en cuanto a las normas, Facebook solo contempla que el Consejo pueda emitir “recomendaciones”. La empresa mantendrá para sí las riendas sobre los estándares que regulan la eliminación de comentarios controvertidos y que varios activistas han criticado por no estar basados en reglas ampliamente reconocidas. “El lenguaje común no deben de ser los Community Standards, sino un marco de derechos humanos”, opina Vladimir Cortés, de la ONG mexicana Artículo 19.

Más allá de las atribuciones, hay dudas sobre la independencia y la selección de sus miembros. Según el borrador, Facebook elegirá a los cuarenta primeros, que servirán a tiempo parcial por un periodo de tres años, en base a criterios todavía vagos como la “diversidad de conocimientos y perspectivas” no se menciona, por ejemplo, la igualdad de género. En cuanto a su financiación, Facebook está considerando crear un fondo fiduciario independiente, después de que expertos expresaran su preocupación sobre un modelo de financiación directa.

Los mismos responsables de Facebook reconocen que el Consejo no es una panacea, sino la punta de una pirámide mucho mayor en cuya base están los revisores de contenido. Estos son los peones encargados de valorar cada comentario polémico y de decidir si se mantiene o se elimina. Son apenas 14.000, distribuidos en unos 20 países y reciben formación sobre cientos de directrices que cambian constantemente.

Pese al crecimiento del número de revisores, el doble que hace un año, la red sigue quedándose corta. Según un reportaje reciente del New York Times, estos empleados subcontratados se enfrentan a jornadas extenuantes en las que tienen que abordar hasta 1.000 casos. Rosen matiza ese extremo: “No fijamos objetivos; si necesitan más tiempo, lo pueden tener”. Además, señala, los avances tecnológicos permiten afinar cada vez más la detección de mensajes controvertidos y eliminarlos sin necesidad de mano de obra. Aun así, hay veces en que se eliminan mensajes inofensivas, y otras en que se dejan publicaciones peligrosas, como la retransmisión en vivo del terrorista que asesinó recientemente a 50 personas en una mezquita de Nueva Zelanda. 

El Consejo, la punta de lanza del nuevo sistema de vigilancia, puede ser la última oportunidad de Facebook. Hay voces poderosas, como la del cofundador de la compañía Chris Hughes, que han llamado a la creación de una agencia gubernamental independiente encargada de regular el contenido. “Puede que acabe siendo así”, reconoce Rosen, “pero nosotros tenemos un calendario muy ambicioso y no estoy seguro de que el Gobierno pueda levantarse tan rápido”.



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EL PAÍS

Una lista de periodistas que recibieron dinero público levanta la polémica en México



Según el canon de Julio Scherer García, el maestro del periodismo mexicano moderno, un periodista nunca es noticia. La máxima sobre el oficio se hizo trizas este jueves, cuando fue filtrada a los medios una lista de comunicadores que recibieron dinero público durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018). La lista con 41 nombres, entre los que figuran algunos de los informadores con más peso de México, ha causado un gran revuelo y ha encendido el debate sobre la perversa relación entre el periodismo y el poder, donde el dinero del Gobierno ha servido de broche para la unión. 

La lista asegura que los periodistas recibieron 1.080 millones de pesos, 56 millones de dólares, por conceptos de “comunicación social y otros servicios” entre los años 2013 y 2018. A la cabeza se encuentra Joaquín López Dóriga, quien fue durante 16 años el titular del informativo nocturno se Televisa, la principal televisión del país. De acuerdo al documento, el noticiero habría ingresado más de 250 millones de pesos (13 millones de dólares) a través de cuatro empresas de contenidos, una de ellas su plataforma digital. Esto ha sido rechazado por el comunicador, quien dijo nunca haber recibido un peso del Gobierno. “Registro el mensaje de la oficina del presidente López Obrador, que es difamar para callar”, dijo López Dóriga, quien recogió en abril pasado el premio Rey de España por su trayectoria periodística. 

La polémica también ha tocado a Enrique Krauze, historiador y uno de los intelectuales más influyentes del país. El documento filtrado a los periodistas asegura que las empresas de Krauze, las editoriales Vuelta y Clío, recibieron 144 millones de pesos. 28 millones por el rubro de publicidad. El resto habría sido pagado por documentales sobre el centenario de Octavio Paz, José Revueltas y el poeta Efraín Huerta, entre otros, realizados para la Secretaría de Cultura. Krauze consideró la información “tendenciosa” e “infundada” y explicó que el dinero fue recibido por sus compañías editoriales y no por él. “Letras Libres no modifica su línea editorial por presiones. En nuestro portal pueden consultarse decenas de textos y portadas críticas con los gobiernos anteriores”, explicó el historiador al diario Reforma, el primero en publicar la información, y quien publica a Krauze.  

La reacción de otros periodistas que aparecen en el listado ha sido similar. “¿Por qué solo dieron a conocer medios propiedad de periodistas? ¿Por qué no otros, como Milenio, que se llevaron más de 1.000 millones de pesos? ¿Por qué no lo recibido por las grandes televisoras, los periódicos,…?”, se preguntaba Federico Arreola, quien confirmó que SDP, el medio que posee en sociedad, recibió 153 millones de pesos (ocho millones de dólares) de la Administración del PRI. 

En el listado también figuran periodistas como Adela Micha, exconductora de Televisa (24 millones, 1.2 millones de dólares); Raymundo Riva Palacio (31 millones, 1.6 millones de dólares); Óscar Mario Beteta (74 millones, 3.8 millones de dólares) e influencers como Callo De Hacha, que a través de su empresa Comunicaciones estratégicas Newlink embolsó 47 millones de pesos (2.4 millones de dólares) por sus servicios al Gobierno de Peña Nieto. Riva Palacio ha afirmado en un texto, que ha llamado de réplica al presidente, que estos son datos viejos que han sido empaquetados nuevamente para dar sentido de actualidad a una “campaña permanente de difamación” contra periodistas críticos del mandatario de Morena. 

Los argumentos de algunos de los comunicadores exhibidos es que sus nombres y el de sus empresas han aparecido en una lista que pretende ser bochornosa, pero que en realidad representa  una mínima fracción de lo que el Ejecutivo de Peña Nieto inyectó a los medios de comunicación. A lo largo de seis años, la presidencia del PRI invirtió 60.000 millones de pesos, unos 3.000 millones de dólares en publicidad oficial. No está claro si los 1.081 millones de la lista forman parte de ese rubro o si fueron pagados en diferentes partidas. La filtración obstaculiza la transparencia. 

El 8 de mayo, el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) ordenó a la presidencia revelar los nombres de los periodistas y medios de comunicación que recibieron recursos de publicidad oficial durante el periodo de Peña Nieto. Este jueves, López Obrador admitió que la información había sido entregada el miércoles 22. Horas después se hizo pública causando una gran polémica. El INAI rechazó este viernes en un comunicado ser responsable de la filtración.

La lista comenzó a circular la noche del jueves entre los periodistas que cubren las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador. La mañana de este viernes, sin embargo, el presidente negó categóricamente que la presidencia fuera la responsable de la filtración. “Bajo palabra de decir verdad, nosotros no dimos a conocer los nombres de quienes reciben o recibían estos apoyos para trabajos informativos”, dijo López Obrador. “Eso tuvo que ver con otras dependencias”.  

Los periodistas exhibidos han lanzado muchas peguntas. ¿Cuál fue el criterio para elaborarla? ¿Por qué aparece únicamente Animal Político, un medio independiente? ¿Por qué se dejaron fuera otros medios que ingresaron más dinero que el citado? Estas y otras interrogantes continúan hoy sin respuesta en un torbellino de controversias entre el poder y la prensa que parece tomar fuerza. 



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Varsovia celebra a Kapuscinski



Una maceta y un jarrón de cristal convertidos en lapiceros reposan repletos de bolígrafos, como ramilletes de flores, sobre la tumba de Ryszard Kapuscinski en el cementerio militar de Powązki, en Varsovia. Es el homenaje de los grupos de estudiantes y reporteros que visitan a diario la sepultura del maestro del periodismo en esta ciudad que lo vio desarrollar parte de su carrera profesional. El viernes, el escritor y periodista polaco-sueco Maciej Zaremba Bielawski (1951) fue galardonado por su obra autobiográfica Una casa con dos torres con el premio Ryszard Kapuscinski al mejor reportaje literario. El reconocimiento, entregado en una ceremonia celebrada en el teatro del Palacio de la Cultura y la Ciencia de la capital en vísperas de las elecciones europeas, es el particular tributo que desde hace diez años rinde la ciudad de Varsovia a su afamado reportero.

“Si este libro fuera un poco menos bello, sería imposible resistir el dolor de la historia que contiene”, destacaba el jurado. “No habría podido resolver algunos conflictos si no lo hubiera escrito”, expresó Zaremba al recoger el premio.

En la obra el autor narra cómo su vida se partió en dos cuando con 17 años oyó a su madre decir: “Nos vamos, soy judía”. Mezcla de reportaje documental y memorias personales, “muchos años después Zaremba reconstruye la historia que lleva a su nacimiento. Al examinar recuerdos, cartas y documentos de archivo, descubre capas posteriores del palimpsesto de su identidad. En la medida de lo posible, reconstruye la vida de sus padres antes y durante la guerra”, escribía Julia Fiedorczuk, miembro del jurado. “Contrariamente a lo que uno podría pensar, no es una autobiografía. Es una especie de reportaje de la propia memoria que gradualmente hace que uno se convierta en “quién es uno”, señalaba Tadeusz Sobolewski, también parte del jurado del premio. La traducción desde el sueco de Una casa con dos torres, de Mariusz Kalinowski, también ha sido premiada por “sutil y fluida”, además de “combinar cuidadosamente familiaridad y extrañeza”.

Maciej Zaremba Bielawski nació en Poznan en 1951. Como resultado de la campaña antisemita de las autoridades comunistas, en 1969 emigró a Suecia con su madre y dos hermanos menores, donde empezó trabajando de obrero de la construcción.

Entre los invitados a la ceremonia estuvo la escritora y periodista bielorrusia Svetlana Aleksiévich, premio Nobel de Literatura en 2015 y galardonada hasta en dos ocasiones con el Premio Ryszard Kapuscincski. “Nuestro trabajo es seguir de pie y defender nuestro oficio. Hoy está bastante claro que la libertad es un camino de largo recorrido”, destacó durante la ceremonia. La concesión del Nobel a Alexievich supuso la admisión oficial del reportaje al ámbito de la literatura.

El premio Ryszard Kapuscinski, organizado por la ciudad de Varsovia y Gazeta Wyborcza bajo el patrocinio honorario de la esposa del escritor, Alicja Kapuścińska, cuenta con un amplio programa de actos repartidos durante toda esta semana. Aunque pasó su infancia en Pińsk, fue en esta urbe donde Kapuscinski acudió al colegio, estudió Historia en la Universidad y trabajó para la Agencia de Prensa Polaca y las publicaciones Sztandar Młodych, Polityka, Kontynenty, y Kultura. Pero más allá del autor de El Imperio, el reportaje polaco tiene una larga tradición (Ksawery Pruszyński, Melchior Wańkowicz, Hanna Krall o Małgorzata Szejnert.

Ganador del Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2003 y fallecido en 2007 es autor de 19 libros, de los que se han vendido en torno a un millón de ejemplares y algunos de ellos han sido traducidos a más de treinta idiomas. Su obra es un referente para varias generaciones de periodistas en todo el mundo.



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EL PAÍS

United interviene Avianca por impago del accionista mayoritario



United Airlines intervino este viernes en el reparto de poder de la aerolínea colombiana Avianca, una de las principales de América y la más antigua del continente. La compañía estadounidense despojó del control de sus acciones al socio mayoritario, Germán Efromovich, y se lo entregó a “un tercero independiente”. Se trata de Kingsland, dirigida por el empresario salvadoreño Roberto Kriete y hasta hoy propietaria del 20% de la empresa. United niega que la operación suponga un intento de controlar Avianca, aunque de facto dio un vuelco a su gobierno corporativo.

La decisión se debe a un acuerdo estipulado entre la aerolínea estadounidense y BRW Aviation, propiedad del grupo Sinergy, la firma de Efremovich. Este le había solicitado el pasado noviembre un crédito de alrededor de 450 millones de dólares dejando como garantía su participación en la sociedad, un 78% de las acciones con derecho a voto. “United tomó medidas debido a que no se han cumplido algunas condiciones financieras en su acuerdo con BRW Aviation. Por esto, decidió ejercer sus derechos contractuales”, comunicó la compañía, que asegura que estos cambios no afectarán a la alianza comercial que mantiene con Avianca y con la panameña Copa. La maniobra tampoco tiene que ver con la suspensión de las operaciones de Avianca Brasil, que es una empresa matriz que se declaró en bancarrota las pasadas navidades.

“La labor de Kingsland”, continúa United en un comunicado, será buscar un plan “que asegure la estabilidad y sostenibilidad financiera de la compañía en el largo plazo”. La sociedad colombiana registró unas pérdidas de 67,9 millones de dólares en el primer trimestre de 2019, unos números casi en las antípodas de los 28,9 millones de ganancias del mismo período del año anterior. En 2017 había conseguido facturar 4.400 millones a pesar de una huelga de pilotos de 51 días que afectó a su crecimiento. Sin embargo, los más recientes resultados obligaron al grupo a suspender un pedido de 17 aviones comprometidos con Airbus, aplazar la entrega de 35 aeronaves hasta 2022 y a cancelar 11 rutas.

“United Airlines apoya fuertemente a Avianca y espera que Kingsland desarrolle un buen gobierno corporativo que traiga éxitos”, prosigue la aerolínea estadounidense, que aclara que Efromovich “sigue teniendo el derecho económico sobre las acciones, pero no el derecho a voto, lo que hace que el tercero asignado tenga la capacidad de decidir sobre el management de la compañía”. En cualquier caso, asegura, “United Airlines no tomará el control de Avianca, su operación, servicio, ni las decisiones empresariales”. 

Roberto Kriete será ahora el encargado de pilotar el grupo en esta nueva etapa. “Mi función no es ser el héroe de este drama”, declaró el empresario al diario colombiano El Tiempo. “Mi función es montar un equipo y una junta directiva de clase mundial muy capaz, que tenga las habilidades necesarias para liderar realmente la transformación de Avianca”. Tras conocerse la decisión de United, que ofreció un nuevo préstamo de 250 millones, ya al mediodía el título de Avianca en la Bolsa de Valores de Colombia registró un incremento de más del 30%.



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