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EL PAÍS

García Juliá vivía en São Paulo bajo la identidad de un ciudadano venezolano



Carlos García Juliá.



Carlos García Juliá, uno de cinco ultras que perpetraron la matanza de los abogados laboralistas de Atocha en Madrid en 1977, vivía en São Paulo bajo la identidad de un ciudadano venezolano cuando fue detenido el pasado 5 de diciembre en la ciudad brasileña. García Juliá estuvo huido en Bolivia, Chile, Argentina, Venezuela y Brasil, según ha informado la Dirección General de la Policía, países por los que se desplazaba, incluso en avión, con documentación falsa.

García Juliá solo cumplió en España 14 de los 193 años de prisión a los que fue condenado. En 1991 se le concedió la libertad condicional y en 1994 solicitó autorización judicial para salir de España. Desde entonces, se mantuvo desaparecido al no comparecer ante un requerimiento judicial formal producido en diciembre de ese año.

Las investigaciones policiales situaban al fugitivo en territorio sudamericano. Se detectó su presencia en Chile, Argentina, Venezuela y Brasil, pero no se pudo determinar la identidad que utilizaba. En 2017 se emitió una orden internacional de detención y fue entonces cuando se iniciaron gestiones más intensas para dar con su paradero.

Esas investigaciones determinaron que podría encontrarse en territorio brasileño, concretamente São Paulo, bajo la identidad de un ciudadano venezolano. En julio de 2018, la Policía Federal de Brasil detectó a García Juliá y comenzaron las gestiones para solicitar su extradición.

Varios pistoleros irrumpieron el 24 de enero de 1977 en el despacho laboralista de Comisiones Obreras, en el número 55 de la calle Atocha. Mataron a tres abogados laboralistas, Enrique Valdelvira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz y Francisco Javier Sauquillo, el estudiante de Derecho Serafín Holgado y un administrativo, Ángel Rodríguez Leal. Hubo además cuatro heridos graves.

García Juliá perpetró la masacre de Atocha junto a una milicia fascista de seguidores del fallecido notario Blas Piñar. José Fernández Cerra, que fue condenado a 193 años como ejecutor, y Francisco Albaladejo, sobre el que cayeron 73 como inductor, le acompañaron en el crimen. Lerdo de Tejada fue procesado, pero huyó antes de sentarse en el banquillo. En su fallo, la Audiencia Nacional consideró que, junto al también procesado Leocadio Jiménez Caravaca, constituían un “grupo activista e ideológico, defensor de una ideología política radicalizada y totalitaria, disconforme con el cambio institucional que se estaba operando en España”.

Con la captura en Brasil de García Julia se cierra un fleco, pero planea la incógnita sobre el paradero del principal fugitivo de la matanza: Fernando Lerdo de Tejada, prófugo de la justicia española desde 1979, cuando se escapó de España antes de sentarse en el banquillo. EL PAÍS publicó que la última orden de busca y captura dictada contra este pistolero por el Juzgado Central 1 de la Audiencia Nacional cesó en 2015 y que el fugitivo era un hombre libre.

La conocida como matanza de Atocha se convirtió en uno de los símbolos de la transición a la democracia en España, cuando quedaban dos meses para la legalización del Partido Comunista de España (PCE) y a cinco meses de la celebración de las primeras elecciones democráticas después de cuatro décadas de dictadura.



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EL PAÍS

La guerra fría entre EE UU y China sacude el mercado tecnológico



Nada como Huawei encarna el desafío de China a las potencias económicas occidentales, por el voraz crecimiento que esta compañía representa y también por todos sus claroscuros. Fundada hace 30 años, la firma se ha convertido en el primer fabricante de productos tecnológicos del mundo y en el segundo mayor vendedor de teléfonos móviles, solo superado por la coreana Samsung. El año pasado ganó 59.300 millones de yuanes (unos 7.850 millones de euros), lo que supone un aumento respecto al ejercicio anterior del 25%, gracias sobre todo al empuje de la facturación, algo muy difícil de conseguir en una compañía madura. El éxito, sin embargo, no se puede abstraer del hábitat. El régimen del Partido Comunista Chino (PCCh), con su abierto apoyo a las empresas locales frente a las extranjeras, está preparando un proceso de autarquía tecnológica que ahora se puede acelerar.

En ese contexto, Google anunció el domingo la ruptura con Huawei. El fabricante asiático ya no podrá actualizar el sistema operativo Android, que emplea para sus términales. Ayer se sumaron al boicot varios fabricantes estadounidenses de procesadores. Washington, además, acusa a la empresa de robar tecnología, de incumplir el régimen de sanciones con Irán y, muy especialmente, de mantener unos lazos con el Gobierno chino que la convierten en un peligro para su seguridad nacional. De ahí la inclusión en la lista negra la semana pasada. 

La medida se aprobó justo después de la última ronda de subida de aranceles, pero la batalla venía de lejos y ha cristalizado con millones de consumidores que no saben muy bien qué va a pasar con los dispositivos. El bloqueo de Google, sonado porque deja a los dispositivos del fabricante asiático sin actualizaciones de servicios tan importantes como los de Android (salvo su versión libre) o Gmail, viene seguido del de otras firmas como Qualcomm, Infineon o Intel, según datos de Bloomberg. El desarrollo de las redes 5G, cuyo trono también se encuentra en el fondo de esta batalla, se pone en juego con la crisis de uno de sus principales jinetes.

La firma china ha salido inmediatamente al paso para indicar que garantizará las actualizaciones de seguridad y los servicios posventa a los móviles y tabletas ya vendidos o en almacenamiento. Además, el gigante tecnológico de Shenzhen ya venía avisando de que se preparaba para un posible corte de suministros estadounidenses y llevaba tiempo desarrollando sus propios chips y su propio sistema operativo. Una nueva señal de que la guerra comercial entre Pekín y Washington se plantea como una carrera de fondo y de resistencia, y que la rivalidad ya se ha extendido mucho más allá del mero volumen de compraventas.

Para Donald Trump, la batalla comercial contra China supone también una buena apuesta en clave doméstica. La competencia desleal del gigante asiático —con su consiguiente perjuicio a la industria estadounidense— ha sido un asunto permanente durante toda su andadura política, y la oposición, el Partido Demócrata, no discrepa del fondo del asunto, es decir, la necesidad de la batalla, más allá de que se critiquen las formas del incendiario presidente republicano y sus escasos recelos ante una escalada arancelaria.

También a los socios europeos los deja en una situación complicada. Aunque desde la llegada de Trump a la Casa Blanca el enfriamiento es evidente, las sospechas sobre los vínculos de Huawei con el régimen de Xi Jinping también han hecho mella al otro lado del Atlántico. Los Veintiocho cuentan con la firma asiática para el despliegue de la red de 5G en Europa, sin la cual su desarrollo podría retrasarse años, pero las sospechas sobre sus lazos con el Estado chino generan inquietud. “La UE se toma muy en serio la ciberseguridad”, señalan desde el Ejecutivo comunitario, informa Álvaro Sánchez. El pasado 25 de marzo, la Comisión anunció que antes del 30 de junio llevaría a cabo una evaluación de riesgos de la red de infraestructuras 5G.

En paralelo, Trump y Xi tratan de llegar a un acuerdo que ponga fin a la guerra arancelaria en la que llevan sumergidos desde el año pasado. Esas conversaciones influirán en el conflicto entre Huawei y Estados Unidos. El pasado junio, el Departamento de Comercio estadounidense ya llegó a un acuerdo con el fabricante chino de móviles ZTE, que había tenido que cesar sus operaciones al perder su principal mercado.

El Gobierno chino, de momento, ha tenido una reacción moderada con Huawei. En su rueda de prensa diaria, el portavoz de Asuntos Exteriores, Lu Kang, indicó únicamente que Pekín “presta atención al desarrollo de la situación” y “apoyará a las empresas chinas para defender sus derechos legítimos mediante vías legales”.

La relativa moderación ha sido, hasta ahora, la tónica de las respuestas de Pekín. Quizá por no empeorar la situación, quizá por ganar tiempo mientras estudia alternativas. O quizá porque, como han dibujado sus medios de comunicación estatales, su estrategia es presentarse como un Gobierno poco deseoso de tomar medidas drásticas, pero que no esquivará adoptarlas si lo ve necesario, y que está dispuesto a un enfrentamiento de largo plazo.



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EL PAÍS

Eusebio deja de ser el entrenador del Girona



Eusebio Sacristán ha dejado de ser el entrenador del Girona. El técnico ha renunciado al año de contrato que le quedaba después de que el equipo haya descendido a Segunda División. El adiós de Eusebio fue anunciado por el propio club en un comunicado en el que agradece “la implicación y el compromiso” mostrado “en todo momento” por el entrenador y su cuerpo técnicos (Onésimo Sánchez, Juan Carlos Andrés, Gerardo Izaguirre y Aitor Unzue) pese a que “no se ha conseguido el objetivo de la permanencia” en Primera División.

Eusebio, que sustituyó el pasado verano a Pablo Machín, destituido después en el Sevilla, no ha conseguido mantener al equipo en la máxima categoría a pesar de ganar en el Bernabéu, empatar en el Camp Nou y protagonizar una muy buena primera vuelta en LaLiga. El Girona se clasificó además para los cuartos de final de la Copa del Rey después de eliminar al Atlético. Los últimos resultados, especialmente negativos puesto que solo sumó tres puntos sobre 30, le condenaron a Segunda.

El presidente Delfi Geli anunció que el Girona presentará un nuevo proyecto con garantías para una categoría que conoce muy bien el secretario técnico Quique Cárcel. La continuidad de algunos jugadores, como la del goleador Stuani (19 tantos), está en duda a la espera de conocer la propuesta económica del club y quién será el sustituto de Eusebio.

 

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EL PAÍS

El juez rechaza levantar la imputación al vigilante anticorrupción del PP



El exconsejero madrileño Alfredo Prada y vigilante anticorrupción del PP nacional, Alfredo Prada, seguirá imputado en la causa por el supuesto desfalco económico en la Ciudad de la Justicia de Madrid, el proyecto nunca materializado de juntar todas las sedes judiciales de la capital en unos terrenos al norte de la ciudad y que generó un agujero de 105 millones de euros a las arcas públicas entre 2005 y 2015. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata rechazó la semana pasada el incidente de nulidad presentado por Prada, ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre y al que el actual líder del partido, Pablo Casado, situó en julio de 2018 al frente de la Oficina del Cargo Popular, un organismo creado para evaluar la idoneidad de los candidatos del partido.

El magistrado, en un auto –resolución razonada- de cinco folios, responde a las alegaciones de la defensa de Prada, que en un escrito de finales de abril acusaba tanto al juez como a la Fiscalía de poner en marcha una “guerra no convencional” y una “embestida legal” contra él por ser un “oponente político” de ellos. Prada sostenía que el ministerio público había cometido “graves irregularidades” en sus investigaciones, que luego fueron “convalidadas ilegítimamente” por el juez instructor.

De la Mata rebate estas “gravísimas y desmesuradas acusaciones” del político popular. El magistrado recuerda que Prada presidió el ente público autonómico Campus de la Justicia de Madrid (CJM), encargado de la urbanización de las parcelas y la construcción de los 12 edificios llamados a albergar las sedes judiciales. De todos ellos, solo se levantó el más sencillo de ellos, el Instituto de Medicina Legal, que se encuentra cerrado.

El magistrado señala que, como presidente de la entidad, era el responsable tanto de la contratación como de la gestión económica y que “tomaba parte directa” de las decisiones estratégicas y operativas de la sociedad pública, como la contratación del comisario Andrés Gómez Gordo, policía de confianza de la exministra Dolores de Cospedal, en octubre de 2007. El político, afirma el auto, participó directamente en los principales contratos suscritos por CJM, en algunos de los cuales “no se constituyó mesa de contratación”.

Prada tuvo, además, firma autorizada –y la utilizó- en al menos dos cuentas corrientes de la sociedad pública, que emitió una tarjeta Visa a su favor. Además, dio instrucciones para realizar transferencias a diversas entidades con cargo a una de esas cuentas. Estos “son elementos objetivos suficientes para mantener su situación de persona investigada”, afirma el juez. “Y son los elementos, los únicos elementos, como no se podía ser de otro modo, que sustentan la actuación judicial”, recuerda De la Mata, para desestimar la anulación de la causa que pidió Prada.



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