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EL PAÍS

García Juliá vivía en São Paulo bajo la identidad de un ciudadano venezolano



Carlos García Juliá.



Carlos García Juliá, uno de cinco ultras que perpetraron la matanza de los abogados laboralistas de Atocha en Madrid en 1977, vivía en São Paulo bajo la identidad de un ciudadano venezolano cuando fue detenido el pasado 5 de diciembre en la ciudad brasileña. García Juliá estuvo huido en Bolivia, Chile, Argentina, Venezuela y Brasil, según ha informado la Dirección General de la Policía, países por los que se desplazaba, incluso en avión, con documentación falsa.

García Juliá solo cumplió en España 14 de los 193 años de prisión a los que fue condenado. En 1991 se le concedió la libertad condicional y en 1994 solicitó autorización judicial para salir de España. Desde entonces, se mantuvo desaparecido al no comparecer ante un requerimiento judicial formal producido en diciembre de ese año.

Las investigaciones policiales situaban al fugitivo en territorio sudamericano. Se detectó su presencia en Chile, Argentina, Venezuela y Brasil, pero no se pudo determinar la identidad que utilizaba. En 2017 se emitió una orden internacional de detención y fue entonces cuando se iniciaron gestiones más intensas para dar con su paradero.

Esas investigaciones determinaron que podría encontrarse en territorio brasileño, concretamente São Paulo, bajo la identidad de un ciudadano venezolano. En julio de 2018, la Policía Federal de Brasil detectó a García Juliá y comenzaron las gestiones para solicitar su extradición.

Varios pistoleros irrumpieron el 24 de enero de 1977 en el despacho laboralista de Comisiones Obreras, en el número 55 de la calle Atocha. Mataron a tres abogados laboralistas, Enrique Valdelvira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz y Francisco Javier Sauquillo, el estudiante de Derecho Serafín Holgado y un administrativo, Ángel Rodríguez Leal. Hubo además cuatro heridos graves.

García Juliá perpetró la masacre de Atocha junto a una milicia fascista de seguidores del fallecido notario Blas Piñar. José Fernández Cerra, que fue condenado a 193 años como ejecutor, y Francisco Albaladejo, sobre el que cayeron 73 como inductor, le acompañaron en el crimen. Lerdo de Tejada fue procesado, pero huyó antes de sentarse en el banquillo. En su fallo, la Audiencia Nacional consideró que, junto al también procesado Leocadio Jiménez Caravaca, constituían un “grupo activista e ideológico, defensor de una ideología política radicalizada y totalitaria, disconforme con el cambio institucional que se estaba operando en España”.

Con la captura en Brasil de García Julia se cierra un fleco, pero planea la incógnita sobre el paradero del principal fugitivo de la matanza: Fernando Lerdo de Tejada, prófugo de la justicia española desde 1979, cuando se escapó de España antes de sentarse en el banquillo. EL PAÍS publicó que la última orden de busca y captura dictada contra este pistolero por el Juzgado Central 1 de la Audiencia Nacional cesó en 2015 y que el fugitivo era un hombre libre.

La conocida como matanza de Atocha se convirtió en uno de los símbolos de la transición a la democracia en España, cuando quedaban dos meses para la legalización del Partido Comunista de España (PCE) y a cinco meses de la celebración de las primeras elecciones democráticas después de cuatro décadas de dictadura.



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EL PAÍS

El prudencial arraigo de la Constitución



Si Carles Puigdemont y Quim Torra siguen empeñados en lograr la aplicación del 155, conseguirán demostrar de nuevo la vigencia operativa de la Constitución. Una constitución refunda el pacto de confianza entre pasado, presente y futuro de un país. Entre otras cosas porque se fundamenta en un contrato moral, de valores inclusivos, que explicita los límites al poder. Hace unos días, The Washington Postpublicó un extracto de un libro póstumo del columnista Charles Krauthammer. Recuerda como en 1981, al ser asesinado Anwar Sadat, un programa de televisión informó de que, según los expertos consultados, en la constitución egipcia constaba que en aquellas circunstancias el sucesor era el presidente del parlamento. Con escepticismo, un analista de la tumultuosa vida del Oriente Medio sostuvo que en Egipto nadie se había leído la Constitución en treinta años. En realidad, la constitución no parecía existir, ni a nadie le importaba. Preguntó: “¿Quién es el líder de los militares? ¿Hosni Mubarak? Pues ese será el próximo presidente”. 1978 sirvió para todo lo contrario.

Cuando hay quien se queja tanto de la Constitución de 1978 como si fuera un parque jurásico, sería saludable preguntarse qué ha pasado. ¿Ha sido un deterioro de la voluntad colectiva que conformó aquel delta histórico o ha cundido una amnesia, de una parte inconsciente y por otra deliberada, que hace irreconocible el sólido encanto de la Constitución cuarenta años después? Hay quien busca arrimarse a alguna forma de constitución bolivariana; otros desacatan la ley para fundar una república catalana independiente. Para hacerse una idea de lo que significa 1978 basta con preguntarse si ahora sería posible redactar una carta magna tan convincente y amplia. Al contrario del mantra pro-reforma de la Constitución para adaptarla a los nuevos tiempos, parece evidente que ahora no sería factible un consenso de magnitudes equiparables a las de entonces, una constatación que por sentido común debiera reconfortarnos por tener un cauce constitucional en el que los pleitos de España habían desembocado en una sabia arquitectura constituyente. Sin embargo, se sigue diciendo que urge la adaptación constitucional. Pero uno no cambia una constitución porque la sociedad haya pasado de la minifalda al pantalón vaquero rasgado, ni por la existencia de la familia monoparental o porque reaparezcan los mitos de la Cataluña mirífica.

“Las zonas sociales de desapego constitucional se encogerán, de modo que la razonabilidad de la ley siga por encima de altibajos de ruptura y sedición”

Si en política las soluciones son impuras, una buena Constitución contribuye a filtrar impurezas. Así España entró de lleno en la integración europea, en la Alianza Atlántica y en la globalización. Dio forma al estado autonómico, superó la intentona de Tejero, pasó por la experiencia política de la alternancia en el poder y ha vencido a ETA. ¿Son precedentes que legitimen la falta de confianza en un futuro que discurre por la senda constitucional? Si acaso, los síntomas de malestar público se deben a una extraña pérdida de autoestima generada por las políticas de lo imposible. Algún efecto corresponde a un cese de la transmisión de valores y experiencias que constituye el eje de un sistema educativo y que da consistencia a los trasvases entre escuela y familia. ¿Cómo se explica la Constitución en las aulas y de qué manera se cuenta la historia de una transición sin buenos ni malos?

Krauthammer alude a la sabiduría de los padres de la Constitución americana y a la reverencia que le guardan la mayoría de los ciudadanos estadounidenses, a pesar de todo, a pesar de cambios sociales profundos. La transición democrática en España se hizo con un bajísimo coste, como comprendieron los ciudadanos de Cataluña al votarla masivamente. Con el maremágnum secesionista, el resultado no hubiese sido el mismo pero también es cierto que, en el momento de la desafección de parte de Cataluña, un partido como C’s ha sido el más votado. La mayoría secesionista indestructible no existía. Ante el espectáculo de la descomposición intensa de las alianzas independentistas, el desconcierto de sus votantes y los graves riesgos de inestabilidad y de incertidumbre jurídica no benefician a los imitadores de la intentona secesionista de octubre de 1934. Como formas de arraigo, la Constitución y la monarquía parlamentaria están imponiéndose al unilateralismo. Aunque sea una recomposición lenta, al menos a medio plazo el fervor de secesión se retrae. Escampa la niebla y se constatan los costes del desatino. Las zonas sociales de desapego constitucional irán encogiéndose, de modo que la razonabilidad de la ley siga por encima de altibajos de ruptura y sedición.



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EL PAÍS

Las imágenes del día, 10/12/2018




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EL PAÍS

El Gobierno advierte por carta a la Generalitat que ponga fin a la “dejación de funciones” de los Mossos



El Gobierno ha decidido trasladar a la Generalitat, de forma dura, su inquietud por la “dejación de funciones” de los Mossos el pasado fin de semana. El Ejecutivo ha enviado varias cartas, una de la vicepresidenta, otra del ministro de Interior y otra del de Fomento, para exigir a la Generalitat que explique qué pasó.

El Ejecutivo avisa al Gobierno catalán, a través de una misiva del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de que si la Generalitat no garantiza la seguridad, lo hará el Gobierno. El ministro recuerda que la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en su artículo 38.2, prevé los supuestos de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando lo estimen oportuno las autoridades estatales”. El Gobierno exige que los Mossos ejerzan “las funciones que legalmente le incumben”. “En caso contrario”, señala el Ejecutivo “se ordenará la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando proceda y en términos de proporcionalidad y necesidad”. Esto es, el Ejecutivo lo dice muy claro: si los Mossos no garantizan la seguridad, enviará a las fuerzas del Estado.

Según el Gobierno, no se trata de una fase previa para aplicar el artículo 155, pero sí de un aviso formal y muy claro para ver qué respuesta obtiene del Ejecutivo catalán. Si no es satisfactoria, el Ejecutivo estudia tomar otras medidas más fuertes para garantizar la seguridad en Cataluña y sobre todo lograr que el Consejo de Ministros del día 21 en Barcelona no se convierta en una encerrona. “Me dirijo a ti para trasladarte nuestra inquietud”, le explica la vicepresidenta a Pere Aragonés, su homólogo en la Generalitat. “Aparentemente ha existido una dejación de las funciones que tiene atribuidas ese Gobierno, con consecuencias para la seguridad pública”, explica la vicepresidenta.

“Es nuestra obligación evaluar los posibles incumplimientos del ordenamiento jurídico que se hayan producido”, remata Calvo en un tono claramente amenazante. “Te solicitamos que nos aclares lo sucedido, en especial respecto a actuación de los mossos en los altercados ocurridos en algunos puestos de peaje”, insiste.

Calvo se refiere a los incidentes vividos este fin de semana en varias autopistas de Cataluña cuando los denominados Comités de Defensa de la República (CDR) cortaron varias carreteras y levantaron algunos peajes en plena operación retorno del puente de la Constitución. La vicepresidenta ha pedido esta mañana al presidente catalán, Quim Torra, que no se inhiba “cuando ocurren situaciones que provocan intranquilidad en la ciudadanía” porque “su principal obligación en Cataluña, como autoridad del Estado (…) es el mantenimiento de la seguridad y la convivencia” y ha tachado de “irresponsable e inaceptable” la actuación del president por sus declaraciones sobre la vía eslovena como camino posible hacia la independencia de Cataluña, una vía que finalizó en un conflicto armado con Yugoslavia.

La tensión llega en un momento clave, a dos días de un debate monográfico en el Congreso sobre Cataluña en el que Sánchez se verá obligado a endurecer su posición, y a 10 días de que el Consejo de Ministros se traslade a Barcelona el día 21, una cita que se está complicando cada día más. La posibilidad de que una ruptura definitiva con los independentistas lleve a un adelanto electoral aumenta la gravedad de esta nueva escalada. Dentro del propio independentismo hay mucha división sobre la estrategia a seguir y ERC ha dejado muy claro que no comparte la idea de la vía eslovena y apuesta por la llamada vía escocesa, esto es, la de un referéndum pacífico. El Gobierno tiene un contacto mucho más fluido con ERC, pero es Torra quien preside la Generalitat y Carles Puigdemont, su mentor, el que puede influir directamente sobre los ocho diputados del PDeCAT que tienen que tomar la decisión antes de enero de presentar o no una enmienda a la totalidad de los Presupuestos que acabaría con las cuentas en menos de tres semanas y abriría la puerta a que legislatura finalizase. Si no se reconduce la tensión entre el Gobierno y la Generalitat, esta salida parece cada vez menos inevitable.



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