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EL PAÍS

La consulta anticorrupción en Colombia no supera (por poco) el umbral para ser aprobada



La inédita consulta popular para endurecer las sanciones contra los corruptos en Colombia no ha conseguido superar el umbral de más de 12 millones de votantes (el 33% del censo) que necesitaba para ser aprobada. Se ha quedado en más de 11.645.000 votos, a medio millón de sufragios de conseguir un reto que se antojaba histórico en un país donde es tradición que la mitad de los convocados a las urnas, más de 36 millones de ciudadanos, no suelen salir a votar.

Las principales responsables de este logro son dos senadoras del partido progresista Alianza Verde. Sin la ayuda de la maquinaria tradicional, sin propaganda electoral, ni presupuesto para actos de campaña Claudia López y Ángelica Lozano han conseguido sacar a la calle a más colombianos de los que votaron por Iván Duque el pasado junio. El actual presidente de Colombia consiguió 10.398.689 votos en una elección que consiguió que más del 50% del censo saliera a votar. Su contrincante, el izquierdista Gustavo Petro, sumó 8.040.449. En el plebiscito sobre el acuerdo de paz, en octubre de 2016, acudieron a las urnas poco más de 13 millones.

“Esta votación histórica es un mandato claro a Iván Duque y al Congreso: tienen que autoreformarse, sancionar eficazmente la corrupción y recuperar los $50 billones que se roban, en vez de seguir esquilmando los bolsillos de la ciudadanía honrada con más impuestos”, ha dicho López tras conocerse los resultados en tono de victoria. En el momento de la votación, acompañada de Lózano y Antanas Mockus, los principales promotores de la iniciativa, recordó: “Hoy no votamos por un partido ni por una persona, votamos para darles a los partidos y a los políticos siete órdenes anticorrupción”.

La plataforma anticorrupción liderada por López consiguió más de tres millones de firmas válidas para sacar adelante esta consulta tras décadas de intentos para que el Congreso de Colombia legislara en contra de este problema estructural que le cuesta al país al menos nueve billones de pesos anuales (más de 3.000 millones de dólares).

Si se hubiera aprobado, el Congreso tendría que haber iniciado el trámite de las medidas necesarias para hacerlas efectivas, con un plazo de un año para expedir las leyes correspondientes. Ahora se abre un nuevo escenario. “El martes vamos a radicar los siete proyectos de ley. La pelota se la ponemos en la cancha del Congreso”, ha dicho Lozano. “Invito a la ciudadanía a que el martes a las 11am nos acompañen a radicar las normas que den cumplimiento a los siete mandatos”, ha recalcado López.

El legislativo, dominado por el Centro Democrático, formación opositora a la consulta, aunque con una fuerte oposición de partidos de centro e izquierda, tendrá que valorar si escucha a más de 11 millones de colombianos o es el presidente el que las adopta por decreto.

Iván Duque se ha sumado a esta lucha y ha apoyado la consulta. “En la lucha contra la corrupción tenemos que estar unidos todos los colombianos, esta no es una causa de color político ni una causa ideológica, es el compromiso de todo un país, y todos los esfuerzos suman”, dijo el mandatario, que ya presentó un paquete legislativo que en al menos tres puntos compite con la consulta.

El apoyo de Duque contrasta con el de su mentor, el expresidente Uribe. Antes de que abrieran las urnas, los colombianos despertaron con un mensaje de Twitter en el que el popular exmandatario se reafirmaba como el gran opositor de la iniciativa. “No voto la Consulta Engañosa y he cuidado con transparencia y austeridad los recursos del Estado a lo largo de mi carrera pública”, escribió aunque antes de las elecciones legislativas en el Senado había elogiado la iniciativa.

“Entre más logremos dar el mensaje de que estamos hastiados con la corrupción, mucho mejor”, afirma tras votar en el mismo puesto de las senadoras de la Alianza Verde Juan Carlos Henao, el rector de la Universidad Externado de Colombia, que acaba de presentar un gran estudio sobre el tema. “Si logra haber una votación significativa, importante, es un mensaje muy claro de la sociedad civil contra la clase política que ha sometido a este país a una corrupción realmente escandalosa como lo mostramos en la investigación”, señala.



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EL PAÍS

Y Trump se convirtió en el ‘individuo-1’



Es difícil escoger un solo punto de inflexión en la larga investigación a cargo del fiscal Robert S. Mueller sobre la llamada trama rusa, las pesquisas sobre injerencia del Kremlin en las elecciones presidenciales de 2016 con el fin de favorecer la victoria de Donald Trump, y la posible colaboración en dicho plan del entonces candidato republicano y su entorno. Pero uno de los más señalados será el 29 de noviembre, cuando Michael Cohen, quien fuera abogado personal durante años de Trump, reconoció que había mentido sobre un proyecto inmobiliario en Moscú del hoy presidente. Aunque Cohen sostuvo en su día que la negociación cesó en enero de 2016, justo antes de comenzar las primarias republicanas, ha admitido ahora que las conversaciones se prolongaron en realidad hasta junio de ese año, ya a punto de convertirse Trump en el candidato presidencial, e informó de los avances al “individuo-1”. Este mismo individuo fue quien, dijo, le ordenó pagar a dos mujeres con las que Trump supuestamente había mantenido relaciones sexuales en el pasado para evitar la mala prensa de una infidelidad durante la carrera hacia la Casa Blanca. Cohen dijo que el “individuo-1” era Donald Trump. Los últimos compases de la investigación de Mueller estrechan el cerco sobre el presidente de EE UU.

La Fiscalía señala a Trump. Los fiscales dieron por buena la confesión de Michael Cohen en su documento del pasado 7 de diciembre, con lo que atribuyeron al presidente de EE UU un delito federal. El pago a dos mujeres —la actriz de cine pronográfico Stormy Daniels y la exmodelo de Playboy Karen McDougal— supone una donación ilegal pues el objetivo consistía en proteger la imagen de un candidato presidencial, superaba los 2.600 dólares, lo hizo un empleado de la campaña en un caso y en otro, además, intervino una empresa interpuesta. Quien fuera hombre para todo de Trump, el abogado Michael Cohen, “buscó influir en las elecciones desde la sombra”, según los fiscales del distrito sur de Nueva York. “Lo hizo orquestando pagos ilegales y secretos para silenciar a dos mujeres que de otra manera habrían hecho públicas sus relaciones extramatrimoniales con el ‘individuo 1”, añade el documento, en referencia a Trump. El 21 de noviembre, el presidente Trump ya había enviado al fiscal Mueller sus respuestas por escrito. No se conoce el contenido de las preguntas ni, por tanto, las potenciales contradicciones con Cohen. El presidente admite haber pagado pero lo considera una “transacción privada” que no vulnera leyes electorales.

Tres sombras planean sobre el presidente. Hay, de momento, tres tipos de acusaciones a las que se puede enfrentar Donald Trump en el marco de esta macroinvestigación. La primera, origen del proceso, es la posible connivencia con el Kremlin para interferir en las presidenciales, pero resulta de momento la más gaseosa. La segunda, el delito de obstrucción a la justicia, tiene que ver con posibles mentiras de Trump durante las pesquisas y cualquier intento de frenar el caso, mediante presiones, como las que alega el exdirector del FBI James Comey, despedido por el presidente en mayo de 2017. La tercera, y única que ya ha cristalizado en un señalamiento directo por parte de la fiscalía, es el pago a mujeres para silenciar supuestas aventuras sexuales del entonces candidato durante la campaña electoral, lo que constituye un delito federal de financiación ilegal porque se considera una donación no declarada.

Los antiguos leales que han acabado ‘cantando’. El abogado Cohen dijo durante años que sería capaz de llevarse una bala dirigida a su gran cliente con tal de protegerle, pero esa prueba de lealtad acabó este verano, cuando se declaró culpable del delito de financiación ilegal, admitió haber mentido y decidió colaborar con la justicia. Lo mismo ocurrió con su exjefe de campaña, Paul Manafort, que el pasado septiembre se declaró culpable de varios de los cargos en su contra y se ofreció a cooperar con la investigación para tratar de reducir su condena (en agosto había sido hallado culpable ya de ocho delitos, básicamente económicos). También el general Michael Flynn, uno de los primeros investigados, que tuvo que dimitir de su cargo de consejero de seguridad nacional en febrero de 2017, al poco de su nombramiento, por mentir sobre sus contactos con Moscú, acabó derrumbándose hace unos meses. El fiscal Mueller entregó un informe el 4 de diciembre en un tribunal recomendando que Flynn no pagase con la cárcel en reconocimiento a su colaboración “sustancial” con la justicia.

Al menos 16 miembros del entorno de Trump tuvieron contactos rusos. En más de año y medio de investigación han salido a la luz múltiples contactos de agentes rusos o personajes cercanos al Kremlin con el entorno de Trump durante la campaña electoral o el proceso de transición entre la victoria y la toma de posesión de la presidencia. La CNN publicó este lunes un recuento de 16. Entre los contactos figura el sonado encuentro en junio de 2016 del hijo mayor de Trump, Donald Trump junior, y su yerno Jared Kushner con la abogada Natalia Veselnitskaya, que se presentaba como cercana a Putin y prometía “trapos sucios” sobre Hillary Clinton, entonces candidata demócrata. El general Flynn discutió en diciembre de 2016 con el entonces embajador ruso en Washington Sergéi Kislyak las sanciones a Rusia por injerencia cuando Trump no había jurado aún el cargo. Recientemente el abogado Cohen admitió conversaciones sobre un proyecto inmobiliario en Moscú hasta al menos junio de 2016. Y el asesor Roger Stone se citó con un ruso que se hacía llamar Henry Greenberg ofrecía también información perjudicial para Clinton a cambio de dos millones. Stone rechazó la propuesta.

Dudas sobre un posible ‘impeachment’. Los pagos ilegales para silenciar a dos mujeres durante la campaña, que los fiscales atribuyen a Trump desde el pasado viernes, constituirían material delictivo. Como no se puede procesar a un presidente en el cargo, según el criterio general del Departamento de Justicia, la única manera de hacer que Trump rindiese cuentas ante un juez pasaría por el impeachment (destitución). Con la nueva mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, que se estrena en enero, la oposición podría impulsar el proceso, aunque difícilmente ganarían en el Senado. Pero al margen de ese impedimento, los demócratas dudan de la conveniencia de impulsar un impeachment con los actuales cargos sobre la mesa. Como dijo este fin de semana el congresista demócrata Jerrold Nadler, de Nueva York, aunque el material es susceptible de impeachment, “¿es lo bastante grave como para justificar un impeachment?’ Eso es una cuestión”. El escenario cambiaría si las conclusiones finales del proceso señalan a Trump como responsable de colaboración con el Kremlin o de obstruir a la justicia.

Una ristra de encausados, pero sin pruebas de colaboración con Rusia. El fiscal Robert S. Mueller ha presentado cargos por el momento contra 33 personas (26 de ellos ciudadanos rusos) y tres empresas en el marco de la investigación de la trama rusa. Entre los imputados figuran cinco antiguos asesores de Trump (Cohen, Manafort, George Papadopoulos, Rick Gates y Michael Flynn), pero sus delitos no tienen que ver directamente con la coordinación con Moscú, sino que abundan los relacionados con el fraude fiscal o lavado de dinero, con mentir al FBI en el marco de la investigación o trabajar para Gobiernos en el extranjero sin haber informado de ello. En el mandato de Mueller figura esclarecer todo lo relacionado con la trama rusa, pero también cualquier otra ilegalidad que trascienda a raíz de este proceso, el pago a las supuestas amantes de Trump es un ejemplo de ello. Por ello este caso supone un quebradero de cabeza para el presidente, aunque repita hasta la saciedad que no han aparecido pruebas de colusión.



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EL PAÍS

El hombre que endulza Madrid y Barcelona


Oriol Balaguer lleva tiempo siendo uno de los mejores reposteros de España. Este año, también del mundo: la prestigiosa Academia Internacional de Gastronomía, con sede en París, le otorgó en febrero el Prix au chef Pâtissier (el premio al chef repostero que solo tienen tres españoles). Era uno de los pocos galardones que Balaguer no había conseguido. El repostero ha horneado su carrera en los obradores de dos ciudades. Primero, en Barcelona, donde abrió su primera tienda en 2002 y donde ahora posee cuatro locales. Luego, en la capital. “Llegamos en 2008, en plena crisis”, cuenta desde su pastelería —que casi parece una joyería y que es un trabajo de GCA arquitectos— en la calle de Ortega y Gasset, en el barrio de Salamanca.

“Demasiado moderno para este barrio”, le dijeron cuando inauguró. Pero Balaguer tenía dos cosas claras: quería llevar sus hojaldres, sus chocolates y sus natas a Madrid y el nuevo local debía de ser idéntico al de Barcelona. “Un año antes de abrir, vivimos nuestro mejor año, el último brillo de la España boyante”, recuerda. Inauguró con ese impulso, pero al poco se vio diciendo: “Marta [su pareja sentimental y también en los negocios], la hemos liado”.

“Hemos pasado años complicados”, reconoce Balaguer. Desde que se instaló en la capital vive en el AVE: “Soy vip de lo que lo uso”, bromea. “Cada semana vengo. Pero una cosa es venir a Madrid o a Barcelona y otra vivir entre las dos ciudades”, dice. Él siente que habita en ambas urbes: “Estás al tanto de todo: te da una visión global”. No habla de política —“nunca lo hago”—, prefiere hacerlo de su principal objetivo cuando entra en el obrador: “Quiero emocionar a mis clientes”.

A pesar de que la crisis le complicara el arranque, no duda al definir su aventura madrileña como “dulce”. El repostero no sabe si se pasó la crisis o si vendrá otra, pero percibe que “hay más movimiento, se ha cambiado el ritmo”.


Uno de los pastelitos de Oriol Balaguer.



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Uno de los pastelitos de Oriol Balaguer.

Además de su local en el barrio de Salamanca, el repostero lleva tres Navidades regentando La Duquesita, una pastelería centenaria, en Alonso Martínez. “Fue muy emocionante”, dice el pastelero, que recuerda los mensajes que le mandaban los vecinos cuando reabrió el pequeño local: “Gracias por no permitir que desapareciese”.

“Madrid es mucho de pastelerías del barrio, por lo que el público agradeció la reapertura. Se lo tomaron como que estábamos evitando que parte de la historia de la ciudad desapareciera”. “Encargarnos de La Duquesita fue un flechazo”, añade, “me avisaron de que había cerrado, cogí el AVE a Madrid, visité el local y tomamos la decisión. Es lo bueno de que, al final, detrás de esta empresa estamos mi mujer y yo. Bueno…, y los bancos, claro”.

La Navidad en La Duquesita es efervescente. Además de sus cruasanes y palmeras, el local es reconocido por sus roscones de Reyes: lo atestiguan las colas que se forman para hacerse con uno ellos. También por sus panettones: el año pasado, la elaboración del dulce italiano realizada por Balaguer fue considerada como la mejor de España.

Balaguer es consciente de que “como hecho social, la cocina es más fuerte que la repostería”. “Tenemos que comer todos los días, pero podemos estar un mes sin probar un dulce”, incide. Y eso que en la pastelería los equilibrios son muy delicados: “Si algo falla, no se puede reconducir. Hay que empezar de cero”. “Los pasteleros ahora estamos más reconocidos que antes”, añade. Ha ayudado que grandes y admirados chefs, como el fallecido Joël Robuchon o Albert Adrià (Premio Nacional de Gastronomía 2018 como mejor jefe de cocina en España) se iniciasen en el mundo de lo dulce. Balaguer también quiere dar el paso a lo salado: acaba de inaugurar Quatre Coses, un local de tapas en Barcelona. “No descarto abrir otro en Madrid”, asegura, “me va la marcha y, en el ámbito gastronómico, Madrid está hirviendo”.

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EL PAÍS

La justicia canadiense concede libertad bajo fianza a la vicepresidenta de Huawei



Un juez canadiense ha concedido este martes la libertad bajo fianza a Meng Wanzhou, la directora financiera de Huawei e hija de uno del fundador del gigante tecnológico, mientras la ejecutiva china espera la resolución de la petición de extradición presentada por Estados Unidos. Un juez del Tribunal Supremo de la provincia de Columbia Británica determinó que Meng, de 46 años, sea puesta en libertad con una fianza de 10 millones de dólares canadienses (7,5 millones de dólares estadounidenses) y bajo la condición de que vuelva a ponerse a disposición de la justicia el próximo 6 de febrero.

“El riesgo de que no se presente ante el tribunal [para una audiencia de extradición] puede ser reducido a un nivel aceptable, imponiendo las condiciones de fianza propuestas por su asesor”, ha apuntado el magistrado, aplaudido en la sala del tribunal por partidarios de la ejecutiva de la compañía china.

La puesta en libertad bajo fianza de Meng llega pocas horas después de que las autoridades chinas detuviesen a Michael Kovrig, un exdiplomático canadiense que trabaja en la actualidad en China para el centro de pensamiento International Crisis Group (ICG). Meng fue arrestada por Canadá a petición de EE UU el pasado 1 de diciembre en Vancouver, cuando se dirigía a México.

El arresto ha causado una potente crisis diplomática entre Canadá y China, que había amenazado a Ottawa con graves consecuencias en caso de que Meng no fuese puesta en libertad de forma inmediata. Por su parte, el Gobierno canadiense, aunque reconoció que fue avisado con antelación de la intención de arrestar a Huawei, se ha desmarcado de cualquier tipo de interferencia en las acciones del sistema judicial.

Meng está acusada por las autoridades estadounidenses de fraude para violar las sanciones comerciales impuestas por EE UU a Irán, un extremo que ha sido repetidamente desmentido por la propia ejecutiva china. Su detención ha reavivado la tensión entre Washington y Pekín, poniendo en peligro el intento de acercamiento entre ambas potencias para tratar de poner fin a sus diferencias comerciales.



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