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La corrupción en Guatemala debería preocuparle a Trump… y bastante


Nota del editor: Angelika Albaladejo es una periodista independiente que cubre seguridad, derechos y justicia social en las Américas. Actualmente, está en Río de Janeiro, Brasil, tras un año y medio de informar desde Medellín, Colombia. Previamente, trabajó como analista y defensora de la política exterior de Estados Unidos para América Latina con el Centro de Política Internacional y el Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos. Síguela en Twitter: @AAlbaladejo. Los comentarios expresados en esta columna pertenecen exclusivamente a la autora.

(CNN) – La directora de asuntos de prensa de la Casa Blanca, Helen Aguirre Ferré, le dijo a un programa de radio de Guatemala que la larga campaña anticorrupción de este país –que ya lleva una década– es “absolutamente primordial” para mejorar las condiciones allí que contribuyen a la inmigración hacia Estados Unidos.

Hasta hace poco, las investigaciones contra la corrupción en Guatemala contaban con un amplio respaldo bipartidista en el Congreso de EE.UU. Sin embargo, con los crecientes ataques hacia las pesquisas en el país latinoamericano y el cabildeo en Washington, también aumentaron las preocupaciones frente a la posibilidad que el gobierno del presidente Donald Trump y varios republicanos importantes se dejen persuadir para quitarle el apoyo a la campaña.

Si Trump y miembros del Congreso debilitan el apoyo estadounidense a la lucha de Guatemala contra la corrupción, solo empeorarán la pretendida crisis inmigratoria que dicen quieren resolver.

El número de inmigrantes que han llegado a Estados Unidos provenientes de Guatemala y sus vecinos centroamericanos –El Salvador y Honduras– ha crecido durante los últimos años. Solo en lo que va del año, hay más familias guatemaltecas y menores no acompañados detenidos en la frontera que en todo 2017.

La corrupción endémica en Guatemala alimenta directamente las condiciones que obligan a miles de inmigrantes a huir del país en busca de seguridad y estabilidad, a menudo en Estados Unidos. Debido a las élites guatemaltecas que supuestamente llevaron fondos del gobierno a sus propios bolsillos a través del fraude, soborno, lavado de dinero y contratación irregular de servicios, no se han realizado las inversiones adecuadas en atención médica, educación y otros servicios básicos. La confianza pública en el gobierno está diezmada, mientras las redes criminales y las pandillas han encontrado oportunidades ilimitadas para expandirse y cooptar funcionarios.

La corrupción también es uno de los factores claves que ha hecho incapaz al gobierno de Guatemala de enfrentar la violencia que asedia a sus comunidades o de castigar a los criminales por sus delitos, situaciones que los migrantes suelen citar como razones para huir a Estados Unidos.

Desde que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala –conocida como la CICIG y respaldad por la ONU– empezó a funcionar en 2007, sus investigadores y fiscales guatemaltecos han desmantelado con éxito redes criminales que involucran a las élites más ricas y poderosas del país, las mismas que durante décadas trasquilaron las arcas del gobierno, permitiendo que la pobreza y la inseguridad crecieran.

Pero los políticos y empresarios poderosos de Guatemala que están acusados ​​en las investigaciones de la CICIG han tratado reiteradamente de socavar al organismo y de detener las pesquisas en su contra y de sus aliados, incluso a través de recientes propuestas a Washington.

Entre ellos se encuentra el presidente de Guatemala, Jimmy Morales. Y, aunque él se lanzó a la campaña presidencial de 2016 con el lema “ni corrupto ni ladrón”, desde entonces la Fiscalía General del país lo ha acusado a él y a muchos en su círculo cercano de una variedad de delitos de corrupción.

En abril pasado, la Fiscalía confirmó que investiga si Morales habría recibido financiación ilícita para su campaña, incluyendo la de un narcotraficante conocido. Morales ha negado cualquier delito. Pero en respuesta a la medida, empezó a atacar las pesquisas reiteradamente, quizás motivado por el miedo de terminar como su predecesor Otto Pérez Molina, quien fue destituido, encarcelado y está a la espera de juicio por acusaciones sobre su supuesta participación en una red de tramas de corrupción de amplio alcance, algo que él niega.

Según el jefe de la CICIG, el colombiano Iván Velásquez Gómez, el apoyo de Morales a la comisión “dejó de existir” desde que él y sus familiares fueron acusados. En agosto de 2017, Morales intentó sin éxito expulsar a Velásquez. Pero él podría estar lográndolo en sus gestiones con Estados Unidos.

Durante años, Morales y sus aliados han estado cabildeando fuertemente en Washington contra el esfuerzo anticorrupción. Incluso, recientemente, el Gobierno y su círculo cercano tomaron medidas para contratar a una empresa con sede en Estados Unidos que está relacionada con el vicepresidente Mike Pence, apuntando a fortalecer su relación con la administración Trump.

Y hay más: el gobierno de Morales también ha respaldado o se ha hecho el de la vista gorda ante las controvertidas políticas de Trump, especialmente cuando se trata de Israel o del tema inmigratorio, lo que podría ser un intento por ganarse el favor y posiblemente conseguir el apoyo para socavar las investigaciones anticorrupción.

No olvidemos que Morales siguió el ejemplo de Trump de trasladar a Jerusalén la embajada de su país en Israel. Días después de que la embajada de Estados Unidos fuera reubicada a mediados de mayo, Guatemala se convirtió en el primer país del mundo en hacer lo mismo.

Jimmy Morales se ha definido como cristiano y él y su administración sostienen que el traslado de la embajada fue una muestra de apoyo a Israel. Pero el medio de transporte que utilizaron para llegar a Jerusalén apunta a que además se trató de un fortalecimiento en los vínculos con aliados de Trump. En mayo pasado, el ministro de Relaciones Exteriores reconoció públicamente que el presidente guatemalteco y su delegación viajaron a la inauguración en Israel en un avión que es propiedad del magnate estadounidense Sheldon Adelson, quien también fue uno de los principales hombres que financió la campaña de Trump a la presidencia.

La Fiscalía General de Guatemala investiga si el uso del avión de Adelson por parte de los funcionarios podría considerarse un soborno o no. Pero según el canciller, Adelson no cubrió los costos del viaje y el equipo legal del gobierno de Morales estableció con anterioridad que utilizar la aeronave no era ilegal. Los representantes de Adelson no respondieron a una solicitud para comentar.

Pero, al mirar en detalle los asistentes a la inauguración de la embajada se insinúa una superposición para Morales entre la relación que desarrolla con el círculo cercano de Trump y su deseo por atenuar el escrutinio de las acusaciones por corrupción en contra suyo y de su familia. Tanto el hermano como el hijo de Morales tuvieron que ser liberados temporalmente de su arresto domiciliario para la ocasión especial. Los dos atraviesan un juicio en el que son acusados de fraude. Ambos niegan los cargos. Samuel Morales admite que facilitó la falsificación de recibos para respaldar el gasto de miles de dólares sacados del registro nacional de propiedad de Guatemala como un “favor” a su sobrino, pero asegura que no se benefició de la trama.

Dado que Trump ha calificado repetidamente a las investigaciones en su contra de ser una “cacería de brujas”, resulta fácil entender por qué Morales podría convencer al gobierno de Estados Unidos de que las pesquisas en Guatemala están siendo “manipuladas” de manera similar, a pesar de la clara evidencia que apunta a lo opuesto.

Y cuando se trata de las políticas inmigratorias de Estados Unidos –que son ineficaces para atacar las causas y además afectan a los guatemaltecos– Morales casi siempre se ha hecho el de la vista gorda. Tras la política de “tolerancia cero” que llevó a la separación de bebés y niños de sus padres, Morales permaneció en silencio durante semanas y, cuando finalmente se pronunció, dijo que “respetaba” la política. Es más, solo condenó los hechos después de enfrentar intensas críticas por parte de los guatemaltecos y de los tuits de la congresista estadounidense Norma Torres.

Un creciente contingente de importantes republicanos en el Congreso ha comenzado a dale la vuelta al tema de la cruzada de anticorrupción en Guatemala y a cuestionar la legitimidad de la CICIG, alegando sin evidencia que la entidad fue corrompida. Al respecto, se han hecho audiencias en el legislativo estadounidense y el senador Marco Rubio, quien se refiere a Morales como un “gran amigo”, incluso aprovechó un momento para suspender la ayuda de EE.UU. a la CICIG. El Gobierno de Estados Unidos ha proporcionado casi la mitad del presupuesto de la entidad desde que comenzó. Y la decisión de retener estos fondos podría cerrar efectivamente la comisión, a menos que intervengan otros donantes.

Si la administración de Trump y el Congreso de EE.UU. realmente quieren abordar la violencia de las pandillas y reducir el número de inmigrantes centroamericanos que recurren a su país como un refugio seguro, acabar con la corrupción debería ser una prioridad. Si los desarrollos recientes son una señal, parece que desafortunadamente están lejos de lograrlo.



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A pesar del tuit alarmista de Elon Musk sobre un asteroide que golpearía la Tierra, la NASA dice que no hay una amenaza conocida


(CNN) — Elon Musk, director ejecutivo de SpaceX y Tesla, tuiteó que una “gran roca” golpeará la Tierra y que “actualmente no tenemos defensa”.

Pero la NASA parece estar en desacuerdo.

El tuit de Musk fue una respuesta a otro del comediante y podcaster Joe Rogan, quien compartió un artículo informando que la NASA ha comenzado los preparativos para el asteroide Apophis de 335 metros de ancho, que está programado para pasar por la Tierra el 13 de abril de 2029. Apophis fue nombrado como un dios egipcio de la muerte.

Uh. ¿Qué?

Musk no está equivocado cuando tuiteó “No me preocuparía por este en particular”. Apophis no nos va a impactar: pasará a 30.500 kms de distancia. Es raro que un objeto tan grande esté tan cerca, por lo que los científicos de la NASA aprovecharán la oportunidad para observar detalles de la superficie y otras cosas que pueden ayudar a la defensa planetaria.

Es la siguiente parte del tuit de Musk que ha dejado a las personas rascándose la cabeza.

Musk no dio más detalles sobre lo que quería decir con “gran roca”, por lo que es difícil saber a qué se refería realmente.

LEE: Un asteroide más grande que el edificio Empire State pasará por la Tierra la próxima semana: ¿deberías preocuparte?

El sitio web de la NASA, sin embargo, dice claramente: “Ningún asteroide conocido representa un riesgo significativo de impacto con la Tierra en los próximos 100 años”.

Lindley Johnson, de la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA, reiteró esa postura en un comunicado.

“Si bien ningún asteroide conocido de más de 140 metros de tamaño tiene una probabilidad significativa de golpear la Tierra durante los próximos 100 años, la NASA y sus socios están estudiando varias metodologías diferentes para desviar un asteroide peligroso”, dijo.

Básicamente, incluso si un asteroide se precipitara hacia la Tierra, los científicos creen que tendrán la tecnología para desviarlo del rumbo y evitar la colisión.

MIRA: La NASA descubre una “supertierra” que podría albergar vida

La NASA también tiene un departamento designado que encuentra asteroides no detectados y rastrea sus órbitas, por lo que tienen datos sobre dónde exactamente estará un asteroide hasta cientos de años en el futuro. Incluso si un asteroide no detectado se pasara, dijo Johnson en una entrevista previa con CNN, el impacto es extremadamente raro: ocurre solo una vez cada dos o tres siglos.



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Trump dice que su Gobierno está en contacto con el régimen de Maduro en Venezuela


(CNN) — El presidente Donald Trump dijo el martes que Estados Unidos ha estado en contacto con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

“Sí”, dijo Trump a los periodistas en la Oficina Oval cuando se le preguntó si la administración había estado en contacto con representantes del régimen.

“Estamos en contacto. Estamos hablando con varios representantes de Venezuela. Estamos ayudando a Venezuela tanto como podemos. Nos mantendremos al margen pero la estamos ayudando”, continuó.

Trump dijo que la administración ha estado en contacto con los miembros del régimen “en diferentes niveles” y agregó: “No quiero decir quién, pero estamos hablando a un nivel muy alto”.

CNN informó anteriormente el lunes que Diosdado Cabello, el líder de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela y el polémico número dos del presidente Nicolás Maduro, negó los informes de que haya “conversaciones secretas” con Estados Unidos durante una conferencia de prensa.



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Abusos de la fuerza pública, asesinatos y violencia: las razones por las que protestan las mujeres en México


(CNN Español) — Una manifestación de mujeres que protestaban contra la violencia de género tuvo lugar en Ciudad de México el fin de semana; esta fue detonada por agresiones y violencia contra las mujeres este año, en que los acusados son policías.

Las mujeres mexicanas dicen estar “hartas” de la falta de garantías para acceder a la justicia, combatir la violencia de género y la dilación en la justicia para resolver sus casos, según dice comunicado del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, que agrupa a varias organizaciones defensoras de derechos de las mujeres. Ese grupo de organizaciones piden se emita una alerta por la violencia de género en Ciudad de México.

El Observatorio Nacional del Feminicidio dijo en un comunicado que hay un “hartazgo” social que viven las mujeres en México porque “la vida de las mujeres se desarrolla en un contexto de militarización de la seguridad pública que lejos de garantizar su integridad física y libertad, atenta contra ella”.

  • Mira: Exfiscal de México sobre la violencia contra las mujeres: “Nos están matando, sobre todo a las jóvenes”

La secretaria de Gobierno de Ciudad de México ha rechazado en los últimos días la violencia contra las mujeres, que detonaron las marchas y dijo que hay una investigación abierta contra los seis policías que fueron señalados contra presuntos responsables de delitos de violencia contra las mujeres.

“La violencia contra las mujeres niños y niñas es inadmisible e inaceptable”, dijo Sheinbaum. En este gobierno no estoy dispuesto a tolerarla”.

La jefa de gobierno de Ciudad de México dijo que tiene claro que los procedimientos de la denuncia y el acceso a la justicia víctimas de la violencia “es un camino largo y que esto tiene que cambiar”.

 

Las cifras de violencia contra la mujer dan un panorama desolador de lo difícil que resulta ser una mujer violentada en México.

Por ejemplo, sobre la violencia de género por parte de la Fuerza Pública, que fue el detonante de las más recientes manifestaciones, Amnistía Internacional dijo que es algo recurrente en ese país, en su informe “Sobrevivir a la Muerte: Tortura de Mujeres por Policías y Fuerzas Armadas en México” de 2016.

Noventa y una de las 100 mujeres que fueron entrevistadas para este reporte de AI dijeron haber sido amenazadas por las fuerzas policiales, el 72 de las mujeres entrevistadas dijeron haber sido manoseadas durante su detención, especialmente en pechos y genitales.

Además, 33 mujeres entrevistadas para el reporte denunciaron violación durante su detención, principalmente por parte de la Marina, la Policía Municipal y la Policía Estatal.

En un comunicado conjunto de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la Nación, el Gobierno de México respondió al informe de Amnistía Internacional diciendo que el Estado está “obligado a prevenir y sancionar la comisión de actos de tortura y otros tratos crueles e, inhumano” y reafirmó su “compromiso irrestricto con la plena eliminación de la violencia contra las mujeres en todos sus aspectos”.

En ese comunicado de julio de 2016, el Gobierno presentó una lista de medidas para la protección de las mujeres, entre ellas la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la instauración de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el establecimiento y revisión de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. En 2018 se creó la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura.

“México mantiene una revisión constante y permanente sobre las acciones realizadas para lograr la plena erradicación de este delito, con perspectiva de género”, dijo el Gobierno en el comunicado.

Durante el tiempo que estuvieron arrestadas, el 27% de las mujeres entrevistadas por Amnistía Internacional dijeron que les fue introducido algo vía vaginal, el 24%, en la boca y al 13% vía anal, dice el reporte.

“De los casos examinados por Amnistía Internacional, todas las mujeres expusieron con detalle algún tipo de violencia, desde el acoso sexual y los abusos psicológicos hasta la violencia sexual”, dice este reporte.

Entre enero y junio de 2019 fueron asesinadas 1.812 mujeres en México, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), es decir, 10 mujeres cada día, según cifras citadas en el comunicado del Observatorio Nacional del Feminicidio.

En ese mismo periodo, se cometieron 448 feminicidios, 206 secuestros contra mujeres y se reportaron 34.463 casos de lesiones dolosas contra las mujeres, según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

“Hemos documentado una ruta de impunidad y patrones que responsabilizan a las mujeres de las agresiones y violaciones en su contra”, dicen las organizaciones firmantes del comunicado.

Entre tanto, la violencia contra las mujeres en los espacios públicos también es una preocupación, según ONU Mujeres, que señala que “la violencia sexual en los espacios públicos, especialmente el acoso sexual, sigue siendo tolerado y ‘normalizado’”.

“La violencia sexual contra las mujeres y niñas es un problema universal que ocurre en las calles”, dice la ONU.

Según la ONU, las mujeres “se sienten más inseguras que los hombres al encontrarse en diversos lugares públicos o privados”, y el 34,3% de las mujeres han experimentado algún tipo de violencia sexual a lo largo de su vida en los espacios públicos en todo el país.

Y las cifras de la Encuesta Nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública (ENVIPE) de 2017, citada por ONU Mujeres, dice que el 73,6% de las mujeres se sienten inseguras en el transporte público, el 71% se sienten inseguras en las calles y 60,8% se sienten inseguras en un parque o centro recreativo.

Por eso, el grupo de organizaciones firmantes que piden se declare una alerta por violencia de género en Ciudad de México, pide que entre otras medidas, se conforme un cuerpo de policía de género, formado “específicamente para atender las problemáticas que ponen en riesgo a las mujeres”.

La violencia empañó las manifestaciones

La manifestación de mujeres en contra de la violencia de género del fin de semana dejó algunos heridos y recibió críticas debido a que algunas de las participantes pintaron paredes de edificios y monumentos públicos, y hasta se registraron destrozos en transporte transporte público y en estaciones de Policía.

Aunque la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que no se abrirá expediente en contra de las personas que participaron en estos hechos, aseguró que sí se abrirán investigaciones para identificar a los agresores de al menos tres periodistas.

Entre tanto, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador rechazó los hechos de violencia que se vieron en la capital mexicana y pidió a los manifestantes “que lo hagan de manera responsable, sin violencia, sin afectar a los ciudadanos. Y que se cuide el patrimonio cultural artístico de México”.



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