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La juez archiva la causa por la muerte de 15 inmigrantes que se ahogaron en el Tarajal



Un juzgado de Ceuta ha archivado definitivamente este viernes la causa abierta contra los 16 guardias civiles que fueron imputados tras la muerte de 15 personas en 2014 frente, durante un intento masivo de inmigrantes de cruzar la frontera del Tarajal (Ceuta). Los guardias civiles, entre los que se encontraban un capitán, un teniente y un sargento, estaban acusados de los delitos de homicidio, lesiones imprudentes y prevaricación. El caso se cerró provisionalmente por la juez Carmen Serván en octubre de 2015, pero fue reabierto en febrero de 2017 después de que tres ONG recurriesen a dicho sobreseimiento

Los hechos ocurrieron el 6 de febrero de 2014 cuando unos 250 subsaharianos intentaron entrar a nado en la ciudad autónoma después de haberlo intentado previamente por tierra, tanto por el paso habilitado para los porteadores como por la frontera del TarajalEl ministro del Interior de entonces, Jorge Fernández Díaz, reconoció que los agentes dispararon pelotas de goma contra los inmigrantes con el objetivo de que desistieran, 15 de ellos murieron y un grupo de 23 fueron expulsados mediante las denominadas “devoluciones en caliente”. 

Cinco de los cadáveres fueron rescatados días después en aguas de Ceuta, mientras que los otros diez cuerpos quedaron en aguas marroquíes. El procedimiento se inició tras la denuncia de la Abogacía del Estado, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado así como otras asociaciones como Coordinadora de Barrios y Pro Derechos Humanos.

La juez considera que, “de lo actuado, no aparece debidamente justificada la perpetración de los diferentes delitos que han dado motivo a la formación de la causa”, por lo que decreta el sobreseimiento libre de las actuaciones una vez “han sido cumplimentadas” las diligencias de instrucción cuya práctica fueron acordadas por medio de una providencia de fecha 30 de marzo de 2017.

De este modo, señala que, “desde la reapertura de la causa, fuera de las diligencias de prueba anteriores, se reducen a dos las pruebas nuevas cuya práctica ha sido solicitada por las partes personadas”. Estas pruebas son la declaración de un testigo presencial “por ostentar la regencia de un quiosco en las inmediaciones del lugar de los hechos, de cuyo testimonio se deduce que no observó ningún comportamiento por parte de los agentes de la Guardia Civil reprochable desde el punto de vista penal”, y la declaración de otros dos testigos sobre los que “no consta que hayan pasado por territorio español en fechas relativamente recientes o cercanas al 6 de febrero de 2014”.



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Márquez, campeón del mundo de MotoGP


Es el mejor piloto del momento. Uno de los mejores pilotos de la historia del motociclismo. Y no solo porque este domingo en Japón haya logrado su quinta corona en MotoGP, las mismas que Mick Doohan –dos menos que Rossi, tres menos que Agostini, el más laureado–, sino por cómo gana y lo que (se advierte) puede ganar todavía. Marc Márquez se ha convertido, a sus 25 años, en el campeón más joven en alcanzar siete títulos mundiales, pues a los de la categoría reina suma uno en 125cc y otro en Moto2.

Es la referencia. Es historia del deporte.

Por el atrevimiento. Por el riesgo. Por las formas. Por la técnica. Porque ha llevado al motociclismo a otro nivel. Ha convertido los grandes premios en otra cosa. En una guerra en la que para ganar hay que sobrepasar los límites, pensar poco, jugar siempre en el filo. Él pone las reglas. Porque con su pilotaje provoca carreras repletas de toques, de las que se viven en un ay; carreras de las que uno puede esperar cualquier cosa: gloria o lamento; carreras en las que participan los márgenes de la pista, pues él es el primero que apura cada centímetro. El que quiera batirle tiene que jugar a lo mismo.

Se atrevió Dovizioso este domingo en Japón y acabó donde muchas veces había hecho antes Márquez, en el suelo. Faltaba poco más de una vuelta. Y el italiano, que había controlado la carrera desde el primer giro hasta que el de Honda le adelantó a cuatro vueltas del final, buscaba la mejor posición para preparar su ataque final. Pero se quedó en la escapatoria de la décima curva, esa que da entrada a la contrarrecta, esa en la que el de Ducati sabía que debía poner todo su empeño para adelantar al español en la siguiente curva. Pero ya no llegó. Era la única manera de frenar al nuevo campeón del mundo. Lo sabía el italiano. Como sabía Márquez que ganar era su única opción para llevarse el título a la primera de cambio. Y no pensaba renunciar a ello. Pese a los riesgos, pese al fantasma de una caída. Corrió con un único objetivo. Y pilotó, poco habitual en él, como deben hacerlo los campeones: con cabeza, por la trazada. Y arriesgando lo justo, que es un arte que solo unos pocos privilegiados conocen.

Se colocó bien pronto a rueda de Dovizioso, el hombre que tenía el ritmo y la máquina para imponerse en Motegi. Márquez había formado el sexto en la parrilla, pero hizo una buena salida y se puso a rueda de Miller, segundo, ya en las primeras curvas. No esperó mucho para adelantarle. No debía perder la estela de Dovi, el hombre que, con su ejemplo, le ha hecho mejor en los últimos meses. Porque el de Forli, listo, cerebral, hoy, además, más maduro y confiado, lleva esa Ducati como si saliera a pasear al perro. Tan cómodo incluso en las curvas más largas que se permitió, pese a sentir el aliento de Márquez desde el primer minuto, ralentizar el ritmo de la carrera, animar la prueba, ayudar a que se sumaran a la partida cuantos más jugadores, mejor. “Nos hizo correr como tres o cuatro carreras en una”, se quejaba Crutchlow. Esa era la estrategia del italiano: forzar el ritmo y al cabo de unos giros frenar la carrera, y volver a forzar para volverla a frenar. Su objetivo: que Márquez no aguantara a su rueda hasta la última vuelta. Y sí, el pelotón rodó lento todo el tiempo que él quiso. Pero, al final, ocurrió todo lo contrario a lo que él buscaba.

Porque cuando cambió por segunda vez su ritmo, a seis giros del final, se quedó solo con Márquez, el único que pudo mantenerse a su rueda. El único que podía ganarle. Y lo intentó. Después de seis años en MotoGP nadie esperaba que no lo hiciera. Para Márquez las carreras son espectáculo y diversión. Incluso los domingos que se está jugando un campeonato del mundo. Y para ello escogió una curva, la nueve, a la izquierda, como a él le gustan: un ángulo bastante pronunciado en el que adelantó a Miller al inicio de la prueba y también a Dovi, al cabo de 10 giros y en su ataque final. Apuraba tanto en aquella zona que hasta dos veces levantó la tierra que cierra la pista a la salida de la curva diez. Por poco se cae. Claro que ya está acostumbrado a esos sustos. Y siguió como si nada.

En cuanto se puso al frente, desconcertó a su rival. En cada frenada se esforzaba por cerrar todos los espacios. Tanto que la rueda trasera llegaba a las curvas a un palmo del suelo. Era necesario. Debía pilotar así para vencer en un circuito en el que tuvo que compensar la falta de aceleración de la moto con una mejor estabilidad a la entrada de las curvas. No quería volver a jugarse una victoria en la última vuelta con el italiano. Y aquel, en su intento por encontrar los espacios para adelantarle, cometió un error. Así fue cómo Márquez logró ganar un Mundial como había soñado. Con una victoria. La octava de la temporada. Ahora le quedan tres grandes premios para mejorar el currículo. Y para divertirse todavía un poco más.

Lorenzo vuelve a casa para recuperarse y tratar de correr en Malasia

Lorenzo, junto a miembros de su equipo, en Motegi.


Lorenzo, junto a miembros de su equipo, en Motegi. Getty Images

Cuando mejor se encontraba con su Ducati, después de ganar en Spielberg, después de encadenar tres pole position consecutivas, en Silverstone, donde la carrera fue finalmente cancelada, en Misano y en Alcañiz, donde acabó por los suelos, Lorenzo ve cómo las lesiones le apartan de los circuitos. La caída en Aragón, donde se hizo daño en dos dedos del pie derecho, podría haber sido apenas una molestia para competir en Tailandia. Pero acabó renunciando a correr después de una nueva caída en los entrenamientos libres en los que se dañó la muñeca. Creyó, así se lo dijeron los médicos, que tenía solo una fisura, pero la lesión se advirtió más compleja con el paso de los días. “No se ha recuperado bien”, concedía el español a su llegada a Japón. La fisura parece ahora ser una pequeña fractura completa de radio. Y el entorno del piloto duda de si tendría que haberse operado.

Después de renunciar también a correr en Motegi, por el dolor y por el temor a que la fractura empeorara, Ducati informó la mañana de este domingo de que el mallorquín viajará de vuelta a casa. Se le practicarán más pruebas –una resonancia, por ejemplo, para estudiar si hay ligamentos dañados, además del hueso– y trabajará conjuntamente con los doctores para poder recuperarse lo antes posible y tratar de correr el GP de Malasia. Así pues, Lorenzo asume perderse otra carrera, la de Australia la semana que viene, para llegar en buena forma a las últimas citas del año. Ducati buscará un piloto que pueda reemplazar al español en Phillip Island.



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EL PAÍS

La banca hará pagar al cliente el impuesto de las hipotecas mientras decide el Supremo



Tras la perplejidad, ha llegado el caos. El jueves pasado el Supremo decidió que el impuesto de la hipoteca lo pagara el banco y no el cliente. Al día siguiente, la Sala de lo Contencioso-administrativo congeló esa sentencia a la espera de una decisión posterior del Pleno. En principio, la banca dijo que asumía el pago del impuesto, pero tras la intervención de la Sala, la mayor parte del sector ha vuelto a hacer pagar a los clientes, hasta que lleguen novedades. Desde el jueves, la banca se movilizó ante el Ministerio de Economía y el Banco de España para transmitir “la enorme gravedad que suponía la sentencia”, ya que la devolución del impuesto con 15 años de retroactividad podía acabar con la mitad del sector, según un alto ejecutivo bancario.

Rápido cambio de criterio en la justicia y más rápido en la banca. La Asociación Española de Banca (AEB), la CECA, la que aglutina a los bancos de las antiguas cajas, y las cooperativas de crédito, emitieron un comunicado conjunto el jueves pasado diciendo que acatarían la sentencia del Supremo, lo que suponía asumir el pago del impuesto a partir de ese momento, tras criticar la inseguridad jurídica provocada.

Sin embargo, el viernes, con el cambio de posición del Supremo, la mayor parte de las entidades consultadas han cambiado de opinión. Ahora creen que “la situación ha vuelto al miércoles, es decir, corresponde al cliente pagar el impuesto de actos jurídicos documentados, como se establece en la norma desde 1994”, apuntan fuentes consultadas. De hecho, las asociaciones han transmitido la libertad de actuación a sus entidades.

Otros bancos, minoritarios, han preferido asumir el coste del impuesto. La fórmula utilizada es no cobrárselo al cliente de la provisión de fondos que se realiza en las hipotecas. Y otra gran entidad ha apostado por una decisión salomónica: añadir una adenda al contrato de la hipoteca diciendo que si cambia la situación, el banco ayudará al cliente a reclamar la cantidad ante Hacienda, es decir, no se comprometen a devolverlo ellos. Y, por ahora, el Santander, BBVA y Bankia no ofrecen precios de hipotecas en sus webs “porque no sabemos el coste real del crédito”, se justifican.

Las entidades admiten que, ante este lío, algunos clientes han preferido posponer la firma de la hipoteca. “Siempre que no se pierda dinero por las arras o compromisos adquiridos, es una buena solución”, dice un ejecutivo.

Entre los notarios, también hay desconcierto. La mayor parte de ellos se ha limitado a informar a los clientes de lo ocurrido. “De momento, ninguna novedad práctica en la firma de hipotecas. Tampoco hemos tenido instrucciones ni nueva postura del Colegio de Notarios”, se apunta desde una de las grandes notarías de Madrid.

Imposible rehacer los documentos

Los bancos que seguirán cobrando el impuesto a los clientes argumentan que materialmente es imposible rehacer los documentos de la firma de hipotecas de los próximos días para que sea el banco el que pague. “Además, los servicios jurídicos creen que sería ilegal que ahora pagáramos nosotros porque todavía la norma no ha cambiado, no ha surtido efecto la sentencia”, explica un alto ejecutivo de un gran banco.

Estas fuentes, y otros juristas consultados, recuerdan que la sentencia del jueves todavía no se ha publicado en el BOE, por lo que no es de obligado cumplimiento, salvo para las partes, si es que ya se ha notificado.

Y añaden otro argumento: “Esperar acontecimientos es lo más razonable porque la sentencia no ha creado jurisprudencia ya que se precisa que haya dos, no solo una. Tras la decisión del Pleno, sí se creará jurisprudencia y se aclarará todo”, apuntan desde una antigua caja de ahorros.

Fernando Zunzunegui, abogado especializado en regulación financiera, coincide en que no se ha creado jurisprudencia, pero tiene claro lo que puede pasar ahora: “Luis Díez-Picazo, el presidente de la Sala Tercera del Supremo, acudirá al rescate de la banca, hay demasiados miles de millones en juego. Esta situación desastrosa es el último capítulo de la falta de atención que los gobiernos han tenido con las normas hipotecarias”. Zunzunegui recuerda que, pese a las advertencias del FMI sobre la necesidad de regular este mercado, la nueva Ley Hipotecaria lleva dos años y medio de retraso en su aprobación”.

Otro jurista consultado cree que el Gobierno podría intervenir al establecer la no retroactividad del cobro del impuesto en el decreto hipotecario, que está en tramitación. Precisamente fue el Gobierno uno de los sitios a donde los bancos acudieron el jueves pasado para transmitir su grave preocupación, además del Banco de España, según coinciden varias fuentes consultadas. La intención de los bancos era que su inquietud se transmitiera al Supremo y al Consejo General del Poder Judicial. No obstante, los bancos recuerdan que “la situación también era preocupante para las haciendas autonómicas, por las reclamaciones de devolución del impuesto, y para el propio Poder Judicial por el colapso que supondrían las demandas”.

Hasta 25.000 millones

El hecho es que la sentencia del jueves encendió las alarmas en los bancos. “El jueves se analizó la situación y el impacto era brutal. Si había que devolver lo cobrado en 15 años, el coste podía ser de unos 25.000 millones (o 18.000 en el mejor de los casos), lo que suponía acabar con la mitad del sistema financiero; el colapso total”, explica un alto ejecutivo de uno de los grandes bancos.

Sin embargo, añade esta fuente que pide el anonimato, “si la retroactividad solo afecta a los cuatro últimos años, porque es el tiempo de reclamación de un impuesto, supondría unos 2.000 millones, lo que significaría que algunas entidades pasarían a beneficio cero; es algo malo, pero menos dramático”, admite.

Ante esta situación, se utilizó a los máximos responsables de la AEB, José María Roldán, y de a CECA, cuyo director general es José María Méndez, que contó con el apoyo del consejo, donde están los presidentes de las entidades, para hacer llegar su malestar a Economía y al Supremo. Ahora la banca confía en que el pleno determine al menos que la sentencia no tenga carácter retroactivo.

Mientras tanto, las asociaciones de consumidores lo tienen claro. “Hay que reclamar el impuesto al banco, y si no accede, ir por la vía judicial”, señalan fuentes de la OCU. También Javier Gastón, de la plataforma Denuncias Colectivas, aconseja reclamar. “El procedimiento puede durar un mes o dos, no hay que esperar”, apunta.

El sector inmobiliario: “Se pueden frenar los créditos”

JOSÉ LUIS ARANDA Madrid

La decisión del Tribunal Supremo que deja en el aire la decisión sobre quién paga el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados “no es una buena noticia”. Quien lo dice es Fernando Encinar, cofundador y director de estudios del portal Idealista, pero sus palabras resumen bien el sentimiento de otros actores del sector inmobiliario español. Las palabras “inseguridad” e “incógnita” se repiten en todos ellos. Y nadie duda de que tendrá efectos sobre los préstamos.

“Como mínimo la concesión de hipotecas puede ralentizarse y eso no es positivo para nosotros”, señala Juan Antonio Gómez Pintado, presidente de la patronal de promotores inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA) y también de la de constructores españoles (APCE). El empresario considera que la sentencia del Supremo y su posterior revisión “ha pillado a todo el mundo por sorpresa” y “ha generado una intranquilidad en el sistema financiero”. Por ello, pide “un periodo de reflexión” que él mismo inicia: “De alguna manera deberíamos tener una ley no sujeta a tanta interpretación. Creo que cuando una ley se promulga hace falta que genere seguridad”.

Juan Velayos, consejero delegado de Neinor Homes, es más duro en su crítica a la decisión del Alto Tribunal. “El funcionamiento y politización de los jueces y tribunales son actualmente un desestabilizador de la recuperación económica y un generador de inseguridad jurídica, lo es en su mismo un verdadero despropósito”. Velayos, “con todo el respeto al Tribunal Supremo”, añade que “es francamente preocupante que puedan tomarse decisiones de semejante calado sin una reflexión seria y rigurosa sobre el impacto y consecuencias de las mismas”.

Sobre los efectos que puedan darse, Encinar destaca “que se han abierto un montón de incógnitas” y que “hay muchísima casuística”. Lo que no duda es que la decisión “dificulta la concesión de hipotecas, a partir de ahí se pone en duda la concesión y constitución futura de hipotecas y cuestiona todas las condiciones que la gente estaba negociando”. “Imagínate los que ya no han firmado [por la ralentización en la constitución de hipotecas que se produjo el viernes], pero es que además en su casa hay un montón de gente que no sabe si va a poder comprar una casa o no”, añade.

Para el director de estudios del portal inmobiliario, “el mercado es hipersensible” y por eso apunta, a largo plazo, a otra posible consecuencia imprevista. “La decisión del Supremo complica la compra de vivienda y la carambola que puede provocar es que más personas de manera forzosa tengan que vivir de alquiler”, advierte.



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¿Muchos impuestos? demasiados agujeros


No hay nada más seguro en la vida que la muerte y los impuestos”. Con este aforismo atribuido al político y científico estadounidense Benjamin Franklin, el exministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro, anunció la mayor subida de impuestos de la democracia. Corría 2012 y España estaba sumida en el abismo. Los mercados financieros apostaban en tropel contra la deuda pública, la prima de riesgo, un concepto financiero abstruso que mide el riesgo de un país, creaba pavor porque estaba descontrolada, y se popularizó en las barras de los bares. Los socios comunitarios se debatían entre dejar caer al país o aplicarle una traumática terapia de choque con en forma de austeridad. Un amargo tratamiento que ya habían recetado a Grecia, Irlanda o Portugal. Para evitar el rescate, el PP subió el IRPF, el IVA, eliminó ventajas fiscales para las empresas en el impuesto de sociedades, incrementó la tributación sobre el alcohol y el tabaco, propició aumentos del IBI municipal e, incluso, aprobó una amnistía fiscal. En definitiva, exprimió toda la capacidad tributaria a su alcance. Es verdad que cuando amainó la tempestad comenzó a bajar impuestos. Pero el hachazo fiscal de 2012 pasó a los anales como la mayor subida de impuestos de la historia democrática.

Ha pasado el tiempo y, en solo seis años, aquella pesadilla parece lejana. Tras cinco años de recuperación, la crisis parece un capítulo de ciencia ficción. El PIB se ha recuperado, el déficit público está bajando, los sueldos empiezan a subir y la recaudación acaricia cifras récord. Pero las secuelas siguen ahí: el paro no baja del 15%, la desigualdad se ha exacerbado y los servicios públicos siguen mermados tras los recortes.

En este contexto, el Gobierno ha anunciado un acuerdo con Unidos Podemos para subir el IRPF a las rentas altas y el impuesto de sociedades a las grandes empresas. Además, prevé aprobar dos nuevos tributos; uno sobre transacciones financieras, que gravará la compraventa de acciones, y otro sobre la economía digital, la llamada tasa Google. El PP y Ciudadanos han lanzado una campaña contra esta sacudida fiscal. Alegan que podría frenar la recuperación, afectar a la creación de empleo y desincentivar la inversión.

La ofensiva fiscal lleva a plantearse varias preguntas. ¿Cuántos impuestos se pagan en España? ¿Contribuimos más que nuestros socios comunitarios? Y, más allá de consideraciones políticas, ¿cuál es el sistema tributario que debería tener España? Antes de responder hay que precisar que sobre los impuestos ocurre algo curioso. Ponen de acuerdo a la mayoría de los ciudadanos: todo el mundo piensa que paga mucho respecto a lo que recibe, y considera que aporta al fisco más que sus vecinos. Es un mantra que se extiende con independencia de si la persona es de izquierdas o de derechas. Así lo revelan con regularidad las encuestas del CIS. Y para justificarlo un dato: más del 95% de los españoles considera que existe bastante o mucho fraude fiscal. Para ver si España está más cerca de ser un paraíso fiscal o un estado confiscatorio, lo mejor es echar un vistazo al resto de países. Y el resultado de la ratio de ingresos fiscales sobre el PIB es del 33,9% en España, frente al 40% de la UE. De entre los grandes países europeos, solo Irlanda tiene una presión fiscal menor (23,6%). En Francia y Dinamarca esta tasa supera el 47% del PIB.

España recauda poco en función de la riqueza nacional. Si quisiera homologarse al resto de países de la UE debería obtener unos seis puntos más de PIB por ingresos fiscales, el equivalente a unos 70.000 millones. “España no solo está por debajo del promedio, sino que sus impuestos son unos de los más bajos de la eurozona. Incluso están por debajo de países como Eslovenia y Hungría, y al mismo nivel que Chequia y Estonia”, señala Ignacio Zubiri, catedrático de la Universidad del País Vasco, en un artículo sobre tendencias fiscales de la UE publicado recientemente por Funcas, la fundación de las cajas de ahorros.

Preferencias

“La diferencia en la presión fiscal no es más que el reflejo de las preferencias de la sociedad sobre el tamaño que cree que debe tener el sector público”, explica Rafael Domenech, responsable de análisis macroeconómico de BBVA Research. Precisa que en muchos casos, estas preferencias están condicionadas por la eficiencia de las instituciones. Así, los países con más presión fiscal llevan décadas desarrollando políticas eficientes en la prestación de servicios públicos educativos y sanitarios. “Se han ganado la confianza del contribuyente, que está dispuesto a hacer una mayor contribución porque le merece la pena. Pero los casos de corrupción no ayudan a crear esta conciencia”, lamenta Domenech, que recomienda trabajar en mejorar la eficiencia de las Administraciones Públicas, y que estas aprovechen las oportunidades del big data y la revolución tecnológica para mejorar.

El motivo de la baja capacidad recaudatoria de España reside en el IVA y en el IRPF. Entre ambas figuras tributarias suman más del 75% de la recaudación total. Sin embargo, la percepción es que los tipos impositivos de estos impuestos no están muy alejados de la media europea. ¿Entonces, qué ocurre? Hay tres explicaciones: por un lado, el sistema tributario español está lleno de agujeros, con exenciones, deducciones y otros beneficios fiscales por donde se escapa la recaudación. Es como intentar llenar un cubo con un colador. España deja de recaudar 50.000 millones al año por las deducciones fiscales, el 25% del total de la recaudación.

¿Muchos impuestos? demasiados agujeros



Aunque muchos piensen en las empresas, lo cierto es que el IVA es el tributo más parcheado, con regímenes especiales y excepciones con tipos reducidos. Comer en un restaurante de tres estrellas Michelin o dormir en un hotel de lujo está gravado con el tipo mínimo del 10%, frente al tipo general del 21%. El sector turístico recibe un trato privilegiado fiscalmente, pero también existen otros sectores beneficiados. “España destaca junto con Grecia, Italia o Portugal por presentar los niveles más reducidos de recaudación potencial de IVA de la UE, recaudando de media un 45% de sus ingresos potenciales”, señala un documento del Banco de España sobre la estructura impositiva del país, elaborado en 2014 por el actual gobernador, Pablo Hernández de Cos. Por eso, Domenech es partidario de trabajar en aumentar la fiscalidad indirecta (IVA y especiales) en lugar de gravar más la directa. Precisamente esa es la tendencia internacional.

En segundo lugar, hay grandes bolsas de fraudes que conviven con regímenes tributarios, como el de módulos, que propician la elusión. Cuando se habla de fraude fiscal muchos miran a las grandes compañías y altos patrimonios, pero los inspectores no olvidan el menudeo entre los profesionales, autónomos y pequeñas empresas para explicar el volumen de la economía sumergida. Es frecuente oír en talleres, reformas, consultas médicas o servicios profesionales la pregunta de ¿con IVA o sin IVA? Y eso denota una escasa conciencia fiscal, que también se refleja en las encuestas del CIS (el 57% de los españoles piensa que paga muchos impuestos).

Bases imponibles

Junto a los agujeros del sistema y al fraude fiscal hay un tercer factor: las bases imponibles —los recursos totales sobre los que se aplican los tributos— son menores en España. En el IRPF, por ejemplo, los tipos no han dejado de caer desde los ochenta. A partir de entonces se han ampliado las exenciones y se han incrementado las deducciones familiares. Además, la baja participación laboral de España y la elevada tasa de paro hacen que el IRPF, no despliegue toda su potencia de fuego. “No se soluciona gravando más a las rentas altas, sino ampliando las bases fiscales y limitando deducciones”, explica Ignacio Conde-Ruiz, profesor de Economía en la Universidad Complutense. “Subir la imposición a las grandes empresas y a las rentas altas es muy popular, pero es poco efectivo en un contexto globalizado. “Vende mucho políticamente, pero se rasca poco si no se hace de forma coordinada en el ámbito internacional”, añade Conde-Ruiz, que es subdirector de Fedea, la fundación de estudios de economía aplicada. En realidad, los partidos conservadores tienden a bajar impuestos cuando gobiernan y los de izquierda no se atreven a subirlos, lo que deberían hacer cuando tienen el poder, explica.

Los abusos tributarios de las tecnológicas, que han aprovechado los resquicios legales internacionales para reducir al mínimo su coste tributario, han despertado el recelo de políticos y ciudadanos. Ejecutivos de empresas españolas consultados, admiten que estas prácticas creadas por corporaciones extranjeras han perjudicado la reputación tributaria de todos. Y recuerdan que hay una competencia fiscal entre países a modo de carrera global por ofrecer ventajas fiscales para atraer inversión.

Lo cierto es que el impuesto de sociedades recauda en España un 40% menos que antes de la crisis. Pero su contribución no está muy alejada de la media comunitaria. Fuentes empresariales explican que la situación actual no es comparable con el boom de la burbuja inmobiliaria y financiera, cuando constructoras y bancos encadenaban récords de beneficios. “No es la misma España”, aseguran. La recesión ha cambiado el panorama empresarial. Aunque el total de los resultados empresariales ya se acerca al nivel precrisis, el 70% del beneficio de las grandes multinacionales españolas procede del exterior. Y, además, estas arrastran en sus balances el parte de lesiones de la crisis, los llamados créditos fiscales, que les permite reducir los impuestos en el futuro.

Ministra de Hacienda, María Jesús Montero.


Ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

La OCDE ha publicado el informe anual sobre tendencias tributarias. “Los países han utilizado las recientes reformas tributarias para reducir los impuestos a las empresas y los individuos con el objetivo de impulsar la inversión, el consumo y la participación en el mercado laboral, lo que comenzó hace un par de años”, dice el estudio tras analizar los cambios en las 35 economías más desarrolladas.

Tras esta radiografía del sistema tributario español surge la pregunta ¿cómo mejorarlo? Existe un modelo ideal evocado recurrentemente por expertos y académicos. Hace una década el Instituto de Estudios Fiscales británico (IFS, en sus siglas en inglés) encargó al premio Nobel de Economía, James Mirrlees, que diseñara un marco tributario ideal, eficiente y óptimo. Durante cuatro años, el prestigioso académico trabajó con los mejores expertos y las mentes más brillantes del país. El resultado final fue publicado en 2013 bajo el nombre de Informe Mirrlees. Se trata de un voluminoso trabajo académico, que es un “ideal al que tender”, pero difícil de aplicar por los condicionantes políticos. El primer punto del citado estudio es rotundo: “El mejor sistema impositivo sería aquel que, para unos objetivos recaudatorios y redistributivos dados, optimizara el logro de los restantes objetivos, dentro de las restricciones que impone el contexto económico y político y la disponibilidad de información”.

El informe proponía una especie de minimalismo fiscal. Eliminar todas las grietas fiscales para recaudar lo máximo y unificar todas las prestaciones. Para ello planteaba fusionar el impuesto sobre la renta con las cotizaciones sociales (como hace Dinamarca) y establecer un único beneficio social (dependencia, pensiones…) que aglutine todos los existentes. En el impuesto de sociedades recomienda eliminar todas las deducciones excepto una para los fondos propios, que reflejaría el coste de oportunidad. En este ánimo de simplificación, aconseja un único gravamen sobre el impuesto al consumo (IVA y especiales) sin excepciones, ni privilegios.

Un estudio similar trató de hacer Montoro en 2013, creando un grupo de expertos para que bosquejaran una reforma tributaria. La comisión Lagares, bautizada así por Manuel Lagares, el economista que lideró los trabajos, presentó en 2014 un documento con 125 recomendaciones para construir el sistema tributario del futuro en España. La propuesta se quedó a medias. El Gobierno del PP hizo caso omiso de la mayoría de los consejos. Ante la inminencia de las elecciones en 2015, solo aplicó algunas rebajas de impuestos.

El trabajo de la comisión, sin embargo, era ambicioso. Tenía como objetivo impulsar la recuperación, combatir el déficit público, impulsar el ahorro y aportar más justicia al sistema. Lagares apostaba por reducir los tipos de IRPF y sociedades a cambio de eliminar la mayor parte de las exenciones, reducciones y bonificaciones. Aconsejaba un tipo único para gravar las rentas del ahorro (dividendos e intereses bancarios) y suprimir el régimen de estimación objetiva y de módulos. En el IVA, recomendaba suprimir exenciones, pero defendía un tratamiento preferencial para el turismo y la vivienda. Además, incluía un paquete de medidas para combatir el fraude fiscal y un potente ramillete de tributos verdes.

A pesar de ser celebrado por los expertos, quedó en un cajón. Ni los partidos de izquierda, ni los conservadores se acuerdan de este fenomenal trabajo sobre fiscalidad. Porque, al fin y al cabo, “los impuestos es lo que pagamos por vivir en educación”, según reza la placa que corona la sede del IRS de EE UU, el equivalente a la Agencia Tributaria. La sentencia se atribuye al juez Oliver Wendell, quien añadiría: “La alternativa es la ley de la selva”.

El efecto electoral

Fue a partir de 1995 cuando el PP en la oposición empezó a vender que bajaría impuestos cuando llegase al poder. Quedaban pocos meses para las elecciones de 1996 y el PSOE de Felipe González en el Gobierno se encontraba aprisionado por las exigencias de cuadrar el déficit público para entrar en el euro. A partir de ese año, cada vez que se celebran elecciones, los dos partidos que han gobernado España, PSOE y PP, recurren a bajadas del IRPF para concurrir a las citas electorales. En el año 1999, José María Aznar aprobó una reforma fiscal con amplías ventajas en el impuesto de sociedades y presentó la primera gran rebaja del IRPF. Quedaba menos de un año para las legislativas. Durante la campaña electoral volvió a prometer una rebaja de impuestos. Y cuatro años más tarde, antes de los comicios de 2004 sacó adelante otra rebaja fiscal. El socialista José Luis Rodríguez Zapatero también se apuntó al carro en 2008. Entonces bajó el impuesto sobre la renta y aprobó la ayuda de 400 euros. En 2012, en plena crisis, no hubo promesas fiscales. Pero en 2015, el Gobierno de Rajoy también rebajó la fiscalidad.



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