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EL PAÍS

Las eléctricas independientes ganan cuota de mercado



Las eléctricas independientes aumentaron en 2018 su cuota de mercado frente a las grandes compañías del sector. A 31 de diciembre del año pasado, estas comercializadoras suministraban electricidad al 13,5% del total de consumidores del mercado libre, un crecimiento de dos puntos en comparación con el año anterior. Aunque las cinco grandes (Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP y Viesgo) sigan ostentando el 86,5% de los puntos de suministro existentes en el mercado, este incremento ha sido el más alto desde 2014, según el informe de supervisión de los cambios de comercializador publicado este martes por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El regulador señala que a finales del año pasado había 29,4 millones de puntos de suministro eléctrico, frente a los 29,2 de un año antes. Más de la mitad de ellos, el 62%, estaban en el mercado libre, mientras que el restante 38% (11,3 millones de consumidores) contaba con la tarifa regulada, conocida como Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) y proporcionada por las comercializadoras de referencia.

El número de consumidores que se han pasado del mercado regulado al libre ha crecido un 23% en los últimos cuatro años, apunta la CNMC: de los 14,8 millones de final de 2014 a los 18,1 millones del cierre de 2018.

Por otro lado, hasta 3,2 millones de clientes se cambiaron de compañía eléctrica a lo largo de 2018. La mayoría de los cambios se produjo entre distintas empresas del mercado libre y del regulado al libre, aunque también aumentaron los usuarios que pasaron de la tarifa libre a la regulada: un 14,5%, según la CNMC.

Sector gasista

A finales de 2018 había en España unos 7,9 millones de puntos de suministro de gas, y solo 1,6 millones de consumidores lo tenían contratado con una comercializadora de último recurso. Aunque también el sector gasista el mercado libre tenga una cuota mayor que el regulado, las compañías independientes en este caso solo tenían el 2,3% de cuota del mercado al cierre de 2018.

También el número de cambios de una comercializadora a otra fue menor en 2018 en comparación con el mercado eléctrico: unos 700.000, según la CNMC. La mayoría de ellos fueron entre empresas del mercado libre (87,3%). El resto correspondió a consumidores que pasaron del mercado regulado al mercado libre (9,5%).



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EL PAÍS

¿Políticas contra la obesidad?


La prosperidad es el objetivo lógico de cualquier sociedad, pero también trae sus propios riesgos. Uno de ellos es la obesidad. La población con sobrepeso se ha incrementado prácticamente al mismo tiempo que disminuía la desnutrición. Por eso, porque la obesidad es prima hermana de la abundancia, América Latina en pleno -pero, sobre todo, sus países más ricos- es hoy más obesa que nunca.

¿Políticas contra la obesidad?



Las tasas de obesidad de las grandes naciones latinoamericanas todavía no han alcanzado los peligrosos índices de sus vecinos del norte. Pero hacia allá se encaminan. La bella paradoja es que por una vez el retraso en la prosperidad ofrece una ventaja para los que llegan tarde: la oportunidad de aprender de los errores de los que cayeron primero en el problema de los ricos.

¿Políticas contra la obesidad?



Lo primero que hay que tener en cuenta es que no toda abundancia tiene el mismo efecto. Ciertos alimentos contribuyen más al que es el principal mecanismo para producir obesidad: los productos ultra-procesados (aquellos que son profundamente transformados desde su forma original, con sustanciales añadidos de otros ingredientes, normalmente grasa, azúcar y sal) han sido identificados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) como determinantes en la extensión de la obesidad en el continente.

¿Políticas contra la obesidad?



Bebidas azucaradas, galletas, panes industriales… existe evidencia sólida de que todos ellos fomentan el consumo excesivo de calorías. Igualmente, cada vez tenemos más datos de que la cantidad de ejercicio que necesitaríamos hacer para compensar dicho consumo sin reducirlo es más bien inalcanzable. Por todo ello, a la hora de buscar políticas para frenar el crecimiento de la obesidad parece una buena idea empezar por preguntarnos cómo podemos embridar a los ultraprocesados.

¿Basta con más información?

Quizás lo que necesita la ciudadanía es más información. Y, si la obtiene, tal vez comience a tomar decisiones más acordes con su bienestar a largo plazo. Más específicamente, si obligamos a las empresas a informar de manera clara, comprensible y accesible del contenido de sus alimentos

Esta es la lógica que ha llevado a todo un movimiento (o, más bien, a una serie de iniciativas) para demandar un etiquetado más claro y visible en los supermercados. Según la mayoría de estas propuestas, la información a mostrar quedaría en el frente del envase para que se pudiera observar de un vistazo. Incluiría precisamente la cantidad de calorías; azúcares añadidos; sodio y grasas, particularmente las saturadas. Y lo que es más importante: no se trata de representar estas cantidades de manera exacta tanto como de que cualquier persona entienda si está adquiriendo un producto que entraña algún riesgo para su salud. Aquí existen varias alternativas: desde la conocida como técnica del semáforo (verde para niveles razonables de calorías, grasa, azúcares o sodio; amarillo y rojo para los progresivamente elevados) hasta, sencillamente, indicar “alto” o “bajo” en cada uno de los componentes. Tal ha sido, por ejemplo, la propuesta defendida en Colombia (derrotada en el Legislativo).

No quedarse sencillamente en las cantidades es una buena idea: cabe esperar que la mayoría de personas no tenga una noción clara de qué es una cantidad saludable de cualquiera de esos elementos en una persona promedio. Los datos de una encuesta pública realizada en México confirman la impresión con creces.

¿Políticas contra la obesidad?



Ahora bien, esa misma encuesta arroja unos datos que invitan a pensar que añadir información en el mercado es condición necesaria, pero no suficiente, para reducir significativamente la obesidad. Resulta que una abrumadora mayoría de los mexicanos decía conocer la etiqueta, pero una porción casi igual de importante afirmaba no leerla ni tomar decisiones de compra por ella. Y aunque varios citaban la falta de claridad o visibilidad como una de las causas para esta falta de efecto, la verdad es que eran menos de un 10% quienes solo se referían a este tipo de problemas, frente a un tercio que admitían falta de interés o tiempo sin referirse a las cuestiones operativas.

¿Políticas contra la obesidad?



Estos datos no descartan, ni mucho menos, la conveniencia de un mejor etiquetado. La información siempre será una herramienta poderosa para aquellos consumidores que disponen del tiempo y los códigos para interpretarla, así como los recursos para actuar en consecuencia. El sistema semáforo por ejemplo, demostró en varios estudios que ayudaba a identificar adecuadamente los productos más saludables. Pero una cosa es hacernos saber lo que debemos hacer y otra distinta es que lo hagamos. Recomendaciones ampliamente difundidas como la campaña del Servicio Nacional de Salud británico que recomendaba el consumo mínimo de cinco piezas de fruta o verdura al día fueron conocidas incluso fuera de las fronteras del Reino Unido. Sin embargo, la evidencia de su capacidad para poner más vegetales en las cestas de la compra es desigual y poco concluyente. Se acotan así las esperanzas, señalando que no puede ser la única política en el menú contra la obesidad.

Poner difícil lo malo

Hablábamos de tiempo, códigos y recursos para hacer uso de la información. Pero habría que añadir otra dimensión más: la voluntad. Que las personas seamos agentes más o menos racionales no quiere decir que no estemos sometidos a tentaciones, sesgos, convenientes olvidos. Trampas, incluso. A veces autoimpuestas y en otras ocasiones, provenientes del contexto.

Ese contexto muchas veces toma la forma de una especie de pantano alimenticio (en inglés los llaman food swamps): grandes áreas en las que la comida accesible por defecto para sus residentes es en su mayoría ultraprocesada. Al menos para los EE UU, estas densidades de lo nocivo predicen [tasas de obesidad más altas]. Normalmente, además, se presentan en entornos de menor poder adquisitivo. Ahora bien: lo fácil es identificarlos. Lo complicado, hacerlos desaparecer.

Drenar completamente estos pantanos de comida nociva se antoja descomunal, difícilmente canalizable para Estados completos. Aquí es conveniente pensar más bien en escala urbana. Por ejemplo: la ciudad de Nueva York decidió hacer más accesible la comida sana, con políticas que hacían hincapié en los vecindarios con menor nivel medio de ingresos. Los efectos existen, pero son más bien modestos: una década apenas añadió un punto porcentual más de personas que consumían alguna fruta o verdura. Ahora bien, hay que tener en cuenta que en un 1% de Nueva York caben decenas de miles de personas. En cualquier caso, más profundos y duraderos parecen los programas centrados en convertir la comida sana en una opción por defecto dentro lugares donde la intervención pública de gran escala sí es posible: principalmente, en los colegios.

“Si quieres que alguien empiece a hacer algo, pónselo más fácil” es una paráfrasis del psicólogo Daniel Kahneman que resume bastante bien el espíritu de este tipo de intervenciones. Pero de esa aserción a la otra, necesaria cara de la moneda media un segundo de reflexión: si quieres que alguien deje de hacer algo, pónselo difícil. O menos fácil.

Excluyendo la prohibición completa, es aquí donde entra en juego la que quizás sea la medida con mayor potencial, y también más cargada de polémica. Los impuestos sobre alimentos nocivos, en particular bebidas con azúcar añadida, están en la mira de muchos países latinoamericanos. Y en el cuerpo legislativo de más de uno. Chile, México y Perú cuentan con el suyo. También las islas caribeñas de Dominica y Barbados. En Colombia la propuesta ha sido tumbada varias veces. Pero el asunto es que funciona.

Funciona si el objetivo es reducir el consumo de bebidas azucaradas, en cualquier caso. En México las estimaciones apuntan a una caída relevante en la compra de estos productos. Pero es demasiado pronto para saber si está teniendo algún efecto duradero en el problema último: la obesidad. No sabemos si las calorías que se dejan de consumir por esta vía se están reemplazando con otras, por ejemplo. Ni tenemos apenas experiencia con sistemas impositivos más completos, que tasen directamente el elemento (grasa, azúcar). El intento más completo lo llevó a cabo Dinamarca hace casi una década. Un impuesto sobre la carne, los productos lácteos y las grasas para cocinar (aceites incluidos) cuyos efectos muchos (pero no todos) consideran hoy un fracaso. Entre otras cosas, y sirva de esto como lección de la imprevisibilidad del comportamiento humano, porque una cantidad significativa de daneses (país pequeño, profundamente integrado con sus vecinos con los que mantiene fronteras casi invisibles en el marco de la Unión Europea) se iba a comprar esos mismos alimentos a, por ejemplo, Alemania.

Las herramientas políticas a nuestra disposición para luchar contra la obesidad, en suma, existen y funcionan, pero también que tienen efectos limitados, a veces inciertos, y que no salen gratis: con cada una de ellas estamos restringiendo un poco la capacidad de decisión inmediata de las personas. Pero si asumimos todos esos riesgos, si decidimos atarnos las manos hoy para mejorar nuestra situación mañana como ya lo hicimos con el tabaco, la cuestión no será cuántos años de vida estamos dispuestos a pagar por cada grado adicional de libertad. Así lo plantean algunos a la derecha del espectro ideológico, ignorando que la propia decisión de poner coto a nuestras decisiones y a las acciones de quienes se benefician de ellas también es un ejercicio pleno de esta misma libertad. La autonomía no empieza ni termina en un supermercado.



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EL PAÍS

El estratega Kárpov (XIX)




Partida modélica sobre la lucha contra un peón aislado, uno de los temas posicionales más estudiados



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EL PAÍS

“Parece que va lento, pero se come la montaña entera”



El cementerio de Montaña Alta se convierte por una tarde en una especie de mirador de la muerte. Desde esa atalaya tétrica se divisa el incendio que amenaza un ecosistema que mezcla vegetación centenaria con especies introducidas durante el último siglo. La gama cromática pasa del verde al negro a gran velocidad ante el pasmo de los lugareños. El fuego se ve, se huele. Y hace ruido en un espacio habitualmente silencioso: el crepitar de los árboles causa un estruendo arrollador. “Parece que va lento, pero se come la montaña entera”, acierta a resumir Paca Déniz. Con las maletas en el coche, acaba de abandonar su casa: en el cementerio, a apenas medio kilómetro, observa petrificada cómo el fuego se va acercando a su vivienda. El incendio, el más grave en España desde 2013, ha quemado ya más de 10.000 hectáreas y ha obligado a desalojar a 9.000 personas.

A. M. lleva dos evacuaciones en una semana; ya tuvo que dejar su casa hace 10 días por el incendio que se inició en Artenara. Y volvió a ser evacuado el sábado por la tarde, esta vez porque las llamas venían a una velocidad nunca vista barranco abajo. En el momento en el que se inicia la conversación está en la más absoluta incertidumbre: “Ahora mismo no sabemos como está la vivienda, ni siquiera si sigue ahí”, arranca. Duerme en la casa de amigos; sus vecinos han sido acogidos por familiares y en una residencia escolar cercana. “Pasé por la ira y ahora ya estoy en la resignación y aceptación: el desastre ya está hecho, pero ahora mismo hay que estar sereno”, asegura como tratando de convencerse. Le mandan un audio por WhatsApp y se aleja: en los incendios forestales las alegrías y las penas se digieren en directo. Vuelve a la conversación con una sonrisa: su casa no se ha quemado. Al menos todavía no.

La incertidumbre de ese todavía no envuelve la mayoría de las conversaciones. Coralia González, que es pastora, apura una botella de agua para aguantar el calor, que a media tarde supera los 40 grados. Tiene una quesería en Lomo del Palo, Gáldar. Es su medio de vida como lo fue el de su madre y el de su abuela: los productos que elabora los abastece gracias a 111 ovejas y 17 cabras. Tuvo que huir de la quesería de forma preventiva; los animales están confinados y no sabe si están vivos o no. “Qué pena”, acierta a decir, “me gustaría entrar un momento, darles agua y comida y volver a salir”, dice al otro lado del cordón que impide el paso. Otro de los vecinos, Ferminito, aparece por allí con la misma petición: “Es solo darle agua; es lo mínimo, hombre”. Pero es difícil: el fuego se ceba con el monte. Entonces, el alcalde de la localidad, Pedro Rodríguez, permite a los dos vecinos acercarse a sus animales escoltados por Protección Civil. Otra vez las alegrías y las penas en directo.

A medida que avanza el día, el barrio se va vaciando sin que nadie lo haya ordenado. En el bar, un televisor escupe las últimas noticias: Ayacata, en Tejeda, es el enésimo núcleo urbano desalojado. Tejeda es noticia porque ha sufrido dos incendios forestales en 10 días; tanto los habitantes de su casco urbano como los de diversas barriadas han sido evacuados. Los ánimos están por los suelos. Las fiestas, que solían ser un imán para quienes emigraron hace tiempo a la ciudad, han sido canceladas. En principio, las casas se han salvado del fuego, pero los vecinos saben que el incendio es una suerte de bomba de relojería y que el peligro puede volver en cualquier momento.

Raúl García y su familia también son de Tejeda y están entre los evacuados. Se han instalado en el albergue de San Mateo, el pueblo vecino que ha desplegado un sistema de voluntariado organizado por su Ayuntamiento que está permitiendo no solo alojar, sino también alimentar y acompañar a decenas de personas. Raúl vio quemarse sus tierras —su forma de vida— en el primer incendio, hace unos días. Ahora, ya con resignación, sabe que el paisaje que veía a diario se ha convertido en ceniza.

A unos kilómetros de allí, Agaete también debería estar en fiestas. Se trata de un pueblo marinero y alegre que ha tenido que aparcar la feria y asiste atónito a los devastadores efectos del incendio, que ha ido empujando barranco abajo a los vecinos de El Hornillo y El Sao, y que amenaza a los de El Valle, San Pedro y otros pagos. El viento empuja con fuerza las llamas. El parque natural de Tamadaba, un pinar verde que se asoma al Atlántico, es la azotea de este pueblo: centenares de hectáreas están siendo devoradas. Familias enteras han pasado la noche en Agaete; lo que se dice dormir, según cuentan, no durmió nadie. Y tiene pinta de que hoy tampoco será posible. “La noche va a ser complicada”, le dice Fermina a su hija al teléfono. “No sé si volveremos a la casa”, anuncia poco antes de colgar y de alejarse con un lento y pegajoso caminar hacia la plaza en la que se reúnen los evacuados. Ese es el temor que comparte mucha gente: más allá del desastre medioambiental, se abre paso el desasosiego ante la posibilidad de perder la casa.



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