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Los Ayuntamientos podrán limitar las subidas del precio del alquiler



El Gobierno se comprometió ayer con Podemos a modificar la normativa del alquiler de vivienda para poder “poner techo a las subidas abusivas” de los arrendamientos, según consta en el acuerdo de Presupuestos de 2019 que firmaron ayer.

Los consistorios podrán elaborar un índice de precios de referencia. Y si consideran que se ha producido un incremento abusivo de la renta que impide el acceso a la vivienda a un precio “razonable”, entonces tendrán la capacidad de “declarar temporal y excepcionalmente una zona urbana como mercado tensionado”. Y ahí podrán “regular y limitar las subidas abusivas del precio”.

En el documento se garantiza que se desarrollará esta legislación a lo largo de 2019. Se trata de una iniciativa similar a las que ya se aprobaron en París y Berlín. “En París se derogó por anticonstitucional y en Berlín no funcionó porque se utilizaban las excepciones permitidas para escaparse. Cuando se pone un tope al precio con una demanda muy intensa, la gente negociará fuera del tope”, sostiene Fernando Encinar, jefe de estudios de Idealista.com. En Barcelona se está promoviendo un esquema similar. Y en Alemania ahora se está tramitando una nueva ley con fuertes castigos al incumplimiento.

Por otra parte, el acuerdo contempla un cambio de los plazos mínimos de arrendamiento. El PP bajó a tres años la prórroga obligatoria y ahora se subirá hasta cinco. Siete si son personas jurídicas. Es decir, durante ese tiempo la renovación del contrato se hará cada año a elección del inquilino siempre que el dueño no quiera venderla y no la necesite para ocuparla él o un familiar suyo de primer grado. Además, se ampliará de uno a tres años la prórroga tácita si no se notifica el término del contrato con seis meses de antelación. El derecho del arrendador a recuperar la vivienda tendrá que estar incluido en el contrato. Y se fijará como garantía máxima una fianza en metálico por valor de dos mensualidades.

El Gobierno anunció ayer que subirá un 38% la partida para vivienda hasta los 630 millones en 2019. En 2010 alcanzará los 700 millones y en 2021 los 1.000. La promesa es que en diez años España dedique entre un 1% y un 1,5% del PIB.

En cuatro años aumentará en 20.000 el número de viviendas en alquiler a precios asequibles, dice el acuerdo. Como no hay terreno para construir allá donde los precios suben más, también se ofrecerá financiación para rehabilitar vivienda que se arriende a precios asequibles, lo que sí podría elevar el parque de inmuebles. A pesar de que el banco malo posee poca vivienda de calidad y con buena ubicación para arrendar, se firmarán convenios con Sareb para fomentar el alquiler social.

También se definirá la vivienda vacía y al “gran tenedor de vivienda” para poder aplicar medidas fiscales, sanciones o estímulos que movilicen las casas desocupadas. “Una vez se tiene en cuenta la vivienda que está en lugares de poca demanda, en realidad los inmuebles vacíos no son tantos. Se llevarán una sorpresa”, explica Encinar. 

En medio de la polémica sobre la presión que ejerce el alquiler turístico sobre los precios, el texto subraya que se legislará para que las comunidades de propietarios puedan frenarlo. Y, por último, se impulsará una reforma que refuerce la protección de los hipotecados y que en los desahucios coordine a los órganos judiciales con los servicios sociales.



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Te prometemos que ninguno hará que tu salón se confunda con el karaoke del barrio



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Las noticias de La Primera de EL PAÍS


Estas son las noticias de la primera página de la edición de papel de EL PAÍS de este martes 18 de diciembre de 2018:

Ciudadanos frena el pacto con el PP por el encaje de Vox. Ciudadanos ha decidido frenar el acuerdo con el PP sobre el Gobierno de Andalucía por las discrepancias en torno al papel de Vox en la nueva etapa política. El partido de Albert Rivera considera que los populares están incumpliendo su condición de no negociar con la fuerza de extrema derecha, a pesar de que sus votos tienen la llave del Parlamento.

Concluye tras un año y 152 sesiones el macrojuicio del caso ERE. El juicio de la pieza política del caso ERE contra la cúpula de la Junta de Andalucía quedó ayer visto para sentencia tras un año, 152 sesiones y la declaración de 120 testigos.

Hallado oculto entre arbustos el cadáver de la joven de Huelva. Cuatro días de búsqueda angustiosa terminaron en el peor de los escenarios. El cuerpo sin vida de Laura Luelmo, la profesora zamorana de 26 años desaparecida en El Campillo (Huelva), fue hallado ayer a cinco kilómetros tras su domicilio, “oculto entre jaras y semidesnudo”, según fuentes de la investigación.

El Senado de EE UU acusa a las tecnológicas de ocultar la injerencia rusa. Dos informes encargados por el Senado de EE UU concluyen que el sector tecnológico ocultó la gravedad de la injerencia de Rusia en las elecciones de 2016.

Italia recorta su presupuesto para evitar el castigo de Bruselas. El “presupuesto del pueblo”, una de las banderas del Gobierno populista de Italia, empieza a diluirse. El Ejecutivo formalizó una nueva propuesta que recorta el déficit del 2,4% al 2,04% del PIB.

Corbyn presenta una moción para reprobar a May en el Parlamento. El líder de los laboristas británicos, Jeremy Corbyn, presentó ayer en el Parlamento una moción “personal” contra la primera ministra, Theresa May, por retrasar a enero la votación del acuerdo del Brexit.

El 90% del arte precolombino a la venta en España es falso.

Los bancos costearán la autoridad que protegerá al hipotecado.

Las noticias de La Primera de EL PAÍS





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EL PAÍS

El partido de las FARC busca alianzas para entrar en Gobiernos locales



El movimiento político nacido en septiembre de 2017 de las cenizas de las FARC ha chocado con el profundo rechazo de la sociedad colombiana, que no olvida los crímenes de medio siglo de conflicto armado, y aún no ha logrado hacerse un hueco en el mapa de partidos. Sus resultados en las elecciones legislativas del pasado marzo fueron testimoniales -cerca de 85.000 votos- y, con esta premisa, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que mantuvo las siglas de la antigua guerrilla, renunció a participar en las presidenciales de mayo. Ahora, con los comicios regionales y municipales de 2019 a la vista, la formación se propone “acceder a Gobiernos locales” con candidaturas propias o alianzas.

Esta es una de las metas fijadas por el tercer Consejo Nacional de los Comunes, máximo órgano de dirección del partido, celebrado el fin de semana en Melgar, en el centro del país. “Trabajaremos por acuerdos programáticos, con candidaturas propias, cívicas o de convergencia política democrática, escogidas bajo reglas de juego que contemplen la más amplia participación, bajo el principio de la unidad no excluyente. Ofrecemos nuestros contingentes territoriales para la consolidación de procesos unitarios del campo popular y democrático, que reconozcan la existencia de nuestro partido y sus aspiraciones programáticas”, señala la declaración política de la FARC.

Más allá de la retórica habitual propia de los proyectos de unidad popular, lo relevante es que la formación -que dejó las armas, se desmovilizó y se sienta en el Congreso colombiano en virtud de los acuerdos alcanzados con el Gobierno de Juan Manuel Santos– busca capitalizar el voto de la izquierda, que en la contienda presidencial alcanzó cotas históricas. “Las elecciones de 2019 en departamentos y municipios representan una oportunidad para consolidar los avances obtenidos por sectores democráticos, progresistas y de izquierda en las elecciones parlamentarias y presidenciales”. continúa el análisis de la ejecutiva, encabezada por Rodrigo Londoño, Timochenko.

En realidad, el apoyo que obtuvo en segunda vuelta Gustavo Petro frente al actual presidente, Iván Duque, es mucho más complejo. Aparte de la distancia más que notable entre el senador, que también tuvo un pasado en la guerrilla del M-19, y el programa de la FARC, sus ocho millones de votos están encarnados en buena medida por un electorado de centro o simplemente antiuribista. Es decir, un abismo los separa de los postulados de la antigua organización insurgente, próximos a la llamada revolución bolivariana que, por ejemplo, defiende Nicolás Maduro en Venezuela.

Aun así, este partido, dividido y desactivado, trata de encontrar un espacio en la agenda política, que en los últimos meses ha estado marcada por protestas y manifestaciones.  “Estamos comprometidos en contribuir -con espíritu unitario- a la organización de las luchas y de la movilización social y popular en campos y ciudades”, asegura. “La reciente movilización estudiantil -con sus diversas organizaciones, sus renovados y frescos liderazgos, y sus logros-, constata la vigencia de la acción política en la calle y la demostración de que si se actúa en torno a propósitos comunes, así haya diferencias, es posible lograr avances democráticos y por el buen vivir y el bienestar de las grandes mayorías. Particular atención merecerán las aspiraciones campesinas, de los pueblos étnicos y de las mujeres”, agrega la formación. 

Una de las prioridades de la FARC es, en cualquier caso, es cumplimiento estricto de lo pactado en La Habana y la seguridad de los excombatientes. “Más que la intención de cumplir con lo acordado, lo que estamos apreciando hasta el momento es un singular asedio para socavar los fundamentos de lo convenido, en el que se conjugan las más variadas y pérfidas modalidades”, llega a afirmar el partido, que pretende usar los retrasos y los obstáculos en la implementación del proceso como un instrumento de batalla política.

Aunque Timochenko se mostró convencido de que el excomandante Jesús Santrich, acusado de un delito de narcotráfico, no será finalmente extraditado a Estados Unidos, lanzó una advertencia sobre la inseguridad “jurídica y física” de sus militantes. “Denunciamos”, destaca el comunicado, “el asesinato de 89 exguerrilleros; reclamamos la definición de la situación de 1.111 los camaradas aún reconocidos como integrantes de las FARC. […] Todo ello constituye una vulneración de nuestros derechos políticos y de las condiciones convenidas para el tránsito a la vida política legal”.

El ELN anuncia una tregua de Navidad

La guerrilla del ELN, cuyos diálogos de paz con el gobierno de Colombia están en suspenso, anunció este lunes un cese de acciones ofensivas durante parte de la temporada navideña. “En el Ejército de Liberación Nacional realizaremos un cese de operaciones ofensivas del 23 de diciembre de 2018 al 3 de enero de 2019, para aportar a un clima de tranquilidad en la Navidad y el año nuevo”, indicó el grupo guevarista en un comunicado recogido por Afp.

El ELN, que suele realizar este tipo de anuncios al final de cada año, aseguró que otorga esta tregua unilateral “atendiendo el pedido de las comunidades en los territorios, que padecen el rigor de la guerra”. “Cada vez que hay Navidad hacen estos anuncios, pero después vienen las escaladas violentas”, dijo por su parte el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, a Caracol Radio.



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