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EL PAÍS

Los congresistas de EE UU alcanzan un principio de acuerdo para evitar un nuevo cierre del Gobierno



Los congresistas estadounidenses han alcanzado un principio de acuerdo para evitar un nuevo cierre parcial del Gobierno, cuatro días antes de que expire el plazo de tres semanas dado por Donald Trump, al concluir el que fue el bloqueo administrativo más largo de la historia del país. Así lo han anunciado este lunes por la noche los negociadores de ambos partidos, después de un fin de semana de negociaciones presupuestarias infructuosas.

El pasado 26 de enero, el presidente cedió a la presión y acordó que la Administración abriera temporalmente, después de 35 días en los que más de 800.000 funcionarios federales estuvieran sin cobrar por la exigencia de Trump al Congreso, rechazada por los demócratas, de 5.700 millones de dólares para financiar el muro en la frontera con México. “Hemos llegado a un acuerdo para poner fin al cierre y reabrir el Gobierno federal”, dijo entonces Trump. “Dentro de poco, firmaré un proyecto de ley para abrir nuestro Gobierno por tres semanas, hasta el 15 de febrero”.

El principio de acuerdo alcanzado este lunes, según fuentes del Congreso citadas por Associated Press, contempla la construcción de nuevas barreras en la frontera con México, pero el dinero destinado sería apenas una cuarta parte de la cantidad que reclama el presidente para el muro: una cifra de algo menos de 1.400 millones, frente a los 5.700 millones que reclama Trump.

Los detalles del acuerdo están aún por pulir y los negociadores tienen previsto hacerlos públicos este martes, según las mismas fuentes. La Casa Blanca no ha aclarado si el presidente estaría dispuesto a aprobar el acuerdo, pero un nuevo cierre administrativo podría ser muy perjudicial para los republicanos, a quienes la mayoría de los estadounidenses, según los sondeos, veía como responsables del anterior cierre.

Al tiempo que los negociadores anunciaban su principio de acuerdo, el presidente se encontraba en la ciudad fronteriza de El Paso, Texas, donde ha dado su mitin más importante desde la campaña de las elecciones legislativas de noviembre, que entregaron la Cámara de Representantes a los demócratas. Los gritos de “¡Construye el muro!” con los que las miles de personas congregadas le interrumpían a cada rato sugieren que Trump tendrá difícil vender a sus votantes el principio de acuerdo alcanzado en el Congreso como algo parecido al gran muro en la frontera que les vendió.

En El Paso, el presidente no se ha referido a dicho acuerdo y sí ha reiterado, una vez más, su discutible afirmación de que construir un muro a lo largo de la frontera detendría un supuesto aumento en delitos violentos y tráfico de drogas a cargo de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. “Las drogas que se derraman por la frontera matan a decenas miles de estadounidenses. Tendríamos un enorme recorte en esos números si tuviéramos un muro”, ha dicho el presidente.

Otro protagonista del mitin de Trump ha sido el excongresista demócrata de El Paso Beto O’Rourke, uno de sus posibles rivales demócratas en las presidenciales de 2020 (aunque aún no ha hecho público si concurrirá a las primarias), que ha programado un acto en paralelo al del presidente en la ciudad. Trump ha ridiculizado insistentemente a O’Rourke, que estuvo cerca de ganar un escaño en el Senado en noviembre por la muy conservadora Texas, pero perdió.

Trump puso la semana pasada a El Paso, que tiene una barrera física con México desde 2008, como ejemplo de cómo levantar un muro puede solucionar la criminalidad. “La ciudad fronteriza de El Paso tenía índices extremadamente altos de crímenes violentos, unos de los más altos de todo el país, y era considerada una de las ciudades más peligrosas de nuestra nación. Ahora, inmediatamente desde su construcción, con la presencia de una poderosa barrera, El Paso es una de las ciudades más seguras de nuestro país”, dijo Trump en el discurso sobre el estado de la Unión.

Una vez más, los hechos no amparan al presidente: El Paso era la segunda más segura de 20 ciudades de similar tamaño antes de que se levantara el muro hace 11 años, y continuó siéndolo después. Alcanzó su pico de crímenes violentos (6.500) en 1993, y ha bajado sostenidamente desde entonces, al mismo ritmo antes que después de que se construyera el muro. Ni siquiera aquel pico fue tan alto: Washington, ciudad de tamaño parecido, registró en ese mismo año 16.600 crímenes violentos.

No es la primera vez que una comunidad fronteriza se ha visto en el medio del polarizador debate nacional sobre inmigración. El pasado 10 de enero, en medio de lo que se convertiría en el cierre gubernamental más largo de la historia, el presidente eligió McAllen, otra ciudad texana de la frontera con México, para un televisado encuentro con agentes fronterizos que le ayudaran a convencer al país de la necesidad de levantar el muro para terminar con una supuesta ola de crímenes. Un teatro local le recibió con un elocuente cartel en la fachada: “Bienvenido a McCallen, la séptima ciudad más segura de Estados Unidos”.



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EL PAÍS

La cascada interior más alta del mundo está en un aeropuerto




Los 137.000 metros cuadrados de la nueva terminal del aeropuerto Changi de Singapur acogen un bosque con saltos de agua y espacios comerciales bajo una cúpula de cristal y acero



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EL PAÍS

La Fiscalía ‘salva’ a las patrullas de Mossos acusadas de pasividad el 1-O



La Fiscalía, que acusa de rebelión a la cúpula de los Mossos d’Esquadra por su pasividad en el dispositivo del 1-O, no ve delito de ningún tipo, en cambio, en la conducta de los agentes que acudieron a los colegios electorales. Una juez de El Vendrell (Tarragona) se ha visto obligada a dar carpetazo a la causa contra más de 30 policías autonómicos, pese a que en su opinión hay indicios claros de desobediencia. La juez reprocha a la Fiscalía que actúe de forma “contradictoria” por “argumentar dos cosas distintas a la vez”, según el auto al que ha accedido EL PAÍS.

Unos 70 agentes y mandos intermedios de los Mossos d’Esquadra afrontan causas penales en toda Cataluña por ponerse de perfil ante el referéndum del 1 de octubre de 2017. La mitad de ellos estaban siendo investigados en El Vendrell a raíz de denuncias ciudadanas. Ahora, han sido exculpados gracias a la Fiscalía.

Aunque inicialmente estaba de acuerdo en impulsar la investigación, el ministerio público ya no aprecia indicios de delito. Los agentes “hacían lo que podían sin medios” y estaban “sujetos al principio de jerarquía”, o sea sometidos a sus jefes. Y recuerda que la actuación de esos “mandos superiores” ya fue objeto de investigación en la Audiencia Nacional, que ha procesado al major de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, por rebelión. Trapero afronta una petición de 11 años de cárcel por poner al cuerpo policial, presuntamente, al servicio del Govern de Carles Puigdemont.

La Fiscalía admite que el dispositivo desplegado el 1-O fue “insuficiente” porque cada binomio -las patrullas de seguridad ciudadana desplegadas en los más de 2.200 centros de votación- disponía de un solo equipo de comunicación. Algunas patrullas ni siquiera disponían de un “vehículo” para guardar el material electoral del que, según el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, debían apoderarse.

Reproches de la juez

La juez Tamara Beltrán reprocha que no se puede defender un despliegue insuficiente y decir, a la vez, que “ha habido una actuación correcta”. La Fiscalía “no puede contradecirse de esa manera tan directa”, señala en una resolución contundente en la que recuerda que, en el juicio del procés ante el Tribunal Supremo, la fiscalía considera que los Mosos “se pusieron del lado de la rebelión y eso es violencia”. La magistrada también critica que el fiscal se adhiera a la petición de archivo para todos los agentes, “sin pormenorizar” caso por caso ni valorar las grabaciones de vídeo en redes sociales o las declaraciones que obran en la causa.

La ausencia de acusación obliga a archivar la causa a la juez, que sí ve indicios de omisión del deber de perseguir delitos y desobediencia. Los patrulleros fueron, en la mayoría de casos, “meros espectadores pasivos” frente a un hecho “ilegal” y no pueden ampararse en la “jerarquía” porquela orden judicial está “por encima”. Beltrán es letal al dibujar los actos de pasividad. Para empezar, los días previos a la votación. Pese a que sabían que los centros edutativos estaban ocupados, los Mossos “no mandaron reforzar con más agentes” la zona. Pese a que el TSJC ordenó el cierre de los colegios, como máximo, a las 6 de la mañana dle día 1, “los breafings en comisarías fueron convocados fuera de toda lógica a las 6.000, lo que significó que ya fueron comisionados tarde”.

Idéntico reproche merece la actuación del 1-O. “No hay explicación” al hecho de que, como se ven en los vídeos, los binomios “se acercan a la masa congregada de ciudadanos” a las puertas del centro educativo (cita el caso de Cunit), “recibiéndo vítores”. “Tras breves momentos deinteractuar con los congregados, sin identificar a nadie”, se “retiran a un segundo plano”. “No fueron capaces ni de rodear el perímetro de las escuelas con intención de buscar algún modo de acceso al interior”.

Algunos agentes declararon que recibieron la llamada de un inspector jefe alertándoles de que la Guardia Civil iba a acudir al colegio de Cunit. Ese inspector dijo a las patrullsa, recoge el auto, que su actuación consistiría en “asistir a los heridos”. La juez ve d enuevo “incomprensible” por qué la orden “no fue la de cooperar con los agentes”, que finalmente no se presentaron. Tampoco se usaron unidades ARRO (de orden público), aunque sí las movilizó pero solo como “elemento disuasorio”. “Falta de credibilidad” del inspector, investigado también, porque se presentó como “un simple mosso”. Es “inverosímil todo lo que declara”.

Ante denuncia el mismo día 1, ella misma les requerió i fueron a un colegio donde requisaron urnas. Poco convicente que los ciudadanos “les dejaron pasar por sus galones”. Tras su ordne, solo uno y otra antes e la hora . No se acercan a las puertas del colegio a ver si habían cerado. Las actas de lsa primeras horas son “vagas y escasas”, “como si hubieran recibido una consigna de lo que debían expresar”, y en especial “la existencia de ancianos, niños, mujeres embarazadas y en general personas sde especial vunerabilidad”.

El archivo llega en plena celebración del juicio del procés, y cuando en el Tribunal Supremo está saliendo a la luz precisamente la labor de los Mossos. Los agentes de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía que intervinieron han dicho que la mayoría de parejas de Mossos (los llamados binomios) se mantuvieron pasivos, sin ayudarles a acceder a los colegios electorales.

USPAC, el sindicato de Mossos que ha llevado la defensa de la mayoría de los agentes y que solicitó el archivo, cree que el proceso “nunca se tendría que haber abierto”. Los patrullas son “el eslabón más débil de la cadena” y fueron “utilizados por los mandos de la jefatura y por todos los gobiernos, de uno y o otro lado, por fines meramente particulares y partidistas”, según fuentes del sindicato.



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EL PAÍS

El Institut de Estudis Catalans tercia en la polèmica del uso del término “exiliado” en TV3



El Institut de Estudis Catalans (IEC) ha querido terciar en la polémica de la utilización del término “exiliado” en los informativos y otros espacios de TV3. La Junta Electoral Provincial de Barcelona (JEPB) instó el cese del uso de esa expresión, junto con la de “presos políticos”, que se utilizaba en la televisión pública catalana por considerar que con ellos se alteraba el principio de neutralidad informativa durante el período electoral. El pronunciamiento se hizo a raíz de una denuncia de Ciudadanos y la Junta instó a TV3 a que dejara de usarlos. Desde esa resolución, TV3 no los inserta en sus informativos o en otros programas aunque sí los reproduce en un espacio en el que explica el auto de la Junta Electoral.

Ahora, la institución catalana, dirigida por Joandomènec Ros, ha querido intervenir remitiendo una carta al director de TV3, Vicent Sanchis, en la que especifica que el significado de “exiliado” en el Diccionari de la Llengua Catalana del IEC y el del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española son diferentes. Mientras que el catalán describe exiliado “el que vive fuera de su patria voluntariamente o por la fuerza” el diccionario español lo define como “expatriado, generalmente por motivos políticos”.

La institución considera “importante” la diferencia entre las dos definiciones y entiende que para la prohibición del término, la Junta “probablemente se basó en la entrada del diccionario español”. Con ello, el IEC parece sugerir al director de TV3 que con la traducción catalana no habría problema en seguir utilizando la palabra “exiliado”.

 



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