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Ni juntos, ni revueltos: las revueltas de Quito, Santiago y Bogotá


Nota del editor: Roberto Izurieta es director de Proyectos Latinoamericanos en la Universidad George Washington. Ha trabajado en campañas políticas en varios países de América Latina y España y ha sido asesor de los presidentes Alejandro Toledo de Perú, Vicente Fox de México y Alvaro Colom of Guatemala. Izurieta también es analista de temas políticos en CNN en Español.

(CNN Español) — Cuando existe una crisis o cuando existe una duda fundamental, es siempre muy útil volver a recordar los principios, los valores y sobre todo nuestra razón de ser. Las últimas revueltas (manifestaciones, protestas y también vandalismo) que sucedieron en Quito, Santiago y Bogotá, nos deben volver a recordar nuestra razón de ser. La legítima protesta, la libertad de expresión y organización están garantizados por los derechos fundamentales del hombre y en todas las constituciones de cualquier Estado moderno, liberal o civilizado. Robar un banco o quemar el edificio de la Contraloría: No.

Sin duda, la situación económica de América Latina se ha deteriorado sustancialmente en gran parte por la caída de los altos precios de las materias primas (sobre todo petróleo, soya y productos de exportación) que teníamos en los años de la “revolución bolivariana”. Gracias a esa bonanza gran parte de los gobiernos de esa época derrocharon esos recursos con lo cual acumularon poder político y corrupción. Por lo tanto, la protesta es un legítimo derecho, pero la violencia no es un derecho: es un delito que debe ser alertado, prevenido, detenido, procesado y juzgado ante la autoridad competente (policía, autoridad investigativa y judicial). Así mismo, una cosa es pedir (expresarse) o desear que un gobierno cese en sus funciones, otra cosa muy parecida pero fundamentalmente distinta, es trabajar u operar para la destitución del gobierno establecido. Esa mezcla o confusión debe terminar; también los medios de comunicación deben tener esta distinción muy clara o contribuyen a esta confusión y, por lo tanto, evitan que el Estado pueda combatir la delincuencia (organizada o espontánea).

  • Mira: ¿Primavera Latinoamericana? 2019, un año de protestas en la región

La legítima protesta y la organización vivida en estas ciudades promovida por algunos de sus dirigentes, ha dado lugar a otra cosa que está y debe estar prohibida: el vandalismo. Ha existido una suerte de tolerancia, confusión y hasta utilización de esos actos de vandalismo para poner en jaque a los gobiernos de turno más presión ante sus demandas. En muchos, los casos, líderes de las protestas se han beneficiado políticamente de esas acciones vandálicas por lo que se produce una suerte de complicidad.

Considero que está en el interés de las fuerzas legítimas de la organización de estas protestas producir un verdadero divorcio (casi expulsión) de cualquier fuerza (irregular y/o delictiva) que se esté aprovechando de la situación creada por la legítima protesta. Quemar estaciones de metro es un acto de sabotaje contra los que los construyeron y los que los utilizan y, por lo tanto, al público representado por el Estado.

Basta de complicidades implícitas o explícitas. Sí a la legítima protesta; sí a la libertad de organización y expresión. Es una vergüenza o más aún una suerte de confesión que ahora las organizaciones sindicales en Colombia pidan, entre su nuevo pliego de peticiones, desmantelar los equipos policiales anti-motines. Hace una semana, por el contrario, vi un excelente video de El Comercio de Ecuador donde resaltaba la capacitación profesional con el apoyo internacional del equipo antimotines donde se buscaba entrenar a estas fuerzas del orden sobre todo en su trabajo de “contención” de las fuerzas del desorden. Su objetivo es la contención más que en el uso de la fuerza que solo debe ser el recurso de última instancia.

Efectivamente, toda sociedad debe evitar el uso de la fuerza. Por eso, los demócratas, hacemos votos y protestamos en toda forma pacífica para el cese del abuso y usurpación del poder en Venezuela o, en su momento, en Bolivia. La guerra será siempre el recurso de última instancia: solo trae muerte y más violencia. Por eso, respaldo abiertamente los esfuerzos políticos y diplomáticos de la comunidad internacional para que, con la ayuda del pueblo venezolano, se restaure la democracia, la seguridad, el empleo y el progreso del pueblo venezolano. Su lucha es la de toda América, que con solidaridad ha acogido a la diáspora del pueblo venezolano. Pero como cada uno de ellos, estoy convencido que el verdadero cambio, vendrá y se debe dar en Venezuela para su vuelta a la democracia y al progreso.

Cuando exista duda, volvamos a nuestros principios fundamentales (éticos, constitucionales y de los derechos humanos) y volveremos a tener claridad. Definitivamente, respaldamos el derecho a la protesta en Colombia o Venezuela. Rechazamos el uso de la fuerza, venga del Estado o de la calle. Hacemos votos y nos sumamos a las fuerzas que buscan, como en cualquier sociedad moderna, liberar las voces y la participación de las mayorías respetando el derecho de las minorías, porque solo unidos, bajo reglas y principios claros, podremos avanzar y conseguir el empleo, la salud, la educación y la seguridad que toda nación prospera busca.

En otras palabras, si las fuerzas de legítima protesta no han podido separarse de la violencia, permiten o dan la oportunidad a las fuerzas violentas delictivas a operar, éstas deben suspender su protesta hasta que esta división sea absolutamente clara. Los derechos fundamentales de los ciudadanos deben ser garantizados por las fuerzas del orden: el derecho a la movilidad, a la propiedad (pública y privada), el derecho a trabajar y el derecho a la seguridad y el derecho a una protesta pacífica y ordenada.



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YouTube revela una política contra el acoso más estricta, pero su verdadero reto es hacerla cumplir


(CNN Business) – Tras varios meses de haber prometido revisar cómo maneja el acoso en su plataforma, YouTube dio a conocer una actualización de su política.

Este miércoles, la plataforma de video propiedad de Google aseguró que tomaría una “posición más fuerte” contra las amenazas y los ataques personales, entre otros cambios que pretenden abordar la seguridad de su comunidad.

YouTube aseguró que ahora también prohibiría las amenazas “veladas” o “implícitas”, no solo las explícitas. Esta nueva política aplica para el contenido que simule violencia contra una persona o que incluya lenguaje acerca de que podría ocurrir violencia física. La plataforma también indicó que ya no permitirá insultar “maliciosamente” a alguien por características como la raza, la expresión de género o la orientación sexual, se trate un individuo privado, una personalidad de YouTube o una figura pública. La medida será tanto para el contenido como para los comentarios.

La decisión se produce seis meses después de que YouTube enfrentara una de sus controversias de más alto perfil sobre acoso en tiempos recientes. En junio, la plataforma estuvo en el centro de las críticas luego de negarse a prohibir los videos de Steven Crowder, una prominente personalidad de derecha. El periodista de Vox Carlos Maza señaló que Crowder usó la plataforma para atacarlo con insultos homofóbicos y racistas. (YouTube desmonetizó los videos de Crowder en ese momento, lo que significa que él no podía ganar dinero con los anuncios que se publicaban en su canal).

Un portavoz de YouTube le dijo a CNN Business que la compañía quería actualizar su política desde abril, como respuesta a varios comportamientos que observó en la plataforma, los cuales van desde el acoso por parte de políticos hasta los ataques entre creadores de contenido. El portavoz sostuvo que la situación de Crowder resaltó aún más la necesidad de ejecutar una actualización integral de su política de acoso.

MIRA: Demandan a Google y YouTube por alegada discriminación contra la comunidad LGBTQ

La política actualizada hace parte de un esfuerzo más amplio de YouTube por limpiar su plataforma tras el escrutinio de grupos de defensa, legisladores y medios de comunicación. La compañía ha estado intentando mejorar la forma como administra el contenido: desde eliminar videos que violan sus políticas hasta reducir la difusión del contenido “límite” y priorizar las voces autorizadas en sus resultados de búsqueda cuando los usuarios buscan información o noticias de última hora.

Sin embargo, el verdadero desafío será hacer cumplir la nueva política contra el acoso. YouTube ha tenido problemas anteriormente para vigilar su plataforma masiva. En junio, dijo que prohibiría el contenido supremacista y eliminaría videos que nieguen atrocidades bien documentadas como el Holocausto y la masacre en la escuela primaria Sandy Hook. Sin embargo, en septiembre, la Liga Anti-Difamación publicó un informe que encontró al menos 29 canales de YouTube que defienden contenido antisemita y de supremacía blanca.

Ahora, seis meses después de esa actualización, algunos de los mayores proveedores de odio permanecen en YouTube, incluido el supremacista blanco Richard Spencer.

Al igual que con otros cambios que ha introducido, YouTube dijo que planea hacer cumplir su política de acoso a través de una combinación de revisores humanas y sistemas automatizados. Los creadores pueden apelar las decisiones si creen que la plataforma tomó la decisión incorrecta.

Este miércoles, la compañía informó que se había reunido con docenas de creadores de contenidos de múltiples países y con expertos en áreas como la intimidación en línea y la libertad de expresión para obtener su opinión cuando se desarrollaba la actualización de la política.

Como parte de los cambios, aquellos canales que se encuentren involucrados repetidamente en comportamientos de acoso, ya sea a través de múltiples videos o comentarios, serán eliminados del YouTube Partner Program, lo que significa que no podrán ganar dinero en la plataforma. La compañía también podría tomar medidas más drásticas si el hostigamiento continúa, incluida la eliminación de cierto contenido o la remoción de todo el canal.

La compañía dijo que también espera eliminar más comentarios de acoso como resultado de la nueva política. Ya ofrece a los youtubers la posibilidad de revisar un comentario que parece potencialmente inapropiado antes de publicarlo en su canal. La semana pasada, YouTube implementó esta función como predeterminada para más cuentas. Los creadores tienen la capacidad de optar por no participar.



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Encuentran posibles restos del avión siniestrado


(CNN Español) — La Fuerza Aérea de Chile dijo que este miércoles, mientras se realizaban las tareas de búsqueda, se encontraron restos de esponja flotando en el mar a 30 km del sur de la posición del último contacto del Hércules C-130. El hallazgo fue hecho por un buque de bandera chilena e indicaría que podría ser parte de los restos de la esponja de los tanque internos de combustible del avión.

El avión C-130 Hércules de la Fuerza Aérea de Chile con 38 personas a bordo y que iba en camino hacia la Antártica desapareció el lunes y se cree que se estrelló, según dijeron las autoridades el martes.

El área de búsqueda del avión se amplió este miércoles y en la operación participan 13 aviones, cuatro de ellos de Uruguay, Brasil, Argentina y Reino Unido. Además, este miércoles EE.UU. anunció que apoyaría en las labores de búsqueda.

Había 17 miembros de la tripulación y otros 21 pasajeros a bordo, que se dirigían a realizar “tareas de apoyo logístico”, como reparar el oleoducto flotante que proporciona combustible para la base, dijo la Fuerza Aérea.

Además de los miembros de la tripulación, el avión también transportaba personal de las fuerzas armadas, una empresa de ingeniería y la Universidad de Magallanes.



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Trump ataca los hechos para sobrevivir al juicio político en su contra


Washington (CNN) — Donald Trump busca sobrevivir a la destitución de la misma manera en que construyó su poderosa presidencia: atacando los hechos y buscando expandir las limitaciones de la oficina que se le acusa de abusar.

El día en que los demócratas propusieron dos artículos de juicio político contra él, el presidente y sus aduladores arrojaron una nueva niebla para ocultar la evidencia que lo incrimina.

El presidente también emitió una burlona defensa de su conducta en un mitin en Hershey, Pensilvania, el martes por la noche, argumentando que los cargos de que abusó del poder y obstruyó al Congreso “ni siquiera son un delito”.

“Todos dijeron que esto es un juicio político. Es el juicio político más ligero en la historia de nuestro país, de lejos. Ni siquiera es un juicio político”, dijo Trump.

Mientras tanto, el secretario de Justicia, William Barr, repitió su papel sacando a su jefe de problemas, desestimando el informe de vigilancia de su propio departamento que desacreditaba la repetida afirmación de Trump de que un golpe de Estado “profundo” trató de derribarlo. Barr también dio nueva vida a otra de las teorías de conspiración de Trump: que la investigación del FBI en Rusia fue injustificada y arraigada en prejuicios políticos por parte de funcionarios de la administración de Obama.

“Creo que nuestra nación se volvió de cabeza durante tres años, creo que, basada en una narrativa completamente falsa que fue en gran medida promovida y promocionada por una prensa irresponsable”, dijo Barr el martes en una entrevista con NBC News.

Los comentarios reflejaron la tendencia del gobierno Trump a desviar hechos condenatorios y crear nuevas narrativas que el presidente y sus fanáticos encuentran más atractivas.

La interminable corriente de desinformación, medias verdades y teorías de conspiración de Trump parece diseñada para confundir a los votantes y crear ambigüedad e incertidumbre sobre el resultado de las investigaciones de una manera que deja incluso al observador más cercano inseguro sobre los hechos.

Un experto en el trabajo de tales propagandistas es el excampeón mundial de ajedrez y disidente político ruso Garry Kasparov.

“Ellos saben que pueden agotar a las personas, agotar el pensamiento crítico”, dijo Kasparov a Anderson Cooper de CNN la semana pasada.

“Siempre llamo a Putin un comerciante de dudas. Pero ahora que veo lo que está sucediendo en Estados Unidos, es cuando solo los republicanos lograron transformar todo el proceso político en esta realidad alternativa. Es como un mundo posterior a la verdad”.

Avalancha de ataques

Para Trump, todo comenzó en las primeras horas de su gobierno cuando envió al entonces secretario de Prensa Sean Spicer a una misión para engañar a los periodistas sobre el tamaño de la multitud que asistió a su toma de juramento.

Según el último recuento de The Washington Post, Trump ha hecho más de 13.400 afirmaciones falsas o engañosas durante su presidencia.

El torrente incesante de ataques de Trump, en Twitter y en cámara, amplificado por medios de comunicación conservadores, ha ayudado a aislarlo de las consecuencias de sus acciones.

Aunque el exfiscal especial Robert Mueller no encontró una conspiración entre el equipo de Trump y Rusia, sí encontró evidencia alarmante de que el presidente esperaba beneficiarse de la intromisión en las elecciones rusas. Pero el aluvión verbal de Trump politizó la reputación pública, una vez impecable, del exdirector del FBI y ayudó a empañar sus hallazgos y sacar el aguijón de su impacto final.

El presidente está utilizando la misma táctica en la investigación de juicio político y ha tenido un éxito parcial en ahogar las consecuencias de condenar el testimonio sobre su presión sobre Ucrania para investigar al exvicepresidente Joe Biden.

La implacable ola de desinformación complica la tarea de los demócratas que buscan construir un caso público contra el presidente. Y da forma a una nueva narrativa que los partidarios de Trump y las animadoras de los medios pueden comprar y adornar.

Eso es lo que sucede cuando republicanos como el senador de Texas Ted Cruz y el senador de Luisiana John Kennedy difunden teorías de conspiración sobre la interferencia ucraniana en las elecciones estadounidenses en 2016. No solo reflejan la fuerza del control de Trump sobre los votantes republicanos y la capacidad de conseguir legisladores que obedezcan las reglas, sino que están borrando el registro público.

Dada tal falsificación de la cabeza, el fracaso de los demócratas para convencer a los republicanos de los errores de Trump no parece sorprendente.

Barr y la todopoderosa presidencia

Otro paralelismo entre el clímax del informe Mueller y los hallazgos publicados por el inspector general del Departamento de Justicia Michael Horowitz en la investigación del FBI en Rusia está en el papel de Barr.

En ambos casos, el fiscal general restó importancia a los aspectos más perjudiciales del informe para Trump y destacó los aspectos más destacados que se ajustan mejor a la narrativa política del presidente.

Y con el informe Horowitz, Barr fue un paso más allá, declarando que su propia investigación, realizada por el fiscal federal John Durham, ofrecerá una versión más definitiva de las decisiones tomadas por el FBI en la investigación de Rusia.

“(Horowitz) no está decidiendo definitivamente que no hubo sesgo. Creo que es por eso que tenemos a Durham”, dijo Barr el martes.

Sus comentarios plantean dudas sobre su independencia y la de Durham y podrían llevarlo a la afirmación de que se está apoyando en la investigación para proporcionar un hallazgo más aceptable para el presidente.

El regreso de Barr al centro de atención arroja una idea de una táctica más sutil que el presidente está utilizando para evitar el juicio político: su concepto de que hay pocos límites para sus acciones permitidas.

El secretario de Justicia es un entusiasta del concepto de una presidencia todopoderosa. Efectivamente audicionó para el trabajo en un memorando no solicitado a la Casa Blanca que atacó la teoría de Mueller sobre la obstrucción de la justicia.

El martes, Barr rechazó el segundo artículo de juicio político elaborado por los demócratas, argumentando que Trump estaba en su poder para rechazar múltiples testigos y documentar solicitudes basadas en un reclamo de “inmunidad absoluta”.

“No creo que sea el caso en el que alguien, incluida una rama del gobierno, está afirmando un privilegio legal que tienen bajo la ley que constituye una obstrucción”, dijo Barr.

En muchos casos, Trump y sus defensores no presentan una cuenta detallada de los hechos del caso de juicio político. Simplemente argumentan que todo lo que Trump hizo estaba dentro de sus derechos.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, por ejemplo, dijo el martes: “El presidente abordará estos cargos falsos en el Senado y espera ser completamente exonerado, porque no hizo nada malo”.

Cabe señalar que esta versión de un ejecutivo hiperpoderoso que destruyó las estructuras de poder del establecimiento de Washington fue lo que ayudó a ganar a Trump en la Casa Blanca y conserva un fuerte atractivo para sus seguidores.

La llamada en el centro del juicio político

La táctica de doble filo de Trump para luchar contra el juicio político con falsedades y acaparamiento de poder se ilustra mejor con la evidencia clave del caso: la transcripción aproximada de la llamada a la Casa Blanca con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.

Al jactarse de que la conversación es “perfecta”, Trump está persuadiendo a los estadounidenses sobre lo que está en la transcripción.

Los demócratas en la investigación de juicio político señalan que Trump le pide a Zelensky un “favor” después de que menciona futuras compras de armas estadounidenses. Trump también le pide al presidente ucraniano que hable con Barr y su abogado personal Rudy Giuliani sobre las investigaciones sobre las teorías de conspiración sobre la participación de Ucrania en las elecciones de 2016 y su potencial rival de 2020 Biden y el negocio de su hijo Hunter en Kiev.

Varios funcionarios declararon ante las audiencias televisadas de la Comisión de Inteligencia que estaban preocupados por el llamado y sus implicaciones constitucionales.

Pero al describir el llamado como “perfecto”, Trump también argumenta implícitamente que está perfectamente dentro de sus derechos como presidente para presionar a un líder extranjero por un favor político.

Tal interpretación del papel de la presidencia sugiere que hay pocos límites a la autoridad de la oficina, y que tal comportamiento está más allá del poder del Congreso para pedir cuentas a un comandante en jefe.

“Él ha obstruido el Congreso en cada etapa”, dijo la representante demócrata Pramila Jayapal de Washington, quien forma parte de la Comisión Judicial de la Cámara.

“Dijo que el Artículo Dos (de la Constitución) le da el poder de hacer lo que quiera. No podemos permitir que eso suceda”, dijo Jayapal a Jake Tapper de CNN en “The Lead”.



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