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EL PAÍS

“No debería existir un archivo como el del Cisen”



Todos los investigadores sabían lo que había en la Galería Uno del Archivo General de la Nación, pero ninguno había podido ver un solo documento almacenado allí. Carlos Enrique Ruiz Abreu (Sánchez Magallanes, 1958) recuerda, en la década de los años 90, a los agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) —la inteligencia mexicana— haciendo guardias en ese amplio salón que alguna vez fue parte de la prisión de Lecumberri. Dentro, unas 7.000 cajas con detallados informes de la institución, de 1920 a 1985, aguardaban el día en que sus líneas, con la  historia secreta de México del siglo XX, pudieran ser leídas. Ruiz Abreu, tan solo llegar a la dirección del Archivo en diciembre de 2018, pidió la llave de la mítica Galería Uno y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se la concedió.

La habitación guardaba miles de documentos cuidadosamente ordenados en cajas que a su vez estaban organizados en carpetas, algunas cosidas y otras engargoladas, en buen estado y todavía legibles. Algunos expedientes con fotos y otros solo con texto. “Este grupo que hizo la documentación la organizó por eventos, por problemas sociales, partidos políticos, movimientos obreros”, cuenta el director del Archivo General de la Nación. Por ejemplo, cada marcha del movimiento estudiantil de 1968 está descrita guardando el detalle de los personajes que asistieron y sobre los que el Gobierno mexicano buscaba saber más a través de sus agentes. Estaban todos: líderes estudiantiles, gobernadores, periodistas, presidentes, líderes obreros y campesinos.

El archivo de la inteligencia mexicana es la infame historia de un seguimiento gubernamental que roza casi en el acoso. Una práctica común en los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para mantener una vigilancia permanente a quienes de alguna forma se involucraron en la vida política de México. Un sistema que se hizo oficial con la creación, en 1948, de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y que continuó con su heredero el Cisen, fundado en 1989. “Es penoso para una sociedad que haya existido esta persecución. No debería de existir un archivo como este, pero existe y tenemos que darle el mismo trato que a todo el universo de los otros fondos del archivo”, añade Ruiz Abreu.

El Gobierno de López Obrador ha dado por terminada la tarea del Cisen y ha creado el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para cubrir las tareas de investigación del Gobierno mexicano, según ha asegurado el presidente, sin exceder los límites de la vigilancia. El Archivo General de la Nación tiene ya en su acervo los expedientes que recibió de la antigua agencia de investigación en dos entregas: la primera, en 1985 con registros parciales —unas 3.000 cajas— que datan de un periodo entre 1920 a 1975; y el último paquete con 4.200 cajas enviado en 2002 con los expedientes de 1947 a 1985. En los próximos meses llegarán a las galerías del Archivo los documentos que el Cisen generó desde 1985 hasta 2018.

Tras el anuncio de la apertura del archivo del Cisen, las solicitudes para acceder a él han aumentado exponencialmente. “En cinco días nos llegaron más solicitudes que en cinco meses”, apunta Ruiz Abreu. El Archivo trabaja a marcha forzadas para organizar los documentos y responder a las primeras solicitudes. El director reconoce que el método de organización del Cisen es completamente distinto al de la archivística profesional. “Hubo muchas manos inexpertas en la organización de este archivo”, dice. Los primeros en pedir información ha sido investigadores, historiadores y periodistas, sin embargo algunas personas que sospechan que fueron vigiladas por la inteligencia mexicana en el siglo XX han pedido también información al respecto. “Nadie sabe si está su expediente y pueden estar. Investigaron a todos y por todo”. En 2016, por ejemplo, la escritora Elena Poniatowska pudo consultar parte de la información que la agencia reportó sobre ella.

Ruiz Abreu ha estimado que el trabajo de organización de todo el acervo puede llevar un par de años, aunque ya es posible consultar algunos expedientes. Los documentos deben ser revisados para determinar qué información puede ser desclasificada y proteger los datos personales de miles de personas que la agencia vigiló. “Los expedientes de un acontecimiento tiene muchos nombres y muchas direcciones, datos sensibles que tienen que ver con derechos humanos y violación de garantías individuales. Tenemos que tener un filtro pero estamos siendo cuidadosos, queremos ser lo más transparente posible”, promete el director del Archivo General de la Nación.



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EL PAÍS

Pride Barcelona prohíbe la participación de Ciudadanos en la manifestación del orgullo



Pride BCN, la entidad compuesta por las asociaciones que organizan la manifestación del orgullo LGTBI, ha decidido vetar la participación de Ciudadanos en la marcha del próximo sábado. Las asociaciones organizadoras se han reunido este miércoles y han decido prohibir la participación del partido naranja por “pactar con partidos que vulneran los derechos del colectivo LGTBI”, en referencia a Vox.

El pasado jueves 13 de junio Pride Barcelona reunió en asamblea a sus entidades sociales para debatir la participación de los partidos políticos en la manifestación. Varios partidos, entre los cuáles se encontraba Ciutadans, firmaron el compromiso de no pactar con ningún partido “que vulnerarán los derechos del colectivo LGTBI”, requisito indispensable si querían participar en dicha manifestación. Según la organización, las asociaciones han votado “por una mayoría” la exclusión de Ciudadanos de la marcha.

Por su parte, el partido de Albert Rivera ha lamentado que los organizadores “hayan cedido a las presiones políticas” y ha criticado la “discriminación que este veto supone”. En un comunicado han explicado que confían que los organizadores “recapaciten y rectifiquen”.

A falta de nuevas incorporaciones, los partidos que han confirmado su participación en la marcha del sábado son: ERC, PDeCAT, Iniciativa per Catalunya Verds y PSC,



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EL PAÍS

EE UU reprocha a España falta de liderazgo en las crisis de Venezuela y Cuba



“Somos aliados, socios y amigos”, ha declarado en castellano el jefe de la diplomacia estadounidense en España, Richard Duke Buchan. “Mi presidente es controvertido y no todo lo que dice es popular pero si miramos los hechos debemos estar de acuerdo en que se necesitan cambios dramáticos en Venezuela”, ha recalcado. A su juicio, Estados Unidos necesita en esta crisis a sus aliados “y a España por encima de todo porque la Unión Europea mira a España para fijar posiciones y forjar el consenso” en política exterior y facilitar una transición política.

El embajador ha participado en la jornada organizada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, AmChamSpain, y la organización Concordia en Madrid que ha reunido a destacados líderes políticos y empresariales para abordar los retos que afrontan EE UU y Europa y la especial posición de España en las relaciones con Latinoamérica y el norte de África.

De ahí que Buchan haya insistido en la necesidad de que España anime a las autoridades europeas a secundar las sanciones y congelación de activos contra los gerifaltes del régimen de Nicolás Maduro. El embajador ha acusado al líder venezolano de haber saqueado el país con el robo de más de 3.000 millones de dólares de los fondos públicos y ha denunciado que, con una población sumida en una dramática crisis humanitaria, el régimen ha firmado un acuerdo con Rusia de 200 millones de dólares para la renovación de su sector aéreo. “A quienes dicen que temen una invasión estadounidense y el derramamiento de sangre les recuerdo que ya hay sangre en las calles de Venezuela y que la invasión ya se ha producido a manos de funcionarios rusos y cubanos”, ha apuntado. Asimismo, el diplomático ha pedido a la “Unión Europea y a España que hagan de los derechos humanos una prioridad en sus relaciones con Cuba”.

El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, también se ha sumado a los reproches al asegurar que a España se le “nota que le hace falta determinación frente al riesgo que supone Venezuela. España y UE deben unirse a otros países para pedir que las Fuerzas Armadas remuevan a Maduro y aúpen a Juan Guaidó [como presidente] para celebrar elecciones libres”.

La lista de agravios de la actual Administración de Donald Trump va más allá y alcanza al comercio, el pulso tecnológico con China y el gasto en Defensa. El representante estadounidense ante la UE, Gordon Sondland, ha hablado sin tapujos de “decepción”. “Si mi mejor amigo viene y me pide que le haga un favor, no le voy a tratar como a un extraño. Pues así es como nos hemos sentido con la UE. Estamos decepcionados”, ha confesado en un encuentro posterior con periodistas. “Estados Unidos no puede decirles a los europeos con qué empresas trabajar para el 5G, pero si trabajan con Huawei, no podremos trabajar igual de estrechamente, no podremos compartir el mismo nivel de información y de inteligencia”, ha advertido. Porque el objetivo real, ha admitido Sondland, es China “contener a China” y que sean EE UU y la UE quienes fijen los estándares y las reglas y no al revés.

El embajador ha confiado en que ahora que la UE se enfrenta a la renovación de sus altos cargos “el nuevo liderazgo y la nueva forma de pensar se acomoden” más a los intereses de EE UU. Entre ellos, que el “América primero” que defiende Trump no se traduzca en un “Europa primero” cuando se trata de la industria de la Defensa. A pesar de reclamar un aumento del gasto, al que se han comprometido los integrantes de la OTAN para que el 2024 alcance el 2% del PIB, quiere que ese gasto se destine en buena medida a la potente industria estadounidense y no sirva para crear una verdadera industria de Defensa europea, como pretenden los líderes de la UE. “La relación que queremos es una relación equilibrada y justa. No queremos una relación en la que los mercados estadounidenses estén abiertos a las empresas europeas y los mercados europeos estén cerrados. Si esto sigue así, nosotros haremos lo mismo en el Pentágono”, zanjó.

 



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EL PAÍS

El Constitucional ratifica el fin de la causa por la muerte de José Couso



“[Este dictamen] constituye el último portazo que recibimos por parte de la justicia en esta larga lucha que comenzó hace ya 16 años. Con esta sentencia, el Constitucional pretende no solo impedir la investigación y el enjuiciamiento de criminales de guerra, sino que además imposibilita que las víctimas ejerzamos nuestro derecho a que la justicia persiga a los culpables”, ha denunciado la familia de Couso en un comunicado, tras conocer la resolución del alto tribunal. “En esta sentencia no hay nada nuevo. Poco podíamos esperar de quienes llevan años mirando hacia otro lado. En esta sentencia se refleja el contenido político de quienes —lejos de contemplar la necesaria defensa de los derechos humanos— amparan, excusan y esgrimen argumentos que protegen a los fuertes y a los socios a quienes rinden pleitesía”, añade el texto.

Según esta nueva resolución de los magistrados de la Sala Segunda, el Constitucional respalda la decisión del Tribunal Supremo de mantener el archivo de la investigación abierta por el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, que llegó a ordenar la búsqueda, captura y detención de tres militares estadounidenses (un teniente coronel, un capitán y un sargento) que supuestamente ordenaron, autorizaron y ejecutaron el disparo del proyectil contra el hotel Palestina, donde se alojaba la prensa internacional durante la guerra de Irak.

La Audiencia Nacional se vio obligada en 2015 a archivar el caso Couso después de que el PP recortara la justicia universal. “El flexo no podrá mantenerse encendido”, afirmó entonces el magistrado instructor Santiago Pedraz, que denunció que el cambio normativo “impide la persecución de cualquier crimen de guerra cometido contra un español, salvo en el difícil supuesto de que los presuntos responsables se hayan refugiado en España”. Ya que, como recuerda ahora el Constitucional, los populares establecieron como requisito para investigar estos delitos que el “procedimiento se dirija contra un español o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España, o contra un extranjero que se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas”.

Tras un recurso del PSOE, esta reforma legislativa de la formación conservadora fue avalada el pasado diciembre por el pleno del Constitucional, que consideró que este recorte no vulneraba la Ley Fundamental. Eso sí, el alto tribunal considera que este cambio normativo supone una “merma considerable” de las posibilidades de los tribunales españoles para perseguir crímenes de guerra. Aún así, su aplicación, también ha supuesto ya dar carpetazo a la investigación abierta por la Audiencia Nacional por el ataque del ejército iraquí al campo de refugiados iraníes de Ashraf en 2009, que dejó 11 muertos, además de secuestros y torturas; y el final de la causa abierta a varios dirigentes chinos por delitos de genocidio y torturas durante la ocupación del Tíbet.

“La impunidad que el Constitucional consiente, avala y sentencia supone un claro posicionamiento contra la persecución de crímenes contra la humanidad y sitúa a nuestro país en una posición de encubrimiento de estos crímenes”, ha afirmado este miércoles la familia de José Couso, que ha añadido: “Exigimos que se modifique la normativa que impide hoy que los criminales de guerra sean perseguidos en España”. Le toca ahora a las Cámaras recoger el guante.



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