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EL PAÍS

Pablo Iglesias: “Los presupuestos son el inicio a nueva etapa en la política económica de España”



A las seis de la tarde del miércoles, Pablo Iglesias, líder de Podemos, llegó a La Moncloa para reunirse con Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, y ultimar los detalles del acuerdo de presupuestos. Esperó unos 20 minutos. “Me quedé en una sala con libros interesantes: estuve ojeando uno sobre eurocomunismo de Giorgio Napolitano”, ironiza en una conversación con EL PAÍS. A las nueve de la noche, después de casi tres horas reunido a solas con el presidente, salió “moderadamente satisfecho”. Con un acuerdo que es, a juicio del líder de Podemos, algo más que un acuerdo. “Es un punto de inicio a nueva etapa en la política económica española que creo que terminará con un gobierno de coalición”, asegura.

Los equipos de Unidos Podemos y del Ejecutivo terminaron de redactar las 50 páginas del pacto final a las dos de la madrugada. “No hemos conseguido todo lo que buscábamos”, reconoce Iglesias. El pacto da algo de vuelo a una legislatura con pinta de alicorta. Pero Iglesias recalca que el texto no es un acuerdo de legislatura propiamente dicho. “De hecho, hay algunos aspectos que hemos decidido legislar en 2019. Tendremos que seguir poniéndonos de acuerdo porque el Gobierno ha decidido gobernar solo”, remacha.

La reunión entre Iglesias y Sánchez no solo cerró los flecos de una negociación que se inició en agosto, sirvió para desatascar el tramo final de las conversaciones. “Cuando el lunes dijimos que no apoyaríamos no estábamos de farol”, dice el líder de Podemos. “La clave fue acordar la materia fiscal, el miércoles; en ese momento yo llegué a la conclusión de que iba a haber presupuestos. El resto no era tan complicado”.

Unidos Podemos ha conseguido más de 500 millones para la ley de Dependencia. Muy por debajo de su exigencia inicial: “Nos hubiera gustado una subida mayor, pero aun así es importante”, responde Iglesias confiado en que el efecto económico por la subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros se note el próximo año. “Espero que entonces encontremos más dinero”.

La misma sensación transmite sobre lo que considera la columna vertebral de los presupuestos. Iglesias es consciente de que su grupo confederal no ha logrado el impuesto a la banca que el propio presidente demandó cuando estaba en la oposición. “El impuesto de sociedades afecta a la banca”, se justifica. “No hemos renunciado; el Gobierno tampoco renuncia a que en el siguiente ejercicio presupuestario se pueda llevar a cabo”.

Antes de abandonar La Moncloa asegura que “le sacó” a Pedro Sánchez el impuesto del 1% a los grandes patrimonios. “Calculamos que con este gravamen se pueden recaudar 1.000 millones. Unido al aumento del IRPF para las rentas de 130.000 euros, esa es la espina dorsal del acuerdo”.

Buena parte de los expertos considera que las cuentas no terminan de cuadrar. Pero Iglesias está convencido de que Bruselas aceptará los presupuestos. “Hablé con Pedro en verano y le dije que no nos gustaba el pacto que había hecho el Gobierno con Bruselas sobre el techo de gasto. Lo aceptamos porque es el trabajo del Gobierno y es el límite con el que estamos operando”. Su objetivo, aun así, es seguir buscando el mecanismo reglamentario para acabar con el veto del PP en el Senado y aprobar una nueva senda del déficit.

Hasta que termine la legislatura, previsiblemente en 2020 si se cumplen los planes de La Moncloa, el Gobierno de Pedro Sánchez está obligado a contar con el apoyo parlamentario de Unidos Podemos, su socio principal, y del resto de grupos que le ayudaron a llegar a la presidencia tras la moción de censura del pasado junio. El primer reto llegará en los próximos días. Después de que presenten a Bruselas las líneas maestras de las cuentas generales —el lunes— el Ejecutivo tendrá que convencer a ERC, PdeCAT y PNV para que también respalden el acuerdo. “Es una tarea que le corresponde al Gobierno”, dice el líder de Podemos. “Pero nosotros estamos dispuestos a ayudar como ya hicimos en Cataluña”, puntualiza mostrando su optimismo en que conseguirán los números necesarios para la tramitación parlamentaria.



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EL PAÍS

Carta abierta a Ana Schulz



Ana Schulz y Cristóbal Fernández han dirigido Mudar la piel, documental que indaga en la amistad entre Juan Gutiérrez, padre de Ana y mediador entre ETA y el Estado, y Roberto Flórez, el agente del Centro Superior de Información de la Defensa —CESID— que lo espió.

Enfrentarte a los fantasmas, los silencios, los secretos que te rodearon cuando eras niña; encarar la opacidad y la densidad del pasado, la memoria escurridiza, la presencia de ese pasado en el ahora, la necesidad de entender; hacer tangible, dar coherencia narrativa a aquello que reside entre el ruido blanco y el rumor, la intuición y el secreto. Quieres investigar algo que te resulta incomprensible, incluso inadmisible: la amistad de tu padre (un hombre que ha llevado a cabo una gran labor pública de mediador entre ETA y el Estado) y un espía de los servicios del CESID que, según tu interpretación de la realidad, le traicionó.

Te habrán dicho alguna vez, supongo, que esta historia no tiene que ver contigo, que pertenece a tu padre. Igual también te han pedido que no escarbes, que no expongas, que hay cosas de las que es mejor no hablar, que la familia, que para qué. Pero sabes que la historia de tu padre también te pertenece porque te ha marcado profundamente, aunque no sepas muy bien cómo formular esa impronta. Investigar la huella, medir su profundidad, solo es posible a través de los vericuetos de la intimidad, del relato reflexivo, del recorrido a través de los grises.

La obra resultante refleja el proceso mismo de indagación: el largo caminar por la zona gris de los afectos. Nos regalas metáforas visuales que llenan tu narración de poesía y sugerencia: juegos de espejos, niebla, un péndulo de un viejo reloj con la imagen desenfocada de tu padre, contraluces y claroscuros, y una secuencia de varios segundos en los que tú, una Ana luminosa y serena, vas conduciendo y entras en un túnel oscuro del que pocos segundos después surge un Roberto de apariencia inquietante, sentado en el asiento trasero. Toda una metáfora, perdona que me ponga psicoanalítica, de tu acercamiento a ese pasado donde la violencia impregnaba nuestras vidas: de niñas sentíamos la amenaza, la presencia de la violencia en nuestro entorno, pero la normalizábamos. Solo con el paso de los años somos capaces de mirar al pasado, a ese fardo siniestro que llevamos en el asiento trasero, y, a través de mecanismos oblicuos, representarlo.

Podrías haber hecho un documental tipo thriller, pero como te dijo Juan Pablo Villalobos vía Twitter, elegiste la reflexión, el tono sereno, el discurso de lo íntimo.

Lo íntimo indivisible de lo político, el relato personal atravesado por la historia que desgarró nuestra sociedad, es una forma de pensarnos y de investigar muy propia de nuestra generación (tú naciste en 1979; yo soy un poco más vieja, de 1974), y por eso también tu obra me recordó a Asier ETA Biok, de Aitor Merino (1973), otro documental que reflexiona sobre afectos contradictorios. Lo íntimo y tu mirada, también, como forma de cuestionar el pacto entre miembros de la generación anterior: las complicidades, silencios, secretos que aceptan y protegen ellos, como si fueran solo cosa suya, pero que heredamos. En esa reflexión también nos encontramos, Ana: llenamos los silencios heredados con narraciones propias.

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EL PAÍS

21 jóvenes sientan en el banquillo a EE UU por el cambio climático



Sus padres se conocieron en una protesta por la tala de árboles en los bosques de Oregón. Asistió a su primera manifestación con solo dos meses de edad. A los 10 años se empezó a implicar “más en serio” en el activismo medioambiental. A los 15, demandó a su Estado. Y hoy, a los 22, su nombre ha pasado a la historia, enfrentado al de la gran potencia mundial, bautizando la más importante batalla legal hasta la fecha en la lucha contra el cambio climático: “Juliana contra los Estados Unidos de América”.

“Mi apellido es como un nombre de pila, pero yo me llamo Kelsey. Es gracioso. Si viera allí mi nombre, Kelsey, supongo que sería diferente. Pero lo importante es que esto es una acción colectiva”, advierte Kelsey Juliana. Ella es una de los 21 jóvenes que en 2015, cuando tenían entre nueve y 18 años, demandaron al Gobierno de Estados Unidos por considerar que con sus acciones, al provocar el cambio climático deliberadamente, ha puesto en peligro sus derechos constitucionales a la vida, a la libertad y a la propiedad, y ha incumplido su deber de proteger recursos públicos esenciales. Hasta el 20 de enero de 2017, al frente de la principal institución demandada estaba Barack Obama. Hoy está Donald Trump, un presidente que ha calificado el cambio climático de “farsa”.

Un coche hacia el precipicio

La profesora Mary Wood recurre a un ejemplo gráfico para explicar el caso: “Es como si estás en el asiento trasero de un coche con tus hijos. Todos nosotros, y las generaciones futuras, estamos en ese asiento trasero. Y hay un solo conductor que se llama Donald Trump. Él sabe que está dirigiendo el coche hacia el precipicio climático, y no solo no está frenando, sino que está pisando el acelerador con más fuerza. La pregunta es: ¿quieres que un agente de policía detenga el coche antes de caer por el precipicio?”.

En la sala, la juez escuchará las exposiciones de las partes y, al final, redactará una resolución. “En ella, tendrá que determinar qué derechos tienen los demandantes”, explica Wood. “Tendrá que decir si esos derechos han sido violados. Y por último, en caso de que considere que sí han sido violados, hablará de los parámetros del remedio. Estructurará probablemente un proceso en el que los demandantes se reunirán con los abogados del Gobierno con regularidad. Estos irán a esas reuniones con un plan y ese plan será exigible”.

Fideicomiso público

 

“¡Has llevado a juicio a Donald Trump!”, les sueltan, admirados, sus compañeros de clase. Y Juliana admite que, a veces, a ella misma le cuesta creerlo. “Los 21 compartimos una carga colectiva, porque este caso es enorme”, explica por teléfono esta alumna de Estudios Medioambientales en la Universidad de Oregón. “Y ese peso que sentimos, cuando estamos todos juntos se transforma en una liberación, una celebración, nos convierte en una familia”, asegura Juliana.

Mientras sus amigos están inmersos en un arranque de curso como otro cualquiera, estos 21 jóvenes repartidos por todo el país, representados por la organización Our Children’s Trust, se preparan para la vista que arranca el próximo lunes en la Corte de Distrito de Eugene, Oregón, la primera instancia de la Justicia federal. Un hito inédito en un fascinante proceso judicial, también conocido como La Juventud contra el Gobierno (#youthvgov), que marca un antes y un después en la lucha legal contra el cambio climático.

La base jurídica más novedosa del caso reside en el concepto de fideicomiso público. “Es un concepto sencillo”, explica por teléfono Mary Wood, profesora de la Universidad de Oregón y reputada experta en derecho medioambiental, cuya literatura académica se encuentra en el origen de esta demanda. “El público es propietario de los recursos naturales. No es propiedad privada, pero sí propiedad pública. Y el Gobierno, porque es la institución que perdura, debe gestionar esos recursos como fideicomisario para los ciudadanos presentes y las generaciones futuras. Si se prueba que el Gobierno con sus acciones ha alterado sustancialmente la atmósfera y el sistema climático, habría violado ese fideicomiso público que debe a los ciudadanos”, explica.

Todo empezó en 2010, en una conferencia de Wood en la universidad. “Yo había escrito durante 20 años sobre derecho medioambiental, y lo que veía era un fracaso sistemático”, recuerda la profesora de la Universidad de Oregón. “Desarrollé una estrategia nueva. Había que plantear casos en nombre de niños por todo el país y por todo el mundo, basados en la doctrina del fideicomiso público, que es la que da en el clavo. Resulta que entre el público de la conferencia estaba Julia Olson, una veterana litigante con una maravillosa reputación en su país. Al final de la charla vino a verme y me dijo que quería sacar eso adelante”.

Olson se puso manos a la obra. Creó la organización Our Children’s Trust y se asoció con un montón de jóvenes que ya estaban implicados en el activismo medioambiental. Juntos emprendieron una acción “sin precedentes en la historia del derecho”, según Wood, que consistió en presentar demandas en paralelo en cada uno de los Estados del país.

El proceso fue ganando peso y, ya en el año 2016, se puso en marcha el caso federal, para el que se añadió al del fideicomiso público una nueva serie de alegaciones constitucionales. “Se podría resumir en la idea de que el Gobierno está infringiendo los derechos constitucionales a la vida, la libertad y la propiedad de los jóvenes demandantes al crear un sistema climático que será inhabitable”, explica Mary Wood. “Lo que alegan los demandantes, y espero que prueben, es que el Gobierno toma decisiones que empujan el sistema climático a la catástrofe”.

La gran virtud del litigio, explica Wood, es que “por primera vez saca al derecho medioambiental de los profundos precipicios legales donde ha languidecido durante más de cuatro décadas, y lo vincula a los derechos constitucionales”. En julio el Tribunal Supremo dictaminó en favor de los demandantes, y hasta la fecha ha sorteado diversos envites procesales de los demandados. Pero el momento de la verdad llegará el próximo lunes. “Será una gran fiesta”, prevé Juliana. “Habrá una exhibición de apoyo enorme y los ojos del mundo estarán allí”.

Casos como este, a nivel federal y que implican derechos civiles, pueden demorarse durante años, incluso décadas. Pero al margen del desenlace, para los demandantes el proceso en sí mismo es crucial. “Necesitamos ganar este caso y tengo confianza en que lo haremos”, asegura Juliana. “Pero es importante el propio proceso, y que lo siga gente de todo el mundo. ¡Incluida España! Este caso cuenta la historia de cómo el daño climático afecta a la gente, sobre todo a los jóvenes. No en el futuro, sino ahora mismo. Pero también es una historia de corrupción, de un Gobierno que ha desatendido a las personas en favor de los intereses corporativos. El Gobierno de EE UU es un enorme poder global y estamos llevando a ese poder a los tribunales. Es muy emocionante”, concluye.



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EL PAÍS

Iglesias y Puigdemont hablan 45 minutos por teléfono y coinciden en “abrir espacios de diálogo”



El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha hablado este domingo por teléfono con el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, huido de la justicia española en Bélgica. “Hemos conversado durante 45 minutos. Me ha invitado a tener una reunión presencial. Se lo agradezco y lo consideraré, pero por el momento pienso que lo importante es mantener el contacto. Estamos de acuerdo en la necesidad de abrir espacios de diálogo político sin exclusión de ningún tema”, ha escrito en su cuenta de Twitter el líder de Podemos. Iglesias, además, se reunirá este lunes con el lehendakari, Íñigo Urkullu (PNV), para tratar la situación en Cataluña e intercambiar opiniones de cara a la negociación de los Presupuestos Generales. Ambos encuentros llegan pocos días después de que Iglesias visitara a Oriol Junqueras, el presidente de ERC, en la prisión de Lledoners (Barcelona).

La reunión que Iglesias tendrá este lunes con Urkullu en la sede de la Presidencia del Gobierno Vasco, en Vitoria, será el primer encuentro visita oficial entre ambos políticos. El lehendakari ya había visitado hace semanas a Junqueras, en el centro penitenciario donde está recluido. El PNV ya ha intentado mediar en la situación catalana, sin éxito, y en medio de un gran secretismo. La reunión con Iglesias escenifica una vez más la voluntad de intermediación del nacionalismo vasco y su papel en la operación para desatascar la negociación de las cuentas.

El apoyo de Esquerra y del PDeCAT es indispensable para aprobar el proyecto acordado entre Iglesias y el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Ambas formaciones insisten en pedir antes de sentarse a la mesa un gesto del Gobierno hacia los líderes independentistas procesados por un presunto delito de rebelión y malversación. El pasado sábado, el líder republicano Joan Tardà insistió en que Sánchez pida a la fiscalía que retire los cargos. Otras voces abogan por que la Abogacía del Estado también modifique su posicionamiento.

Desvincular las cuentas

El líder de la formación morada sopesaba ya desde hacía días ponerse en contacto con el expresident para intentar acercar posiciones. Así lo aseguró el pasado sábado la portavoz de En Comú Podem, Lucía Martín, que dijo que Iglesias le llamaría de manera inminente. “Hablaremos con quien haga falta. En principio no creo que haya un problema gravísimo para que eso pase”, dijo Martín en una entrevista en RAC-1.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por su parte, abogó este domingo una vez más por separar la negociación de las cuentas del proceso judicial contra los líderes independentistas, si bien considera que su situación es injusta. “Evidentemente que tenemos que pensar en desjudicializar la política, pero también tenemos que pensar en la gente que no llega a fin de mes”, ha dicho la alcaldesa.



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