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EL PAÍS

Trump prepara una orden que endurece las condiciones de asilo para los indocumentados



Fotografía cedida por la Fuerza Aérea estadounidense que muestra a varios soldado estadounidenses mientras instalan concertinas en la frontera entre Estados Unidos y México. En vídeo, la caravana a su paso por Ciudad de México esta semana.



Estados Unidos tiene en el horno un plan para denegar el asilo a los migrantes que crucen ilegalmente la frontera, endureciendo el sistema actual que permite revisar los casos de los solicitantes independiente de cómo hayan ingresado al país. La modificación, a la espera de una proclamación oficial de Donald Trump este viernes, se apoya en una ley de seguridad que contempla frenar las protecciones humanitarias en caso de que el país corra algún riesgo o esté en una situación de emergencia, según los Departamentos de Seguridad Nacional y Justicia.

La elaboración del plan ha ido avanzando en la misma medida que lo ha hecho la caravana de migrantes centroamericanos que cruzan México para solicitar asilo en la frontera con Estados Unidos. Durante las últimas semanas, coincidentes con la campaña de las elecciones legislativas de este martes, Trump amenazó con cerrar la frontera sur, envió a miles de efectivos a custodiar la zona, demonizó la inmigración ilegal relacionándola con criminales de alto calibre y aseguró que la caravana que se dirige a la frontera es una “invasión”.

Las nuevas regulaciones le otorgarán a Trump la misma autoridad que utilizó para prohibir los viajes de países predominantemente musulmanes solo días después de su toma de posesión. “La norma otorga la autoridad (…) para eliminar la elegibilidad para asilo a aquellos inmigrantes que se vean afectados o que vulneren una suspensión o limitación para acceder a EE UU a través de la frontera con México y que esté impuesta por proclamación presidencial”, precisó un alto funcionario de la Administración en una rueda de prensa telefónica. El endurecimiento de las normas tiene un precente en la actual Administración. En junio de este año se eliminó que el ser víctima de violencia doméstica sea un motivo suficiente para recibir protección en Estados Unidos.

Desde 2014, las solicitudes de asilo en la frontera se han cuadruplicado, lo que se suma a una acumulación de más de 750.000 casos pendientes en los tribunales de inmigración de los Estados Unidos. “Nuestro sistema de asilo está sobrecargado con demasiadas peticiones injustificadas de extranjeros que suponen una tremenda carga para nuestros recursos”, señalaron la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, y el fiscal general interino, Matt Whitaker, en un comunicado conjunto. Como posible solución, los funcionarios de Gobierno afirmaron que los migrantes podrían solicitar otros dos programas menores que tienen muchas menos probabilidades de permitirles quedarse.

Lo más probable es que este intento del republicano se enfrente a una serie de desafíos legales y termine en el Tribunal Supremo. Los defensores de la migración, como la organización de defensa de los derechos civiles ACLU, han rechazado el plan por ir contra la ley estadounidense: “El derecho del solicitante de asilo es sin importar si están o no en un puerto de entrada”, argumentó ACLU. “El presidente Trump no puede cambiar la ley por un capricho”, dijo Bill Frelick, director de Derechos de los Refugiados de Human Rights Watch.



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Sánchez reducirá a tres el número de contratos de trabajo



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha adelantado este lunes que el Ejecutivo reducirá a tres el número de contratos de trabajo. Esto es: los dejará en uno indefinido, uno temporal y otro de formación o relevo. Esta nueva estructura se está ultimando en el marco del diálogo social con los sindicatos y la patronal, según precisó el propio Sánchez. Además de estas medidas y en el mismo contexto, impulsará la recuperación de las jubilaciones forzosas por edad en los convenios colectivos y establecerá el registro obligatorio de los horarios de trabajo.

Sánchez ha citado estas decisiones como parte de su “agenda de cambio”, unas reforams que, según ha asegurado en su intervención en un acto organizado por el diario Expansión, prevé que se conviertan en realidad en los próximos meses.

Ante un auditorio en el que se encontraban varios ministros y el líder del PP, Pablo Casado, ha enumerado una lista de iniciativas futuras dominadas por el ámbito laboral, con el objetivo de “reducir la precariedad y la dualidad” y “relanzar el crecimiento”.

En su opinión, recuperar las jubilaciones forzosas por edad puede ayudar a generar empleo. Y la creación de un registro obligatorio de los horarios evitará los abusos y facilitará la resolución de discrepancias, ha aclarado.

También ha mencionado su intención de recuperar el valor de la negociación colectiva y reforzar la causalidad de la contratación temporal.

De la misma forma, ha apostado por recortar el número de bonificaciones y deducciones a la contratación, dejando solo aquellas que afectan a los colectivos más vulnerables y necesitados.

Su “agenda del cambio” incluye también para antes de fin de año un plan de choque por el empleo joven, en el que se contratarán unos 3.000 orientadores laborales poniendo el énfasis en la mejora de las competencias digitales y de las competencias en lengua extranjera. “También apoyaremos a las personas en el exterior, donde se incentivará su retorno y el de su talento”, ha dicho.

Además, ha ratificado una próxima ley de Formación Profesional para desarrollar el modelo de FP dual, incorporando a las empresas mediante fórmulas flexibles y creando consorcios en todo el territorio nacional.

En el sector financiero, ha recordado que se reforzará la arquitectura institucional de los organismos de regulación y supervisión mediante la creación de una autoridad que llevará por nombre Autoridad Nacional de Estabilidad Financiera, y una Autoridad Independiente para la Protección del Cliente Financiero.

En cuanto a los Presupuestos Generales del Estado, Sánchez ha afirmado que su gabinete “no tira la toalla” y que confía en lograr un acuerdo con el resto de fuerzas parlamentarias para aprobarlos. “Por eso tendemos la mano al resto de fuerzas parlamentarias”, ha declarado.



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El Santander estudia subir la oferta para recuperar su macrosede en Madrid



Los hermanos Simon y David Reuben, empresarios inmobiliarios asentados en Londres pero de origen indio, han realizado la mayor oferta de compra por la Ciudad Financiera del Santander, en el municipio madrileño de Boadilla del Monte. El propio banco ha realizado la segunda mejor, según fuentes de la operación, que apuntan que estudia subirla si la diferencia no es relevante, ya que tiene derecho de tanteo. Ahora debe ser el juez el que valide las dos ofertas y permita al Santander ejercer ese derecho e igualar la oferta de Reuben. El Santander vendió su sede en Boadilla del Monte al grupo Marme Inmobiliario a principios de 2008 por 1.900 millones de euros. Esta venta se produjo unos meses antes de que estallara la burbuja inmobiliaria en España.

El propietario del inmueble, Marme Inversiones, está en concurso de acreedores, la antigua suspensión de pagos, y el juzgado mercantil número 9 de Madrid es el encargado de liquidar sus activos, por lo que tendrá la última palabra en la subasta.

Reuben Brothers es un grupo de inversión con propiedades en diversos sectores, industrial, inmobiliario, lujo y alimentación. Entre sus propiedades se encuentra Arena Racing Company, la mayor compañía de hipódromos de Reino Unido; la cadena de pubs británicos Wellington Pub Company; el Curtain Hotel, uno de los hoteles más lujosos de Londres; el puerto deportivo italiano Portosole Sanremo; GC Partecipazioni (GCP), con el mayor invernadero de Europa, en la región italiana de Apulia, según Vozpópuli, que adelantó la posición de Reuben.

En la puja también ha participado un fondo kuwaití (AGC) y, según distintas informaciones, también el inversor británico de origen iraní Robert Tchenguiz, todos ellos dispuestos a ofrecer más de 2.000 millones, aunque la cifra podía elevarse a 3.000 millones porque Marme acumula 800 millones en liquidez en su caja.

La recompra de la Ciudad Financiera tendría sentido para el Santander por el mero hecho de que con ella se ahorraría los poco más de 100 millones anuales que paga por ocupar el inmueble y que se van actualizando según el contrato de alquiler firmado por 40 años a contar desde 2008, cuando vendió las instalaciones.

Fuentes financieras apuntan que los fondos de Reuben han adquirido deuda de Marme, en suspensión de pagos, a muy bajo precio por lo que se beneficiarían de que el Santander lo adquiriera. Sin embargo, si han puesto un alto precio y el banco no iguala la oferta, deberían asumirla. La rentabilidad de la Ciudad Financiera está cuestionada por algunos inversores porque sostienen que es un modelo de sede en desuso.



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El norte de Castellón zanja con 24 trenes diarios 30 años en tercera división ferroviaria



Los habitantes del norte de la provincia de Castellón han zanjado este lunes tres décadas de reivindicaciones para lograr una conexión ferroviaria con la capital de La Plana equilibrada. Igualitaria. Veinticuatro trenes —12 de ida y 12 de vuelta— cosen desde primera hora los 80 kilómetros que separan la capital de la comarca del Baix Maestrat con Castellón. El triple del servicio actual —con cuatro trenes diarios en cada dirección— y 2.100 usuarios extra por jornada.

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha inaugurado la ampliación de la línea, en el marco de las Obligaciones de Servicio Público (OSP), para mejorar desde el Estado un sistema que no sería rentable comercialmente. Lo ha hecho acompañado por el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. Juntos han partido desde la estación castellonense en uno de estos convoyes rumbo hacia Vinaròs.

Ábalos ha incidido en que el derecho a la movilidad es una prioridad para el Ministerio de Fomento y los servicios de Cercanías están a la cabeza de esa prioridad, pues “se trata de una obligación y nuestro compromiso con los ciudadanos”.

Hace algo menos de un año, el predecesor de Ábalos al frente de Fomento, Íñigo de la Serna, anunciaba que la conexión ferroviaria de la línea de Cercanías C6 entre Castellón y Vinaròs pasaría de los cuatro trenes diarios vigentes entonces a 12, y que esta ampliación estaría operativa en el mes de junio de este año.

La intensificación de frecuencias buscaba dar respuesta a una demanda histórica por parte de los 750.000 viajeros que absorbe anualmente esta línea y que ha motivado campañas de recogidas de firmas, presentación de mociones y hasta la creación de una plataforma cívica para presionar a la administración: Trens Dignes al Maestrat. Los estudiantes de la Universitat Jaume I de Castellón llegaron a reclamar un “frente común” para “obligar” a Fomento a poner solución a la “escasez de frecuencias” por tren con la comarca del Baix Maestrat. El exrector de la universidad castellonense, Vicent Climent, reconocía que la situación generada por la “deficiente conexión ferroviaria” estaba creando problemas organizativos y ponía en peligro la actividad universitaria, tanto de investigación como de docencia o cualquier otra vinculada a la UJI, “porque los estudiantes, profesores y trabajadores del campus tienen dificultades para acceder a él”.

Casi medio año después de lo previsto, el anuncio de De la Serna se ha visto materializado, aunque en manos de su relevo en el cargo. Desde este lunes, los usuarios de la línea dispondrán de 12 trenes de ida a Castellón —el primero a las 6.25 horas y el último a las 20.30 horas— y de otros 12 de vuelta desde la capital de La Plana a la del Baix Maestrat —entre las 6.48 horas y las 21.07 horas—. La línea tiene parada en Castellón, Benicàssim, Oropesa, Torreblanca, Alcalà de Xivert, Benicarló-Peñíscola y Vinaròs.

Las reacciones no se han hecho esperar. Entre las primeras, las de la plataforma cívica Trens Dignes al Maestrat, que ha manifestado su “alegría contenida” ante el hecho de disponer de más trenes porque “todavía queda mucho por hacer”, como la “mejora de la puntualidad”, la reducción de incidencias en la línea o el incremento de frecuencias con el sur de Tarragona. No obstante, ha señalado que triplicar los trenes es “un paso muy importante para reducir el aislamiento de la comarca”.

Desde el PP han instado al PSOE a que cumpla “con todo el plan de Cercanías que los populares dejaron listo para Castellón” y reclaman que se desbloquee “la inversión de 31 millones para nuevos convoyes”. El diputado del PP Óscar Clavell ha recordado que el partido socialista “votó en contra de que se triplicaran los trenes entre Vinaròs y Castellón en el presupuesto y ahora dejan a medias las mejoras de Cercanías”.

Por su parte, una delegación de Compromís de municipios del Maestrat y la Plana ha hecho uso también esta mañana del servicio de tren que cubre el recorrido entre Vinaròs y Castellón y que supone “una notable mejora de las comunicaciones entre estas comarcas”. “Ahora tenemos que celebrar los nuevos trenes, fruto de la reivindicación social, pero no debemos aflojar en la reclamación de mejoras en los horarios, garantizar la puntualidad y calidad del servicio, las comunicaciones con las comarcas más próximas de Cataluña y Aragón, lo que beneficiará la competitividad de nuestras empresas, la movilidad de trabajadores, estudiantes, enfermos en tratamiento en los hospitales y, especialmente, de la seguridad en la siniestra red de carreteras que tenemos en el norte” de la provincia, han concluido.

La AP-1 de Burgos, el modelo para liberalizar la AP-7

Ábalos ha aprovechado su estancia en Castellón para ratificar su compromiso de liberalizar la autopista AP-7 a su paso por la provincia cuando revierta al Estado el 31 de diciembre de 2019. Ha adelantado que el próximo 30 de noviembre “vamos a dejar bien claro el futuro de la AP-1 en Burgos, y ese va a ser el modelo a seguir”. Burgos demostrará, ha dicho, “si es verdad o no el compromiso que adquirí, con independencia de que en el futuro nos tendremos que plantear cómo sostenemos esto, pero como todo lo demás”.

Antes de llegar a la fecha que pone fin a la concesión de la AP-7, el ministro ha anunciado que se realizará un estudio que determine las actuaciones que debe llevar a cabo la concesionaria para que el estado de conservación previo a su reversión sea el adecuado. También se desarrollarán unos análisis de la demanda de tráfico y estudios de conectividad para valorar, junto al resto de administraciones y agentes implicados, qué actuaciones son las óptimas para alcanzar dichos objetivos.



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